Los ciudadanos mexicanos acudirán a las urnas el 2 de junio de 2024 para elegir a un nuevo presidente, una nueva legislatura y otros miles representantes de cargos públicos locales.
Tres candidatos –dos de ellos mujeres– contienden para suceder al actual presidente de izquierda, Andrés Manuel López Obrador. Esta podría ser la primera vez que una mujer es elegida presidenta de México.
En México, los candidatos presidenciales pueden ser presentados por una coalición de distintos partidos políticos que comparten objetivos y agendas comunes.
La candidata que lidera las encuestas, la Dra. Claudia Sheinbaum, representa a una coalición de izquierdas, que incluye al partido gobernante de Obrador, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Xóchitl Gálvez representa a varios partidos de oposición de derecha y centro-izquierda, incluido el Partido Acción Nacional. Jorge Álvarez Máynez es el candidato del partido de centro-izquierda Movimiento Ciudadano.
México –un país con más de 126 millones de habitantes y considerado la segunda economía más grande de América Latina, después de Brasil– tuvo la 11ª mayor emisión de gases de efecto invernadero del mundo en 2018. (Más información en el perfil de México de Carbon Brief).
Dentro del G20, México es el único miembro que no ha establecido un objetivo de emisiones netas cero. El país sigue dependiendo en gran medida del petróleo, el gas y el carbón. Se enfrenta a varios retos en la descarbonización de su economía, la aplicación de su ley nacional sobre el clima y la protección de su biodiversidad mediante, por ejemplo, preservar su agencia de biodiversidad.
En el cuadro que figura a continuación, Carbon Brief compara las propuestas de los tres candidatos presidenciales en materia de energía, clima y biodiversidad, basándose en sus plataformas electorales, páginas web oficiales y otros documentos oficiales clave.
Cada entrada del cuadro representa una cita directa de uno o más de estos documentos.
¿Cuál es la situación del país?
En su compromiso actualizado ante la ONU sobre sus acciones y ambiciones climáticas –su contribución determinada a nivel nacional– México afirma que contribuye con el 1.3% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI).
El país busca reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero un 35% por debajo de la línea base para 2030, aumentando hasta el 40% con ayuda financiera internacional.
Según el documento, las emisiones en 2020, sin incluir las absorciones terrestres, se situaron en 804 millones de toneladas equivalentes de dióxido de carbono (MtCO2e), cifra que aumentaría a 991MtCO2e si no se aplicaran medidas de mitigación.
Esto significa que alcanzar el objetivo inferior supondría recortar las emisiones un 25% por debajo de los niveles de 2020 y el objetivo condicional, una reducción del 35% desde el mismo punto de partida.
Su referencia para 2030 es de 991MtCOe sin esfuerzos de mitigación para ese mismo año, alcanzando hasta un 40% de reducción de emisiones con apoyo financiero internacional.
Los combustibles fósiles representan el 86% del suministro total de energía, mientras que las renovables sólo suponen el 8%.
En 2022, la asociación de investigación y ONG Transparencia Climática concluyó que México “necesita adoptar políticas para eliminar gradualmente el uso de combustibles fósiles [por ejemplo] carbón y petróleo pesado, reduciendo al mismo tiempo la brecha de desigualdad social”.
Sandra Guzmán es directora general del Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC) y miembro de México resiliente, un grupo de organizaciones de la sociedad civil que envió a los candidatos presidenciales una propuesta de plan climático para el país.
Esta elección es particularmente importante debido a la necesidad de reducir rápidamente las emisiones globales en esta década, dice a Carbon Brief. Guzmán agrega:
“Este es el sexenio más importante para alcanzar las metas climáticas. Si alguien sin interés en el cambio climático llega al poder, estaríamos desdeñando y desechando todo compromiso que México haya hecho y difícilmente después de esto vamos a lograr ponernos en la senda de cumplimiento”.
¿Cuáles son las propuestas?
La doctora Claudia Sheinbaum es la candidata de la coalición “sigamos haciendo historia”, integrada por el partido gobernante de izquierda, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Es doctora en ingeniería energética y fue jefa de gobierno de la Ciudad de México de 2018 a 2023.
La hoja de ruta de Sheinbaum para 2024-2030 tiene como objetivo “descarbonizar la matriz energética lo más rápido posible”. Sin embargo, el documento de 381 páginas señala que su administración estaría “en línea” con la política energética de Obrador, que se basa en la autosuficiencia energética a través del fortalecimiento de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), y la rehabilitación y adquisición de refinerías. Al igual que la hoja de ruta, la plataforma electoral de la coalición no menciona ninguna referencia a las emisiones netas cero.
