La cumbre sobre biodiversidad COP16 se detuvo abruptamente después de que los países no alcanzaran un consenso sobre la creación de un nuevo fondo durante una gigantesca sesión plenaria final de 10 horas.
Los países debatieron durante toda la noche del viernes en Cali, Colombia, en un intento de sacar adelante los numerosos puntos de la agenda de la COP16.
Pero, a medida que las conversaciones se prolongaban hasta el sábado por la mañana, un gran número de delegados de países en desarrollo se vieron obligados a tomar vuelos de regreso a casa, dejando a las partes sin el “quórum” necesario para alcanzar un consenso sobre asuntos clave.
Los países lograron llegar a un consenso sobre un nuevo mecanismo de reparto de beneficios para los recursos genéticos – conocido como “fondo de Cali” – tras largas discusiones y cambios de última hora en el texto propuestos por India para proteger los derechos soberanos.
Las naciones también acordaron un nuevo órgano permanente para los pueblos indígenas, que les permitirá por primera vez asesorar y ofrecer directamente su punto de vista en las COPs sobre biodiversidad.
Sin embargo, la difícil tarea de crear un nuevo fondo en el marco de la COP – y el último punto de la agenda referente a un nuevo marco para supervisar los avances de los países para detener la pérdida de biodiversidad – deberán volver a tratarse en las reuniones intersesionales el año que viene.
Las conversaciones se vieron ensombrecidas por la falta de avances en la aplicación del Marco Mundial para la Biodiversidad de Kunming-Montreal, el histórico “Acuerdo de París para la naturaleza” alcanzado en la COP15 de Montreal en 2022.
Una investigación conjunta de Carbon Brief y The Guardian reveló justo antes de la apertura de la cumbre que la gran mayoría de los países incumplieron el plazo para presentar nuevos planes sobre cómo cumplirán los objetivos del marco antes de la COP16.
Al final de la cumbre, sólo 44 de 196 partes – el 22% – habían presentado nuevos planes de biodiversidad.
Algunas naciones megadiversas y grandes economías afirmaron que no tuvieron el tiempo necesario para poner en marcha planes, mientras que los países en desarrollo afirmaron que no recibieron el financiamiento requerido para elaborar nuevos compromisos.
A continuación, Carbon Brief ofrece un resumen y análisis en profundidad de algunos resultados clave de la COP16, traducidos al español de nuestro texto original en inglés. (Para ver nuestro resumen y análisis completo, consulta nuestra versión en inglés.)
- Negociaciones formales
- Compromisos nacionales sobre biodiversidad (NBSAPs) y revisión global de NBSAPs
- Revisión global
- Financiamiento
- Nuevo fondo y mechanismo financiero
- Lucha por los 20,000 millones de dólares
- Financiamiento privado e innovador
- Información sobre secuencias digitales
- Marco de supervisión
- Artículo 8(j)
Negociaciones formales
Compromisos nacionales sobre biodiversidad (NBSAPs) y revisión global de NBSAPs
La COP16 fue la primera cumbre sobre biodiversidad desde que las naciones firmaron a finales de 2022 un acuerdo histórico llamado Marco Mundial para la Biodiversidad Kunming-Montreal (GBF, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es detener e revertir la pérdida de biodiversidad para 2030. A menudo se describe como el “Acuerdo de París para la naturaleza”.
Como parte del GBF y sus documentos subyacentes, los países acordaron presentar nuevas promesas nacionales sobre biodiversidad, conocidas como estrategias y planes de acción nacionales sobre biodiversidad (NBSAPs en inglés) “antes” de la COP16, que comenzó el 21 de octubre.
Las nuevas NBSAPs debían esbozar cómo los países implementarán los objetivos y metas del GBF dentro de sus fronteras.
Por ello, la publicación de nuevas NBSAPs fue considerada por muchos como una prueba clave para ver si los países están tomando medidas para garantizar la reversión de la pérdida de biodiversidad de aquí a 2030.
Durante el último año, Carbon Brief ha seguido de cerca la publicación de nuevos NBSAPs. Un puñado de países europeos, entre ellos España, Irlanda y Francia, fueron los primeros en publicar sus nuevas NBSAPs en 2023 y principios de 2024.
En los meses previos a la COP16, los avances fueron lentos. En septiembre, apenas un mes antes de la COP16, sólo 19 de las 196 partes habían publicado nuevas NBSAPs.
Justo antes de la cumbre de octubre, Carbon Brief publicó una investigación junto con The Guardian en la que se concluía que el 85% de los países – 170 de 196 partes – no cumplirían el plazo para presentar nuevas NBSAPs antes de la COP16.
Entre ellos, 12 de los 17 “países megadiversos“, que en conjunto albergan el 70% de la biodiversidad mundial. (Estados Unidos es un país megadiverso, pero no forma parte del CDB).
Carbon Brief y The Guardian hablaron con varias economías importantes y naciones megadiversas sobre los motivos por los que no pudieron cumplir el plazo.
Países megadiversos como Brasil y Colombia afirmaron que el plazo dado para elaborar las nuevas NBSAPs no fue suficiente para consultar adecuadamente a todas las partes interesadas y a los grupos indígenas; India aludió a las dificultades para trasladar los objetivos a un contexto local; y el Reino Unido culpó a los múltiples cambios de poder, tanto en Escocia como a nivel nacional.
Por otra parte, muchos países en desarrollo afirmaron que la falta de financiación oportuna del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), uno de los principales fondos multilaterales para el medio ambiente, les había impedido elaborar nuevas NBSAPs.
Varias partes publicaron nuevas NBSAPs durante la cumbre, justo después de la fecha límite. Entre ellas, el país anfitrión de la COP16, Colombia, así como Alemania, Irán, Venezuela, Perú, India, Tailandia, Tanzania, Vietnam, Argentina y Países Bajos.
Al término de la cumbre, el 2 de noviembre, 44 de las 196 partes habían elaborado nuevas NBSAPs.
Según el GBF y sus documentos subyacentes, a los países que “no estaban en condiciones” de cumplir el plazo para enviar sus NBSAPs antes de la COP16 se les pidió que, en su lugar, presentaran objetivos nacionales.
Estas propuestas se limitan a enumerar los objetivos de biodiversidad a los que aspiran los países, sin un plan de acompañamiento sobre cómo alcanzarlos.
Al final de la cumbre, unas 119 partes habían elaborado objetivos nacionales.
Esto incluía a muchos países en desarrollo. Bernadette Fischler Hooper, directora de defensa global de WWF, declaró a Carbon Brief que esto demostraba la voluntad de los países en desarrollo de aplicar los objetivos del GBF, a pesar de no disponer de los fondos necesarios para elaborar las NBSAPs.
Una de las principales tareas de los negociadores en Cali fue decidir cómo avanzar después de que la mayoría de los países no presentaran nuevas NBSAPs antes de la cumbre.
Al final de la cumbre se adoptó un nuevo texto de decisión sobre las NBSAPs.
El texto “insta” a los países que aún no lo hayan hecho a que publiquen nuevas NBSAPs “lo antes posible”. (En términos lingüísticos de la ONU, “insta” es más fuerte que “invita” o “alienta”, pero no tanto como “solicita” o “instruye”).
Carbon Brief entiende que, durante las negociaciones del texto, el Reino Unido planteó la idea de fijar un plazo “lo antes posible y a más tardar en octubre de 2025”.
(Octubre de 2025 es la fecha de la próxima reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (SBSTTA, por sus siglas en inglés).
Sin embargo, “la sala no parecía entusiasmada” con la propuesta del Reino Unido, según una persona con información privilegiada, ya que muchas partes opinaban que “tan pronto como sea posible” debía interpretarse como algo inmediato.
Fischler Hooper declaró a Carbon Brief que esperaba que el lenguaje dijera “lo antes posible, pero no más tarde de finales de 2025”, y añadió:
“En general, tener un plazo claro es bueno para que los países rindan cuentas. “Tan pronto como sea posible” se entiende comúnmente como “realmente muy pronto” y sólo podemos esperar que las partes también lo vean así”.
En reconocimiento de las dificultades de los países en desarrollo para elaborar nuevas NBSAPs, el texto también “solicita” al FMAM que “proporcione apoyo oportuno a todas las partes elegibles, en consonancia con las circunstancias y necesidades nacionales, previa solicitud, para permitirles” publicar nuevas NBSAPs.
Revisión global
El GBF y sus documentos subyacentes también establecen un plan sobre cómo deben revisarse y supervisarse los planes de biodiversidad de los países.
Según estos documentos, las partes deben presentar reportes nacionales con los indicadores principales acordados en 2026 y 2029. (Véase: Marco de seguimiento).
En la COP16 y en las “siguientes COPs”, se debería llevar a cabo un análisis global de las “NBSAPs, incluyendo los objetivos nacionales” para evaluar el progreso hacia la consecución del GBF.
Después deberá realizarse una “revisión global”, dice la sección J del GBF. Se trata de un elemento que, según los observadores, podría ser clave para la implementación. El documento subyacente dice que esta revisión global debería realizarse en la COP17 en 2026 y en la COP19 en 2028.
Tras las revisiones globales, habrá “revisiones voluntarias entre pares”, según el GBF, tras las cuales los países “podrán tener en cuenta el resultado de las revisiones globales en futuras revisiones e implementación de sus” NBSAPs y objetivos nacionales.
En Cali, los negociadores se encargaron de perfilar los detalles de cómo debería funcionar este proceso de revisión.
Hacia el final de la cumbre, elaboraron un nuevo texto en el que se deciden los detalles para la revisión global en la COP17 y la COP19.
El texto “decide” que la revisión global “culminará en una decisión o decisiones de las COPs, incluyendo cualquier recomendación, según sea necesario, para identificar y abordar los desafíos en el avance colectivo de la implementación, incluyendo los medios de implementación”.
Especifica que la revisión global “debe centrarse en evaluar el progreso colectivo y que la revisión se llevará a cabo de manera facilitadora, no intrusiva y no punitiva”. Añade que la revisión debe ser un “proceso impulsado por las partes”.
El texto también dice que la revisión global debe basarse en los informes nacionales, el asesoramiento de los órganos subsidiarios y un “informe global” sobre el “progreso colectivo” de los países en el cumplimiento de los objetivos de biodiversidad.
Este informe global “se basará en los datos y la información facilitados por las partes y en la mejor información científica, técnica y tecnológica disponible revisada por expertos, así como en los conocimientos tradicionales a los que se haya tenido acceso con el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y las comunidades locales”.
El texto no establece claramente cómo los países tendrán que responder a la revisión global, más allá de “recordar” la decisión del GBF de que los países “podrán” revisar sus EPANB en respuesta.
Un observador que siguió de cerca las negociaciones describió la omisión de cualquier tipo de seguimiento de la revisión global como una “preocupación principal”, según declaró a Carbon Brief:
“Las partes deben ser mucho más claras sobre lo que harán en respuesta a los resultados de la revisión global”.
El observador añadió que el texto final “reducía significativamente el número de aportaciones a la revisión global”, dejando poco margen a la sociedad civil para expresar sus preocupaciones.
Además, el texto de la revisión global carece de cualquier mención a “supervisión política de alto nivel”, que podría haber ayudado a involucrar a los países en la aplicación, añadió el observador.
Estaba previsto que el texto de revisión global se adoptara al final de la última sesión plenaria de la COP16. Sin embargo, tras 10 horas de negociaciones, un gran número de delegados de países en desarrollo se vieron obligados a tomar vuelos de vuelta a casa, dejando a las partes sin el “quórum” necesario para continuar. El texto tendrá que volver a examinarse en las reuniones intersesionales el año que viene.
Financiamiento
El financiamiento fue la “lucha” principal de la COP16, con profundas divisiones entre países desarrollados y en desarrollo.
Poco antes de las 8:30 de la mañana del sábado, los países llegaron a un punto muerto en la creación de un nuevo fondo mundial para la biodiversidad bajo la gobernanza de la COP, que había sido una demanda clave de los países en desarrollo.
Como una revisión solicitada reveló que la COP ya no alcanzaba el quórum, los debates sobre los contornos y la gobernanza de este fondo se reanudarán en una nueva sesión de la COP16, que probablemente se producirá paralelamente a las conversaciones intersesionales del próximo año.
Aunque el fracaso a la hora de establecer un nuevo fondo general decepcionó a los países en desarrollo, la presidencia colombiana intentó en el último minuto que se estableciera el fondo. El proyecto de decisión publicado a las 3:30 de la madrugada también incluía una de las prioridades clave de la presidencia para la conferencia – el reconocimiento de las elevadas cargas de la deuda existente. Todo ello a pesar de la oposición de los países deudores, como China.
El texto final del proyecto de decisión sobre movilización de recursos “toma nota” de los esfuerzos para acelerar la reforma del sector financiero internacional y pide que se revise cómo está afectando la crisis mundial de la deuda a la acción en favor de la biodiversidad.
Reaccionando al texto final, Oscar Soria de la Iniciativa Común, dijo:
“Movilizar financiamiento suficiente para alcanzar los objetivos de biodiversidad ha sido un problema importante durante 30 años. Hemos visto un liderazgo insuficiente por parte de los países más ricos: la UE y Francia en particular, Canadá, Suiza, Japón, Reino Unido, pero también China.
La presidencia colombiana estaba presionando para que se incluyeran temas importantes en las conversaciones, como la deuda soberana, y presentó una lista bastante exhaustiva de formas de explorar el financiamiento para la biodiversidad. [Pero] el estado de desconfianza entre los países en desarrollo y los desarrollados, y las decisiones tomadas por la ministra Muhamad sobre cómo organizó el proceso, hicieron que las negociaciones fueran muy desafiantes en las últimas horas”.
Lim Li Ching, de la Red del Tercer Mundo, declaró a Carbon Brief:
“El Norte [global] mantiene el statu quo. El [sur global] consigue un proceso.
“La negativa de las naciones ricas a considerar un fondo específico para ayudar a financiar la acción sobre biodiversidad en las naciones más pobres ha aumentado la desconfianza y retrasado los avances en su aplicación. La movilización de recursos tendrá que estar en la cima de la agenda cuando se reanude la COP16”.
Las conversaciones de Cali fueron una prueba de fuego para comprobar si los países habían cumplido sus compromisos de financiar los ambiciosos objetivos del GBF: movilizar “al menos $200,000 millones de dólares anuales” para la conservación de la biodiversidad a 2030 procedentes de “todas las fuentes”: nacionales, internacionales, públicas y privadas.
De ellos, se espera que los países desarrollados – junto con otros que “asuman voluntariamente” sus obligaciones – “aumenten sustancial y progresivamente” sus flujos de financiamiento internacional para la naturaleza “hasta al menos $20,000 millones de dólares por año para 2025, y hasta al menos $30,000 millones en 2030”, señala el texto del GBF.
Hace dos años, la presidencia china aprobó rápidamente un paquete financiero como parte del acuerdo de la COP15, a pesar de las protestas de los países en desarrollo. (Véase el resumen exhaustivo de Carbon Brief sobre los principales resultados de la COP15).
Este final aún estaba fresco en las mentes de los países desde el primer día de la cumbre, cuando las conversaciones en torno a la movilización de recursos y la financiación se agruparon, junto con otras cuestiones delicadas, en un grupo de trabajo.
Nuevo fondo y mechanismo financiero
En la fase previa a la COP15, los países en desarrollo, entre ellos Sudáfrica, apoyaron el llamado de Brasil en favor de un nuevo fondo para la naturaleza regido por la COP. En Montreal, los países aceptaron un fondo provisional – el Fondo del Marco Mundial para la Biodiversidad (GBFF, por sus siglas en inglés) – auspiciado por el Fondo Mundial para el Ambiente (FMAM).
Hasta septiembre de este año, siete países desarrollados habían aportado un total de menos de $250 millones de dólares al GBFF. El texto de la decisión de la COP16 sobre el mecanismo financiero, que no fue aprobado, señala que “varias [p]artes elegibles aún no han accedido al apoyo del FMAM, en particular para la revisión y actualización de las estrategias nacionales de biodiversidad”.