Además, recientemente ha dado a conocer un plan para invertir más de $13 mil millones de dólares en nuevos proyectos de generación de energía hasta 2030, según Reuters. Esto incluiría el aumento de la generación de energía eólica y solar, así como la modernización de cinco centrales hidroeléctricas.
Durante el segundo debate presidencial, emitido el domingo 28 de abril, Sheinbaum reafirmó su propuesta de impulsar las fuentes de energía renovables. Esto incluye paneles solares domésticos, así como el crecimiento del transporte eléctrico, mientras se depende del gas y de más centrales de ciclo combinado para la transición energética.
La candidata de “sigamos haciendo historia” tiene actualmente una ventaja sustancial en las encuestas, pero no está muy claro si su coalición logrará la mayoría de dos tercios en la legislatura que necesitaría para promulgar sus deseadas reformas constitucionales.
Xóchitl Gálvez es la candidata de la coalición de varios partidos de oposición de derecha y centro-izquierda, entre ellos el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática. Es ingeniera informática, empresaria, ex alcaldesa de la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México de 2015 a 2018 y ex senadora de 2018 a 2023.
La plataforma electoral de su coalición esboza un plan de descarbonización y promete recursos para impulsar planes locales y nacionales de transición energética. Una de sus propuestas energéticas más destacadas, esbozada en su página web oficial, es que el país alcance las “emisiones netas cero de carbono” en 2050.
En el debate televisivo, Gálvez reafirmó su compromiso de lograr cero emisiones netas en 2050, hacer más eficiente el modelo de negocio de Pemex y promover rondas de energías limpias y subastas eléctricas. En una nueva propuesta, sugirió que el 50% de la energía proceda de fuentes renovables para 2030.
Jorge Álvarez Máynez es el candidato del partido de centro-izquierda Movimiento Ciudadano. Fue diputado del congreso de México en los periodos 2015-2018 y 2021-2024.
La plataforma electoral del partido busca establecer una fecha límite para eliminar gradualmente el uso de combustibles fósiles. Su partido dice estar comprometido con la transición energética y reconoce que esto implicará reemplazar los ingresos de los combustibles fósiles, sugiriendo que los ingresos de la producción de litio, viento y energía hidroeléctrica compensarán el déficit. Aunque la plataforma electoral promete objetivos más ambiciosos de reducción de emisiones, no menciona el cero neto.
Durante el debate, Máynez reiteró algunas de las propuestas esbozadas en su plataforma electoral. Entre ellas, la importancia de la transición a fuentes de energía limpias, como la solar y la eólica, el cambio de un impuesto sobre el petróleo por un impuesto verde para la electromovilidad y el transporte público, y el cierre de una planta de refinería y termoeléctrica. Dijo que su administración instalaría paneles solares en todas las escuelas y hospitales, e impulsaría el desarrollo sostenible en el sur del país.
Temas ausentes
El segundo debate presidencial fue el primero en México que incluyó el cambio climático y el desarrollo sostenible como una de sus áreas temáticas. Los tres candidatos debatieron sus propuestas sobre mitigación y transición energética, mientras que la adaptación apenas se mencionó.
México se enfrenta actualmente a la escasez de agua y sequía. De octubre del año pasado a abril de este año, las 210 presas del país registraron cifras de almacenamiento por debajo de los promedios históricos, según la comisión nacional del agua de México. Añade que casi el 80% del país atraviesa actualmente algún nivel de sequía, siendo las regiones noroeste y centro las más afectadas. Todos los candidatos reconocieron ambos problemas en el debate.
Sheinbaum dijo que pondría en marcha un plan nacional del agua centrado en la tecnificación del riego agrícola, y el reciclaje y el impulso de nuevas fuentes de agua, como la desalinización del agua de mar. También mantendría el programa de agroecología Sembrando Vida, cuestionado por expertos por sus impactos en la deforestación y las comunidades, y por no contar con indicadores ambientales en Centroamérica.
Gálvez propuso crear una agencia trinacional entre México, Estados Unidos y Canadá para hacer frente a los incendios forestales. En materia de agua, dijo que su gobierno dotaría de recursos financieros a la comisión nacional del agua y trataría el 100% de las aguas residuales para 2040.