El primer día de la COP16, Zimbabue, en nombre de África, y Brasil, en representación de los países megadiversos, reavivaron la lucha por un nuevo fondo independiente del FMAM. En su intervención, Zimbabue calificó de “aparentemente ilusoria” la expectativa de que los países desarrollados cumplieran el objetivo de los $20,000 millones de dólares, pero afirmó que aún podría alcanzarse “dependiendo de lo que decidamos en esta COP16”.
Dos días después, los copresidentes publicaron un documento oficioso de 98 páginas en el que se recogía lo que los países querían para la financiación de la biodiversidad en los próximos cinco años hasta 2030. Los documentos oficiosos son documentos informales que reúnen opiniones divergentes mientras las partes intentan alcanzar un consenso jurídico. Los documentos oficiosos no suelen atribuir explícitamente las posturas de los países, pero en éste se incluía el nombre de cada país junto a su lista de deseos para una nueva estrategia de recursos.
En sus aportaciones al documento oficioso y en otros documentos, los países desarrollados, como Australia, Japón, la UE y otros, se opusieron a un fondo totalmente nuevo. Muchos sugirieron que se omitieran las referencias a los artículos 20 y 21 del CDB, que tratan de la equidad. También se resistieron a incluir una actualización de sus compromisos con el GBFF.
El “Día de financiamienton” de la COP16, celebrado el 28 de octubre, fue testigo de intentos e iniciativas para desbloquear la situación de los recursos. Siete países, entre ellos Nueva Zelanda, Francia y Austria, así como Quebec – el primer gobierno subnacional en hacerlo – prometieron $163 millones de dólares en total al GBFF, lo que eleva el fondo a $396 millones de dólares.
Los países, observadores y la sociedad civil reaccionaron bruscamente al anuncio.
“Estamos hablando de millones que se han comprometido… Pero lo que esperamos son miles de millones”, declaró a Reuters Irène Wabiwa Betoko, de Greenpeace.
Brian O’Donnell, de Campaign for Nature, declaró a Carbon Brief que “al menos estos $163 millones de dólares son subvenciones y no préstamos”.
A medida que la COP16 se acercaba a su fin, el futuro del nuevo fondo parecía cada vez más incierto. Tras ocho sesiones del grupo de contacto sobre movilización de recursos y el mecanismo financiero (copresidido por Ines Verleye, de Bélgica, y Patrick Luna, de Brasil), las negociaciones pasaron directamente a reuniones a puerta cerrada con ministros y jefes de delegación.
El viernes 1 de noviembre, último día previsto de la COP16, la presidencia colombiana hizo público un proyecto de texto de decisión que proponía aplazar los debates sobre un nuevo instrumento de financiación hasta discusiones intersesionales después de la COP16, sin dar muchos más detalles.
A las 3:30 de la madrugada del sábado, ya bien entrado el tiempo extra, la presidenta de la COP16, Susana Muhamad, alertó a los cansados delegados sobre un nuevo proyecto de texto de decisión relativo a la movilización de recursos. En un giro inesperado, el documento contenía una propuesta para establecer un nuevo fondo mundial para la biodiversidad bajo la gobernanza de la COP para la COP30.
Sin embargo, la aprobación del texto se vio impedida por la falta de quórum de la COP.
Lucha por los 20,000 millones de dólares
Una de las principales tensiones de la COP16 fue el compromiso del GBF de que los países desarrollados movilizaran colectivamente “al menos” 20.000 millones de dólares al año de aquí a 2025 para cubrir progresivamente el déficit de financiación de la biodiversidad de
$700,000 millones de dólares de aquí a 2030.
En Cali, a dos meses de 2025, no estaba claro si los países desarrollados acabarían cumpliendo este objetivo, ya que casi todos ellos estaban muy lejos de alcanzar su “parte justa”. (Véase: Artículo en profundidad de Carbon Brief sobre financiamiento de la biodiversidad y acciones justas).
Según los datos más recientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, los países desarrollados, incluido EE.UU., aportaron $12,100 millones de dólares a la financiación de la biodiversidad en 2022. Además, sólo $3,800 millones de ese financiamiento se destinaron específicamente a la biodiversidad.
El miércoles 30 de octubre, los ministros de 20 países en desarrollo hicieron pública una declaración en la que instaban a los gobiernos del Norte a cumplir y superar el objetivo de los $20,000 millones de dólares y a crear un grupo de trabajo de ministros de finanzas y medio ambiente para conseguirlo a tiempo.
La Alianza Ministerial para la Ambición de la Financiación de la Naturaleza estuvo formada por Burkina Faso, Camboya, Camerún, Dominica, Etiopía, Gambia, Granada, Guinea, Costa de Marfil, Liberia, Madagascar, Nigeria, San Cristóbal y Nieves, Samoa, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Togo, Vanuatu y Zambia.
Financiamiento privado e innovador
Los intentos de desbloquear el financiamiento comenzaron desde el principio de la COP16, principalmente a través de iniciativas financieras privadas e “innovadoras”: desde créditos a la biodiversidad hasta taxonomías y bonos verdes y fondos híbridos especiales.
Los créditos a la biodiversidad fueron uno de los mecanismos que recibieron un mayor impulso por parte de la sociedad civil en la COP16. (Véase el artículo de Carbon Brief sobre las compensaciones por biodiversidad).
A los observadores del CDB desde hace tiempo les sorprendió su resurgimiento en los dos últimos años. Neth Daño, director para Asia del colectivo de investigación ETC Group, dijo a Carbon Brief:
“En 2010 mataron la idea de los créditos a la biodiversidad. Nadie pensó que volverían como un zombi”.
El 28 de octubre, el Grupo Asesor Internacional sobre Créditos de Biodiversidad lanzó su marco de principios de “alta integridad” para los mercados de biodiversidad, apoyado por Francia y el Reino Unido. Los principios fueron calificados de “extremadamente problemáticos” por el Observatorio de Finanzas Verdes, un thinktank sobre finanzas sostenibles.
Por su parte, el Fondo de Financiación de los Bosques Tropicales, liderado por Brasil, recibió el respaldo de Colombia y EAU, así como de Malasia, Indonesia, RDC y Ghana. El fondo pretende recaudar $125,000 millones de dólares para las seis naciones con selvas tropicales – apodadas la “Opec de las selvas tropicales – mediante la reinversión de préstamos a largo plazo de seis países desarrollados: Noruega, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania y Suecia.
Aunque la movilización de recursos de “todas las fuentes” fue el único punto de consenso entre las partes en las negociaciones financieras, el énfasis en el financiamiento privado e “innovador” fue criticado por los países en desarrollo.
En una rueda de prensa el 30 de octubre, la ministra de Medio Ambiente de la RDC, Ève Bazaiba, condenó a los países desarrollados por no cumplir sus compromisos. También defendió el Lion’s Share Fund, que espera recaudar fondos de empresas y marcas que utilicen la biodiversidad en sus logotipos y publicidad.
Información sobre secuencias digitales
De todas las vías de negociación, la información digital de secuencias (DSI) fue una de las más esperadas en la COP16.
DSI es un término utilizado en las conversaciones internacionales para referirse a la información genética de plantas y animales.
Esta información genética suele obtenerse de plantas y animales de países en vías de desarrollo ricos en biodiversidad por empresas con sede principalmente en el norte global, quienes la utilizan para fabricar productos como medicamentos, cosméticos y alimentos.
Por ello, los países en desarrollo llevan mucho tiempo reclamando la creación de un mecanismo internacional que garantice que los beneficios de la DSI se reparten equitativamente entre los habitantes de los lugares donde se descubrieron los recursos, incluidos los grupos indígenas.
Aunque en la COP15 de Montreal ya se habían establecido un fondo y un mecanismo para compartir los beneficios de la DSI, aún quedaban muchas lagunas importantes sobre cómo funcionarían ambos antes de que pudiera ponerse en marcha formalmente.
Este trabajo se delegó en un “grupo de trabajo ad hoc de composición abierta” sobre DSI, que se reunió dos veces para resolver las cuestiones pendientes.
A principios de este mes, los negociadores se reunieron en Montreal durante “cinco días de intensas negociaciones” para reducir las opciones para el mecanismo y el fondo, así como la forma en que los fondos “fluirían” a través de ellos.
Entre otras cosas, se debatió quién pagaría por utilizar la DSI, cuánto se pagaría, qué “desencadenaría” esos pagos, cómo se desembolsaría ese dinero y a quién. También se habló de cómo se gestionaría y gobernaría todo el mecanismo.
Los debates sobre la DSI se llevaron a cabo en el marco de un grupo de contacto específico que se reunió ocho veces para resolver los 311 corchetes (que denotan cuestiones sin resolver) que aún quedaban en el texto al inicio de la cumbre.
En la COP16, los países acordaron el primer fondo mundial al que “deberían contribuir” las empresas que utilizan datos genéticos, junto con un mecanismo multilateral único para respaldarlo.
Los conglomerados farmacéuticos, cosméticos, agroalimentarios, nutracéuticos y tecnológicos que se benefician de los datos genéticos “deberían” aportar el 1% de sus beneficios, o el 0,1% de sus ingresos, al histórico “fondo de Cali”, según el acuerdo.
Sin embargo, los expertos en DSI dijeron a Carbon Brief que el uso de la palabra “deberían” implica que la contribución al fondo sigue siendo voluntaria y que los porcentajes de pago son “indicativos”, no vinculantes. En el periodo previo a la COP16, bloques que incluían a países africanos y latinoamericanos buscaron un mecanismo jurídicamente vinculante sobre DSI.
Además, las empresas podrían evitar pagar, puesto que ya no están obligadas a demostrar que no utilizaron datos genéticos. En el penúltimo borrador del documento se eliminó una cláusula clave que pedía a las empresas “demostrar” que no utilizaban DSI.
En cambio, el texto final deja la decisión en manos de las empresas.
La agroindustria – o “cría de animales y plantas” – como reza en el texto estuvo a punto de escapar al escrutinio, ya que se eliminó una referencia a la agroindustria de la “lista indicativa de sectores” que pueden beneficiarse del uso de la DSI. Aunque había sido incluida en el borrador del Presidente publicado el viernes por la mañana, había desaparecido del proyecto de texto publicado esa misma noche.
Esto suscitó la preocupación de los observadores de que otras industrias pudieran estar presionando de forma similar para su exclusión de la lista. (Carbon Brief tiene entendido que Suiza planteó la posibilidad de eliminar los productos farmacéuticos de la lista al margen de las negociaciones).
La cría de animales y plantas volvió a incluirse en el texto que, finalmente, se aprobó en el Pleno.
Nithin Ramakrishnan, experto en DSI de la Red del Tercer Mundo, declaró a Carbon Brief:
“La decisión está dando a los biopiratas la oportunidad de hacer una donación única al Fondo de Cali y salirse con la suya”.
A pesar de que países como Zimbabue – con la oposición de Japón y Canadá – insistieron en que las instituciones académicas y de investigación debían contribuir al fondo, esto ya no fue así. En su lugar, sólo se espera que estas instituciones expliciten en sus bases de datos los países de origen de los datos, para dar pistas a los usuarios de estas bases sobre a quién deben ir los beneficios. Preservar el acceso abierto era una prioridad clave para la UE, Canadá, Japón, Suiza, Noruega y Australia.
El texto final establece que al menos la mitad de todos los beneficios que se destinen al fondo deben utilizarse para satisfacer las necesidades “autoidentificadas” de las comunidades indígenas de los países en desarrollo, en particular las mujeres y los jóvenes, aunque admite que esto podría verse limitado por las “circunstancias nacionales”.
Los países también recibirán “asignaciones directas” de financiamiento, un tema que fue muy discutido.
El mecanismo mundial debía sustituir a las leyes nacionales sobre DSI, acceso y reparto de beneficios, como las elaboradas por Brasil. Sin embargo, muchos países, entre ellos Bangladesh, Bolivia, India, Egipto y Argentina, consideraron esta cláusula un “golpe a la soberanía” y un “lavado de cara a las leyes nacionales sobre acceso y reparto de beneficios”.
A las 3.30 de la madrugada, cuando la Presidencia colombiana publicó un nuevo proyecto de texto de decisión sobre la DSI, India se opuso enérgicamente, pidiendo que se incluyera en el anexo una cláusula sobre la garantía de las leyes nacionales de acceso y reparto de beneficios.
Panamá planteó objeciones sobre el escaso tiempo para revisar el borrador. En la sesión plenaria, dijo:
“Hemos dedicado meses a la versión anterior y también nos hemos asegurado de invertir recursos antes de venir a la COP a discutir esto. Como otras delegaciones pequeñas, Panamá tiene muchas limitaciones reales en cuanto a su capacidad para revisar y decidir sobre un mecanismo de este alcance antes de que finalice esta COP. Consideramos que esta acción no refleja una consideración adecuada con respecto a las delegaciones más pequeñas. Y, por lo tanto, queremos manifestar que en muchas ocasiones estuvimos en disposición de apoyar al presidente en este asunto, y fuimos excluidos.”
Ramakrishnan declaró a Carbon Brief:
“Los países en desarrollo no cedieron soberanía tras dos años de presiones de los países desarrollados y los grupos de presión de la industria y los científicos [que decían] que se trata de un fondo voluntario, por lo que [las leyes nacionales] no se aplican”.
La decisión final no sustituye explícitamente a la legislación nacional.
Una de las principales características de la decisión sobre la DSI es el reparto de ingresos o beneficios por parte de las grandes empresas beneficiarias de la DSI, que apareció en un documento oficioso el miércoles por la mañana.
Esta iniciativa se desarrolló a partir de una propuesta del Colectivo para la Biodiversidad Oceánica, que trabaja para proporcionar conocimientos interdisciplinarios a los países en las negociaciones de la DSI. El investigador líder del colectivo, el Dr. Siva Thambisetty, declaró a Carbon Brief:
“Aportar experiencia en negociaciones tensas es una oportunidad y un reto. [Nuestro] modelo, que se convirtió en la propuesta de Noruega, tenía varios elementos para construir un nuevo sistema de pagos. Uno de los valores clave que deben incorporarse al mecanismo es que los contribuyentes ‘paguen primero a la naturaleza’. En segundo lugar, “todos pagan” hace honor al principio de que la biodiversidad no es un bien gratuito y garantiza una amplia base para los pagos.
“Algunos de esos elementos se perdieron en el tira y afloja de las discusiones. Nunca ninguna parte consigue todo lo que quiere, por supuesto, pero es importante que la base fundamental no se estropee de cara al futuro. Tendremos que evaluar plenamente las implicaciones en los próximos días”.
El fondo mundial de DSI creado por la decisión estará ahora “bajo la autoridad y responsabilidad de la COP”.
Marco de supervisión
El marco de seguimiento – una parte de las negociaciones que abarca los mecanismos de planificación, seguimiento, reporte y revisión – se considera fundamental para el éxito del GBF.
Esto se debe, en parte, a que el fracaso del anterior conjunto de objetivos de biodiversidad, las metas de Aichi, ha sido ampliamente atribuido a la falta de implementación.
El marco de seguimiento se compone de un conjunto de indicadores correspondientes a cada objetivo y meta del GBF. Hay cuatro tipos de indicadores:
- Indicadores de cabecera.
- Indicadores binarios.
- Indicadores de componentes.
- Indicadores complementarios.
Los indicadores de cabecera se utilizan para medir los avances respecto a objetivos cuantitativos, como el compromiso de proteger el 30% de la tierra y los océanos del mundo para 2030.
Para objetivos más cualitativos, como el de integrar las consideraciones de género en la planificación de la biodiversidad, se desarrolló un conjunto de indicadores binarios: preguntas de sí/no que los países responden sobre la presencia o ausencia de legislación, políticas o de reglamentos relacionados con el objetivo.