Máynez planea duplicar el presupuesto para infraestructura hídrica, incluidas presas, acueductos y reparación de fugas. Propone nuevas condiciones para las empresas que se instalen en el país, ya que actualmente la mayor parte del agua está concesionada a grandes compañías.
Guzmán dice a Carbon Brief que, en lo que se refiere a políticas climáticas, las mayores lagunas en las propuestas de los candidatos están en la adaptación y el financiamiento. Ella critica a los candidatos por no ver el cambio climático como un tema transversal y por no etiquetar fondos o reformas fiscales para abordar el asunto.
La biodiversidad, las pérdidas y daños y el Acuerdo de Escazú –un acuerdo ratificado por 16 países de América Latina y el Caribe para proteger a los defensores ambientales– también están ausentes, según Anaid Velasco, directora de país de GFLAC México y miembro de México resiliente.
Ella dice a Carbon Brief que la biodiversidad es “crucial”, ya que el Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal ordena a los países presentar sus estrategias nacionales de biodiversidad (NBSAPs, en inglés) este año. México “debería estar trabajando en ello”, afirma.
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Elección de México 2024: qué dicen las plataformas electorales sobre energía y cambio climático
Mae Buenaventura is the manager of the debt justice programme of the Asian Peoples’ Movement on Debt and Development, a regional alliance of peoples’ movements, community organizations, coalitions, NGOs and networks
A potentially historic shift in public debt governance is set to unfold in Washington DC this week as Global South governments take a collective stand to stop a “silent killer” of development financing.
The first-ever UN-hosted borrowers’ forum will officially be launched on April 15 on the sidelines of the 2026 Spring Meetings of the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank. Led by five convening countries – Zambia, Egypt, Nepal, the Maldives and Pakistan – the initiative is one of the key wins of last year’s 4th Financing for Development Conference (FFD4) in Sevilla, Spain.
The forum’s mandate is to establish a platform for borrower countries, supported by a UN secretariat, “to discuss technical issues, share information and experiences in addressing debt challenges, increase access to technical assistance and capacity-building in debt management, coordinate approaches and strengthen borrower countries’ voices in the global debt architecture”.
Instead of facing lenders alone, these countries will now use a UN-backed platform to share technical expertise and coordinate their approach to a global debt system that is fundamentally broken.
Debt grips climate-vulnerable nations
The human cost of the current debt architecture is staggering. According to the UN trade and development agency, UNCTAD, more than 40% of the global population – roughly 3.4 billion people – live in countries where the government is forced to spend more on debt payments than on the health, education and social protection of its citizens.
In so-called low-income countries, governments spend an average of 7.5% of their total budgets on debt service, with interest payments consuming up to 20% of total government revenue in these regions.
The Philippines is a case study in this financial stranglehold. It is part of a global majority forced to watch its public services crumble and infrastructure lag while its wealth is siphoned off to satisfy foreign lenders.
The policy of automatic appropriations – a legacy of the rule of late former President Ferdinand Marcos Sr. – mandates that debt servicing takes precedence over any other public expenditure, effectively placing the demands of lenders above the needs of the Filipino people. Even as it faces a $1.5 trillion regional financing gap to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs) by 2030, its hands remain tied by a legal framework that values credit ratings over human lives.
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GEF raises $3.9bn ahead of funding deadline, $1bn below previous budget
Amid aid cuts, donor governments pledge less nature and climate funding to the Global Environment Facility (GEF), with the four-year package to be finalised in late May -
Charging worries, high prices put brakes on EV growth in Bangladesh
Sales of e-bikes and rickshaws are up amid queues at fuel stations, but a lack of charging infrastructure and high prices still deter many Bangladeshis from going electric
As a “middle-income country” (MIC), the Philippines is stuck in a frustrating purgatory. It is often deemed “too wealthy” for the G20’s debt-relief framework, yet too poor to absorb global economic shocks. Last year, Finance Undersecretary Joven Balbosa hit the nail on the head when he called for support that goes “beyond the simplistic income categorization” that ignores a country’s actual vulnerabilities.
Without an inclusive and equitable global debt architecture, nations including the Philippines are left to navigate catastrophic climate risks and economic shocks with zero fiscal breathing space.
No respite during climate disasters
The regional evidence of this systemic failure is everywhere. Take Pakistan, which in 2022 was hit by catastrophic flooding that submerged a third of the country and caused billions in losses. Despite this climate-driven disaster, World Bank data shows that Pakistan made payments in 2023 of $11.8 billion for public and publicly guaranteed (PPG) external debt, while its PPG external debt reached $93 billion that same year, surpassing pre-pandemic debt of $87 billion (2020).