Los indicadores de los componentes miden los avances hacia los subobjetivos del GBF, mientras que los indicadores complementarios evalúan áreas relacionadas, pero no necesariamente establecidas de forma explícita en el marco.
Los países están obligados a informar sobre los indicadores de cabecera y binarios, pero los indicadores de componentes y complementarios son opcionales. Como resultado, a lo largo de las negociaciones, los países fueron de un lado a otro sobre qué indicadores debían incluirse en cada categoría.
Lim Li Lin, asesor jurídico y medioambiental de la Red del Tercer Mundo, dijo a Carbon Brief:
“Todo el mundo hace malabarismos, ¿no? Queremos que los buenos vayan a la obligatoria, y queremos que los malos vayan a la complementaria, si no podemos deshacernos de ellos. Y todo el mundo está haciendo lo mismo desde su propio interés y perspectiva”.
En la COP15 de Montreal, los países acordaron un marco de seguimiento, pero ese texto también incluía la decisión de revisar el marco de seguimiento en la siguiente COP y “a partir de entonces mantener el marco de seguimiento bajo revisión, según proceda”.
El acuerdo de Montreal también incluía la creación de un grupo ad hoc de expertos técnicos, compuesto por 45 miembros: 30 representantes de las partes y 15 observadores, entre ellos representantes de la Red Mundial de Jóvenes por la Biodiversidad y del Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad.
El grupo ad hoc se reunió seis veces a lo largo de los dos años que duró el periodo intersticial. Un foro en línea también permitió a otras personas y grupos comentar y debatir los indicadores propuestos. Los resultados de esas reuniones y debates se incorporaron a las discusiones de Cali.
Sin embargo, las recomendaciones del grupo ad hoc no fueron aceptadas uniformemente por las partes.
Kirsty Leong, especialista sénior en política global y defensa de WWF, contó a Carbon Brief:
“Desde el punto de vista del procedimiento, algunas partes dicen: ‘Dimos un mandato a este grupo de expertos. Así que ahora deberíamos adoptar ese marco’… Y otras partes dicen: ‘Bueno, en realidad, nunca negociamos, así que todo es aún discutible”.
Algunos indicadores resultaron especialmente polémicos durante las negociaciones, como los relativos al control del uso de pesticidas y los relacionados con la información sobre secuencias digitales y el reparto de beneficios de los recursos genéticos.
En cuanto al uso de plaguicidas, las partes se mostraron divididas sobre si los países debían informar de la “concentración ambiental de plaguicidas” o de la “toxicidad total aplicada agregada”.
El primer indicador es el que se acordó en la decisión de Montreal, pero el segundo es el que sugirió el grupo ad hoc de expertos técnicos, que afirmó que no existen datos fiables sobre la concentración ambiental de plaguicidas.
| Versión | Fecha | Texto de la nota |
|---|---|---|
| Non-paper v1 | 24 Octubre | n/a |
| Non-paper v2 | 27 Octubre | [El indicador sobre la concentración ambiental de plaguicidas se adoptó en COP-15 y el indicador toxicidad total aplicada agregada es una propuesta de un grupo de expertos que no obtuvo consenso en COP 16]. |
| Non-paper v4 | 30 Octubre | [[El indicador sobre la concentración ambiental de plaguicidas se adoptó en COP-15 y el indicador agregado toxicidad total aplicada es una propuesta de un grupo de expertos que no llegó a un consenso en la COP 16][Las dos alternativas se mantienen los indicadores principales para poder informar sobre cualquiera de los dos, así como para el trabajo metodológico posterior][Cuando sea posible, las Partes podrán de informar sobre uno u otro indicador en función de sus la capacidad técnica y la disponibilidad de datos proporcionan información valiosa para medir los avances hacia el objetivo]. |
| Draft decision | 31 Octubre | [[El indicador sobre la concentración ambiental de plaguicidas se adoptó en la decimoquinta reunión de la Conferencia de las Partes, y el indicador toxicidad total aplicada agregada es una propuesta de un grupo de expertos que no nd consenso en la decimosexta reunión] [Los dos titulares alternativos se mantienen indicadores que permiten informar sobre de uno de los dos, así como para la continuación del trabajo metodológico][Cuando posible, las Partes podrán optar por informar sobre cualquiera de los indicadores según su capacidad nacional y técnica y la disponibilidad de datos, y tanto proporcionar valiosos información para medir el progreso hacia el objetivo]. |
| Draft decision | 1 Noviembre | [Las Partes pueden optar por informar sobre el medio ambiente de los plaguicidas o indicadores de cabecera de toxicidad total aplicada agregados, en función de la disponibilidad de metodología y de acuerdo con su circunstancias y capacidades técnicas nacionales[, reconociendo que el apoyo se dará prioridad al desarrollo del indicador principal en el mayor nivel de desarrollo a nivel mundial]. |
Versiones de la nota a pie de página que explica el desacuerdo sobre los indicadores de plaguicidas en la COP16
Varios expertos en conservación de los océanos también expresaron su preocupación por el hecho de que los indicadores sobre la cobertura y la salud de los arrecifes de coral – acordados en el marco de seguimiento de la COP15 – hubieran desaparecido de los textos presentados en la COP16.
La Dra. Susan Lieberman, vicepresidenta de política internacional de la Wildlife Conservation Society, declaró a Carbon Brief que estaba “muy decepcionada” por la desaparición de los indicadores de los arrecifes de coral. Y añadió:
“Muchos gobiernos realizan enormes esfuerzos en la conservación y gestión de sus arrecifes de coral, y la inclusión de indicadores específicos de la integridad ecológica de sus arrecifes les habría ayudado a informar sobre los resultados.”
Los indicadores sobre arrecifes de coral no estuvieron presentes en el texto final.
Una de las claves para las ONG y las organizaciones de la sociedad civil que siguió las negociaciones del marco de seguimiento fue que, se decidiera lo que se decidiera, el texto final debía incluir un llamador para revisar el marco y seguir añadiendo indicadores a los ya disponibles. Lim dijo a Carbon Brief:
“Es importante que no cierren la puerta a seguir trabajando en el marco de seguimiento, porque está lejos de estar completo. Pero al mismo tiempo, necesitamos un marco de seguimiento, porque si no tenemos al menos lo que [ya] tenemos para indicadores, entonces no podemos medir el progreso”.
Como en tantos otros puntos de la agenda de la COP16, los debates sobre recursos y capacidad fueron fundamentales en las negociaciones sobre el marco de seguimiento. Los países se enfrentan a “limitaciones de capacidad muy reales en cuanto a lo que pueden aplicar”, Leong comentó a Carbon Brief.
Las comunicaciones de los países antes de la COP16 mostraron que algunos países del Sur, como Argentina y Brasil, estaban preocupados por la carga que supondría un marco de seguimiento demasiado prescriptivo, y preferían uno flexible a las circunstancias nacionales.
Durante la reunión del grupo de trabajo del último día de la cumbre, la República Democrática del Congo pidió que se pusiera entre corchetes todo el marco de seguimiento, afirmando que no podían aceptarlo sin un acuerdo sobre la movilización de recursos.
La acción resultó decisiva, ya que la incapacidad de los países para alcanzar un consenso sobre la movilización de recursos hizo que el marco de seguimiento no se debatiera en la sesión plenaria. Se retomará, junto con las decisiones financieras, en la continuación de la COP16, que probablemente se celebrará el año que viene, coincidiendo con las reuniones de los órganos subsidiarios del CDB.
Lim señaló a Carbon Brief que, mediante consultas informales, las partes “probablemente encontrarán una zona de aterrizaje” entre el final de la COP16 y las reuniones de los órganos subsidiarios. Y añadió:
“Necesitamos el marco de seguimiento para medir los avances. Su adopción tardía es desafortunada, pero sólo puede verse en el contexto de la intransigencia de los gobiernos del Norte en las negociaciones para ayudar a financiar a las naciones más pobres y frenar el robo por parte de sus empresas de los recursos genéticos del Sur.”
Artículo 8(j)
Los derechos de los indígenas fueron uno de los principales puntos de debate de la COP16, en la que la participación indígena alcanzó un máximo histórico.
Durante una rueda de prensa celebrada en la primera semana de negociaciones, Ramiro Batzin, copresidente del Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad (IIFB, por sus siglas en inglés), expuso las prioridades del grupo. (El IIFB es una organización internacional que representa las voces indígenas en las negociaciones del CDB).
Entre dichas prioridades figuraban un programa de trabajo sobre el artículo 8(j) de aquí a 2030 y la creación de un órgano subsidiario permanente de pueblos indígenas y comunidades locales (IPLC) en el marco del CDB.
El artículo 8(j) obliga a las partes del CDB a “respetar, preservar y mantener” los conocimientos de los pueblos indígenas y las comunidades locales relacionados con la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, y a “fomentar la participación equitativa en los beneficios” derivados de estos conocimientos.
En la COP16 se aprobó el programa de trabajo para implementar el artículo 8(j) y otras disposiciones relacionadas con los pueblos indígenas y las comunidades locales hasta 2030, “priorizando las tareas que contribuyen directamente a la aplicación oportuna, plena y eficaz” del GBF.
El programa consta de nueve principios generales y ocho elementos centrados en cuestiones como la conservación y restauración de la biodiversidad, el uso sostenible, la participación plena y efectiva y un enfoque basado en los derechos humanos.
El programa de trabajo también incluye elementos como el acceso directo de los pueblos indígenas y las comunidades locales al financiamiento para la conservación, restauración y uso sostenible de la biodiversidad.
Durante una rueda de prensa cerca de la clausura de la COP16, varios representantes del IIFB recibieron con satisfacción la adopción del programa de trabajo, calificándola de “victoria”.
Jennifer Tauli Corpuz, negociadora y experta del IIFB con sede en Filipinas, declaró:
“Esto nos pone en el camino de garantizar que el GBF se aplique en plena colaboración con los IPLC”. Batzin declaró a Carbon Brief que el programa de trabajo contribuirá a garantizar la plena aplicación del GBF:
“Este programa nos proporcionará acciones y directrices de evaluación, monitoreo y seguimiento”.
Durante la rueda de prensa, los representantes de los pueblos indígenas también pidieron a las partes que adoptaran el órgano subsidiario. Este grupo tendría un mandato permanente para seguir trabajando en el marco del CDB, y fue un tema polémico durante toda la cumbre. Al parecer, Indonesia, Jordania y Rusia se opusieron, argumentando que el grupo de trabajo ya ha sido eficaz y que un nuevo órgano subsidiario supondría más gastos.
Manuel Mavisoy, de la Mesa Permanente de Concertación del Movimiento Indígena de Colombia, afirmó en esa rueda de prensa que el órgano subsidiario “es el único mecanismo que garantiza la supervivencia de los sistemas tradicionales de los pueblos indígenas dentro del GBF”.
En una entrevista con Carbon Brief, Batzin declaró que el órgano subsidiario sería una institución permanente diseñada para aplicar y supervisar el programa de trabajo del artículo 8(j). Batzin subrayó que el órgano pretende funcionar de forma bilateral, con la participación tanto de los Estados como de los pueblos indígenas, de forma similar a como funciona actualmente el grupo de trabajo del artículo 8(j).
El grupo de trabajo sobre el artículo 8(j) existe desde hace más de 20 años, pero es sólo un órgano temporal, por lo que era propenso a ser disuelto, mencionó Corpuz en la rueda de prensa. Añadió que el nuevo órgano subsidiario propuesto estaría “mejor situado dentro del CDB”.
El pleno estalló en una gran ovación el viernes por la noche, cuando Muhamad bajó el martillo para señalar la adopción de la decisión de crear un nuevo órgano subsidiario.
Una portavoz del IIFB y de la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad declaró ante el pleno que “este es un momento sin precedentes en la historia de los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente”. Añadió:
“Este nuevo órgano subsidiario será un punto de referencia para el resto del mundo… Podemos sentirnos orgullosos de nuestro trabajo, que ha sido participativo, colaborativo y constante”.
Durante la cumbre, los pueblos indígenas y las comunidades locales también pidieron acceso directo a financiamiento para seguir conservando la biodiversidad.
El FMAM tiene el “objetivo aspiracional” de que los pueblos indígenas y las comunidades locales reciban el 20% de los recursos para biodiversidad, aunque todavía no se ha creado ningún mecanismo o medida para lograrlo, declaró Batzin a Carbon Brief. Añadió que el IIFB apoya que la financiación se asigne directamente a los pueblos indígenas y las comunidades locales y señaló que el órgano subsidiario sobre el artículo 8(j) tendría que discutir sobre cómo gestionar el flujo de financiación hacia los pueblos indígenas.
El texto final de la DSI que se adoptó decía que “al menos la mitad de la financiación del fondo mundial debe apoyar las necesidades autoidentificadas” de los pueblos indígenas y las comunidades locales, “cuando proceda y con sujeción a las circunstancias nacionales”. (Véase: Información sobre la secuencia digital).
Otro de los temas impulsados por los pueblos indígenas y las comunidades locales en la COP16 fue el de los derechos humanos.
Joji Carino, asesor principal de políticas del Forest Peoples Programme (FPP) de Filipinas, declaró en rueda de prensa que la aplicación del GBF exige respetar los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales, como los derechos sobre sus tierras y territorios, la participación equitativa en la toma de decisiones y el respeto de los conocimientos tradicionales.
Durante una conferencia sobre los derechos territoriales de los pueblos indígenas, Luz Enith Mosquera, del equipo técnico del Foro Interétnico de Solidaridad del Chocó en Colombia, subrayó la fuerte conexión que tienen los pueblos indígenas con sus territorios:
“Los bosques, ríos y selvas son entornos con los que coexistimos; no son meros objetos que dominar. Somos parte del bosque. Los territorios titulados se conservan porque las comunidades mantienen una relación equilibrada con la tierra.”
Mosquera dijo a Carbon Brief que en el departamento del Chocó los territorios colectivos están legalmente otorgados a las comunidades afrodescendientes. Sin embargo, aún hay zonas que carecen de títulos legales y no cuentan con consejos comunitarios ni salvaguardas colectivas. Dijo a Carbon Brief:
“La ausencia de titulación colectiva crea un vacío legal que podría permitir que gente externa explote estos territorios. Por lo tanto, urge la titulación, ampliación y regulación de las tierras y las comunidades”.
Otra decisión de la COP16 se referió al reconocimiento de los pueblos afrodescendientes.
La decisión pide a las partes que incorporen las “contribuciones de los pueblos afrodescendientes” y su conocimiento y conexión con sus tierras en la aplicación del CDB y el GBF. También “alienta” a las partes a “facilitar su participación plena y efectiva” en ambos acuerdos internacionales.
La decisión también “alienta” a las partes, otros países y organizaciones a proporcionar apoyo financiero y desarrollo de capacidades a los pueblos afrodescendientes de forma voluntaria. Además, anima a las partes a comunicar en sus NBSAPs las contribuciones de los pueblos afrodescendientes en la aplicación del CDB y del GBF.
El texto sobre los pueblos afrodescendientes fue impulsado con fuerza por Colombia y Brasil, pero contó con la oposición de la República Democrática del Congo, que argumentó que faltan pruebas que respalden la contribución de estos pueblos a la aplicación del GBF.
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Last month, COP31 president-designate Murat Kurum launched a target for 35% of the world’s final energy to come from electricity by 2035.
In an interview with Carbon Brief, Kurum says that the target was not a political choice, but instead reflects the latest evidence on “what is needed to keep 1.5C within reach”.
The ongoing Hormuz crisis means there is an “urgent” need for renewables and electrification, which are the “surest and cleanest way to protect citizens” from high energy prices.
Kurum says that the Brazilian and Ethiopian presidencies of COP30 and COP32, as well as the EU, UK and Canada, have welcomed the target.
He adds that “all have confirmed it will be central to discussions at COP31”.
In the interview, Kurum – who is also Turkey’s minister of environment, urbanisation and climate change – tells Carbon Brief where the target came from and what he expects to happen next.