Sri Lanka followed IMF prescriptions throughout 16 lending programs since 1991, only to become the first Asian country this century to default. Its MIC status prevents application for debt relief and restructuring measures. Today, the Sri Lankan people bear the brunt of harsh conditionalities, including raising VAT from 8% to 15%, slashing food and fuel subsidies, and the erosion of hard-earned worker pensions.
Currently, the global rules of lending and borrowing are set by a “creditors’ club” composed of the IMF, the World Bank and the Global Sovereign Debt Roundtable it set up, and the Paris Club.
These institutions measure “debt sustainability” through a narrow lens of a country’s capacity to make timely repayments. They largely ignore internal economic inequalities, gender disparities and the existential threat of climate change.
Crises should trigger debt service cancellation
By organising the new borrowers’ forum, the Global South is signalling that the era of passive “standard-setting” by lenders is over.
The ultimate goal for global civil society and debt justice movements is the establishment of a UN Debt Convention; a democratic, binding and inclusive framework that governs both lenders and borrowers. This mechanism would ensure that debt restructuring and cancellation are sufficient to allow countries to fulfill their international human rights obligations and implement necessary climate actions.
Green Climate Fund picks locations for five developing country hubs
To be truly transformative, debt sustainability analyses must align with human rights and sustainable development needs. This means conducting impact assessments – both before and after loans are issued – to identify “illegitimate” debts that do not benefit the public.
Crucially, we need an automatic debt service cancellation mechanism that triggers during extreme climatic, environmental or health shocks. We also need a binding global debt registry to ensure that every loan is transparent and subject to public scrutiny.
Whether the borrowers’ forum becomes a true milestone depends on its courage to challenge the status quo. We can no longer allow debt to act as a “silent killer” of our future. It is time to demand a financial system that serves humanity, not just the balance sheets of the powerful.
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Broken debt system must be fixed to confront future climate shocks
Greenpeace and allies will be protesting outside Woodside’s Annual General Meeting to show the WA and federal governments strong community opposition to Woodside’s proposal to drill for gas at Scott Reef.
What: Protest outside Woodside Energy’s Annual General Meeting
When: 8am Thursday 23rd April 2026Where: Kagoshima Park (on the corner of Great Eastern Highway and Bolton Avenue)
What’s at stake
Scott Reef is a pristine ocean ecosystem off the north-west coast of Australia.
It is home to endangered and endemic species, including pygmy blue whales and the dusky sea snake, and a nesting ground for green sea turtles. Scott Reef is a place of extraordinary natural beauty, and a vital marine environment that supports a wide range of marine life.
What Woodside is proposing
Dirty fossil fuel corporation, Woodside Energy, is seeking approval to drill more than 50 gas wells underneath and around Scott Reef as part of its Browse project.
The gas would be extracted and transported to the Burrup Hub, the most polluting fossil fuel project in Australia. This proposal would industrialise the doorstep of Australia’s largest freestanding oceanic reef system – threatening the marine life that relies on it and the climate.
Why this can’t go ahead
The WA Environmental Protection Authority has already identified the risks of this project as “unacceptable”, issuing a preliminary rejection.
Serious concerns include:
- The risk of an oil spill
- Impacts on pygmy blue whales
- Damage to green sea turtle nesting grounds
These risks are severe, and potentially irreversible. But the decision hasn’t been made yet. The project is still being assessed.
The Federal Environment Minister is approaching a decision that will determine whether Scott Reef is protected – or vulnerable to decades of industrial gas destruction.
This is a defining moment.
Make opposition visible
Across Australia, people are speaking out to protect Scott Reef and oppose Woodside’s Browse project.
Showing that opposition is visible, coordinated and growing helps increase pressure on decision-makers ahead of this critical decision.
Join the protest
A protest outside Woodside’s AGM is a key public moment to demonstrate opposition and help protect Scott Reef.
Kagoshima Park (on the corner of Great Eastern Highway and Bolton Avenue)
8am, Thursday 23rd April 2026
Join the protest and help show how many people support protecting Scott Reef before the government makes its decision.
Join Greenpeace to save Scott Reef from Woodside’s dirty gas
As demand for whale meat declines at home, Norway exports it to Japan, markets it to tourists and sells it online as dog food.
Norway reopened its annual whale hunting season earlier this month, continuing a practice most countries abandoned decades ago.
Norway Reopens Annual Whale Hunt Despite Pressure to End Commercial Whaling
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