Carbon Brief: You recently launched a target for 35% of the world’s final energy to come from electricity by 2035. Where did this idea come from?
Murat Kurum: The “35 by 35” target is grounded in technical data and based on the IEA [International Energy Agency] and IRENA [International Renewable Energy Agency] analysis of what is needed to keep [the 1.5C Paris Agreement target] within reach. The level was not chosen politically. Rather, it reflects what the science and the energy modelling tell us is required.
CB: Why do you think an electrification target is important right now?
MK: The case for the target is urgent right now. The latest war in the Gulf has made energy diversification – and, in particular, renewable energy transition and electrification – a top global priority, because it is the surest and cleanest way to protect citizens around the world from high and volatile energy prices.
At a time of real fragmentation in international relations, a single, shared target is needed to focus global efforts by aligning governments, businesses and investors behind a common benchmark and to send a clear market signal.
CB: Which countries are supporting this target so far?
MK: The reaction so far has been extremely positive and, while we presented our target at the UN June climate meetings in Bonn, our earlier conversations with parties at both the Petersberg and Copenhagen climate dialogues paved the way for this launch.
For example, the EU, UK, and Canada have welcomed the target, as have the Brazilian COP30 and Ethiopian COP32 presidencies. All have confirmed it will be central to discussions at COP31.
This support has been reflected in the business community as well, with polling by the We Mean Business Coalition showing that 90% of businesses expect to have largely electrified their operations by 2035 and that 88% expect electrification will make their business more competitive.
CB: How do you hope and expect to see this taken forward at the COP? Could it be in the formal COP outcomes, or part of the second global stocktake?
MK: We are now taking electrification forward as an “action agenda” initiative to bring actors together and drive progress. The action agenda and the [formal COP] negotiations are separate, but complementary, with different processes and thresholds, and it is too early to say what all countries might be able to agree in the negotiations. That is for parties to determine as the year progresses.
We are focused and determined to use COP31 as a moment to spark a global conversation about electrification.
CB: What are the key priorities for reaching the target?
MK: The critical sectors for reaching the target are buildings, transport and industry, which together account for around 45% of global emissions. Financial support for the developing world and investment in grids and infrastructure is also crucial.
The target also builds on COP28’s target to triple renewable energy capacity and seeks to take advantage of the tumbling cost of renewable power and other technologies critical to the energy transition. This is a journey that Turkey itself is taking ambitious steps on, including our plan to reach 120GW [gigawatts] of renewable capacity by 2035.
This interview was first published in the 10 July 2026 edition of Carbon Brief’s DeBriefed weekly newsletter. Sign up for free.
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Interview: COP31 president says electrification is ‘surest way to protect citizens’
Climate Change
DeBriefed 10 July 2026: Deadly Europe heat | EU electrification leak | COP31 president interview
Welcome to Carbon Brief’s DeBriefed.
An essential guide to the week’s key developments relating to climate change.
This week
‘Catastrophic’ climate impacts
RECORD HEAT: Western Europe experienced its hottest June on record – some 3C above average – according to analysis covered by the Guardian. It said the finding came “as the UK enters its third heatwave of the year and wildfires ravage France and Spain”. Le Monde said 10,000 people had been evacuated due to wildfires in southern France.
‘EXCESS DEATHS’: The June heatwave killed more than 2,700 people in France, according to a guest post analysis for Carbon Brief. Similar analysis for Germany said there had been more than 5,000 “excess deaths”, reported Bloomberg. Meanwhile, an ongoing heatwave in the US has killed at least 30 people, said USA Today.
STORM TEST: Floods have killed 39 people in Guangxi province in southern China, said state-run newspaper China Daily. Scientists warned that climate change and the weather phenomenon El Niño are exposing China to “catastrophic storms” that will test its resilience in 2026, reported Reuters. The nation’s latest official climate report found that “extreme weather and climate events…have become more frequent and severe”, said China National Radio.
Around the world
- EU ELECTRIFICATION: The European Commission is set to unveil a 2040 target for EU electrification on 17 July, reported Bloomberg. Citing a leaked draft, it said the plan would aim to cut oil use in half and gas use by two-thirds.
- PEAKING PLAN: China has published an “action plan” for peaking emissions during the 15th five-year plan period to 2030, reported Xinhua. It lists targets including “new energy vehicles” making up 30% of cars on the road by 2030, said Reuters.
- CLIMATE ‘FLAT EARTHER’: The Trump administration has appointed Matthew Wielicki, described by Politico as a “climate critic”, to lead the office in charge of the US national climate assessment. Common Dreams quoted a scientist describing the move as “like putting a flat-earther in charge of NASA”.
- UGANDAN SUIT: A group of farmers from Uganda have launched a legal suit in London against the East African oil pipeline, according to Climate Home News.
23%
The share of Irish electricity used by data centres in 2025, reported the Irish Times.
2%
The share of global electricity used by data centres in the same year, according to Carbon Brief analysis of the Energy Institute statistical review.
Latest climate research
- Meltwater from the western Himalayan glaciers will peak at around 2C of warming, before declining at higher warming levels | Environmental Research Letters
- Current coral restoration efforts may be unsuitable for temperate reefs, including those in the Mediterranean | Nature Ecology & Evolution
- People tend to underestimate the level of “broad public support” for climate action | Nature Climate Change
(For more, see Carbon Brief’s in-depth daily summaries of the top climate news stories on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday.)
Captured
Carbon Brief explained – via eight facts – why air conditioning rates in some parts of Europe are relatively low, as the technology emerges as a new front in the global “culture war” over climate action. Analysis for the article illustrated that, in many parts of the world’s fastest-warming continent, air conditioning simply was not needed in the past.
Spotlight
COP31 president speaks to Carbon Brief on electrification
This week, Carbon Brief interviews Murat Kurum, president-designate of the COP31 UN climate talks in November and Turkey’s minister of environment, urbanisation and climate change, on his target to boost global electrification.
Carbon Brief: You recently launched a target for 35% of the world’s final energy to come from electricity by 2035. Where did this idea come from?
Murat Kurum: The “35 by 35” target is grounded in technical data and based on the IEA [International Energy Agency] and IRENA [International Renewable Energy Agency] analysis of what is needed to keep [the 1.5C Paris Agreement target] within reach. The level was not chosen politically. Rather, it reflects what the science and the energy modelling tell us is required.
CB: Why do you think an electrification target is important right now?
MK: The case for the target is urgent right now. The latest war in the Gulf has made energy diversification – and, in particular, renewable energy transition and electrification – a top global priority, because it is the surest and cleanest way to protect citizens around the world from high and volatile energy prices.
At a time of real fragmentation in international relations, a single, shared target is needed to focus global efforts by aligning governments, businesses and investors behind a common benchmark and to send a clear market signal.
CB: Which countries are supporting this target so far?
MK: The reaction so far has been extremely positive and, while we presented our target at the UN June climate meetings in Bonn, our earlier conversations with parties at both the Petersberg and Copenhagen climate dialogues paved the way for this launch.
For example, the EU, UK, and Canada have welcomed the target, as have the Brazilian COP30 and Ethiopian COP32 presidencies. All have confirmed it will be central to discussions at COP31.
This support has been reflected in the business community as well, with polling by the We Mean Business Coalition showing that 90% of businesses expect to have largely electrified their operations by 2035 and that 88% expect electrification will make their business more competitive.
CB: How do you hope and expect to see this taken forward at the COP? Could it be in the formal COP outcomes, or part of the second global stocktake?
MK: We are now taking electrification forward as an “action agenda” initiative to bring actors together and drive progress. The action agenda and the [formal COP] negotiations are separate, but complementary, with different processes and thresholds, and it is too early to say what all countries might be able to agree in the negotiations. That is for parties to determine as the year progresses.
We are focused and determined to use COP31 as a moment to spark a global conversation about electrification.
CB: What are the key priorities for reaching the target?
MK: The critical sectors for reaching the target are buildings, transport and industry, which together account for around 45% of global emissions. Financial support for the developing world and investment in grids and infrastructure is also crucial.
The target also builds on COP28’s target to triple renewable energy capacity and seeks to take advantage of the tumbling cost of renewable power and other technologies critical to the energy transition. This is a journey that Turkey itself is taking ambitious steps on, including our plan to reach 120GW [gigawatts] of renewable capacity by 2035.
Watch, read, listen
HEATED: A Financial Times long read asked if Europe – the world’s fastest-warming continent – is “prepared for a world of extreme heat”.
LITIGATED: The Outrage and Optimism podcast spoke to Prof Joana Setzer and Catherine Higham about the latest trends in climate litigation.
‘SHATTERED’: Confidence in fossil-fuel exports via the strait of Hormuz has been “shattered”, wrote IEA chief Fatih Birol for Foreign Policy.
Coming up
- 13-17 July: Meeting of open-ended working group on the Montreal Protocol, Bangkok, Thailand
- 13-24 July: International Seabed Authority Council, Kingston, Jamaica
- 16 July: International Energy Agency critical minerals outlook 2026, online
Pick of the jobs
- Wellcome Trust, head of policy – climate and health | Salary: £84,640-£105,800. Location: London
- Financial Times, senior reporter, Sustainable Views | Salary: Unknown. Location: London
- North Texas Public Broadcasting, climate, energy and environment reporter | Salary: $70,000-$78,000. Location: Fort Worth, Texas
- Energy & Climate Intelligence Unit, head of communications and engagement | Salary: £65,000-£70,000. Location: London
DeBriefed is edited by Daisy Dunne. Please send any tips or feedback to debriefed@carbonbrief.org.
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DeBriefed 10 July 2026: Deadly Europe heat | EU electrification leak | COP31 president interview
As successive heatwaves hit Europe, air-conditioning (AC) has emerged as a new front in the international “culture war” over climate action.
France, Germany and the UK have experienced record-breaking heat and thousands of heat-related deaths this summer, with June temperatures in many regions passing 40C.
This has drawn attention to the relatively low rates of AC use in these countries – and in Europe as a whole – especially when compared to its widespread adoption in the US.
Legacy newspapers, bloggers and even Elon Musk have all weighed in on “European hostility” to AC, criticising Europe’s “cultural conservatism” and “overbearing governments”.
Right-wing politicians, including National Rally in France and the UK Conservatives, have styled themselves as champions of AC, while opposing efforts to tackle climate change.
Missing from most of these interventions is the fact that human-caused climate change has made once-rare heat far more common, in what is the world’s fastest warming continent.
Carbon Brief analysis for this article shows that, until the 2020s, it was rare for many European cities to see days above 30C, making AC an unnecessary expense.
Here, Carbon Brief explains – via eight facts – why AC rates in some parts of Europe are relatively low, as well as clarifies and contextualises some of the misleading claims circulating about the technology.
- Much of Europe has not needed AC in the past
- AC is already widely used in hotter parts of Europe
- Some European nations have ‘resisted’ AC – but its popularity is growing
- AC emissions are growing, but its climate impact could be limited
- Heat from AC can contribute to directly warming cities
- More AC could help to reduce heat deaths in Europe
- ‘Net-zero rules’ are not blocking AC installation in the UK
- AC is not the only answer to overheating cities
Much of Europe has not needed AC in the past
AC installation rates in northern parts of Europe are very low. The best available estimates suggest that 6% of households in Germany and just 4% in England use AC.
However, these rates are largely explained by the historical climates in these nations.
Unlike the US, much of the housing stock and infrastructure in Europe was built at a time when AC did not exist and was not necessary.
Moreover, nations such as France, Germany and the UK have only started to regularly experience extreme heat in recent decades.
The chart below shows the average number of days per year, in each decade since the 1950s, when maximum temperatures have exceeded 30C in major European cities. Capitals such as London and Paris have seen a significant jump since around 2000.
Prof Jan Rosenow, an energy and climate researcher at the University of Oxford, tells Carbon Brief:
“For most of the 20th century, northern Europe simply didn’t need cooling. Homes in Britain and Germany were built to keep heat in, not out, because winters were cold and summers rarely hot.”
Much of the commentary about the relatively low rates of European AC use focuses on cultural or “ideological” factors. (See: Some European nations have ‘resisted’ AC – but its popularity is growing.)
However, Rosenow says people’s views on AC in these countries likely stem from their historically colder climates. He adds:
“Attitudes formed around those facts, not the other way round…There is a cultural element, but it is the product of climate, not of some green ideological project.”
In the past, many in Europe relied on traditional methods to keep buildings cool. Richard Black, head of communications at Climate Analytics, made this point in a post on LinkedIn:
“Once, residents of cities such as Paris could cope with summer heatwaves by opening shutters and windows during the night, and closing them again in the morning to trap the cool air inside…We’ve reached a limit to this sort of adaptation.”
Now, with Europe around 2.5C warmer than pre-industrial levels, climate change is routinely driving record-breaking heatwaves, even in the north of the continent.
This is forcing a reappraisal of societies that were “built for a climate that no longer exists”, as the UK’s Climate Change Committee (CCC) put it in a recent report.
Experts broadly agree that much of Europe will indeed need more AC, particularly in spaces housing the most vulnerable populations, such as care homes, schools and hospitals.
At the same time, they also emphasise broader, “passive” efforts to make cities and homes cooler alongside increased AC use. (See: AC is not the only answer to overheating cities.)
AC is already widely used in hotter parts of Europe
During periods of extreme heat, articles criticising “European hostility” towards the technology frequently note that “only about 20%” of households in Europe have AC.
Often, this is contrasted with the US, where more than 90% of households have AC installed. (In fact, the US is something of a global outlier, matched only by Japan.)
However, the continent-wide figure for Europe obscures the reality. In southern Europe – where temperatures are and have always been higher – AC is relatively common.
The map below, based on official EU data, shows that southern European nations use far more household energy for “space cooling” than those in the north.
Government figures show that nearly 60% of Italian households have AC. Household-level data in many countries is patchy, but various analyses have placed that figure at 70-80% in Greece and 41% in Spain – with higher penetration in the hotter, southern part of the country.
The same pattern can be seen within France. International coverage has stressed the country’s “cultural resistance to AC”, citing a nationwide figure from 2020 that suggests “only” 25% of French households have AC.
However, polling data from customers of the Hello Watt energy app suggests that there is a distinct north-south divide in French uptake. At least 60% of households in Mediterranean regions of France are equipped with AC, according to these figures.
This can be seen in the map below, with households across northern regions, including Paris, reporting far lower AC installation rates, often below 5%.
Finally, when making such comparisons to Europe, it is worth noting that high rates of AC use reported for the entire US also obscure significant differences between – and within – US states. This, too, aligns with differences in regional climate.
Hotter states in the US south have near-universal AC access. But in Washington, a north-western state with a climate more comparable to that of western Europe, 66% of people have AC in their homes.
Some European nations have ‘resisted’ AC – but its popularity is growing
International commentators have written extensively about Europe’s “longstanding resistance to cooling technology”, especially when compared to the US.
Newspaper editorials in the Washington Post and the Wall Street Journal, alongside numerous op-eds and blog posts, have added fuel to this “culture war”. Elon Musk has even promoted an AI-generated message stating that Europeans “should just install AC”.
Often, European attitudes are attributed to “guilt” about AC’s energy demand, “cultural conservatism” or “overbearing governments”. One commentator ascribed divergent attitudes in Europe and the US to “different ideas about physical suffering and sacrifice”.
Meanwhile, right-leaning commentators and climate-sceptic groups have blamed “climate policies, which view AC as an unnecessary luxury”.
In general, these critiques often fail to consider the most obvious explanation, which is that AC adoption is low in northern Europe because the historical climate made AC unnecessary.
Critical articles have instead drawn attention to restrictions on AC use in some European countries, as well as the lack of support for AC in official heatwave guidance.
For France, in particular, polling has indeed highlighted widespread disapproval of AC, both on environmental grounds and due to alleged health impacts. Such messages have also been voiced regularly in French media and by left-leaning and green politicians.
However, across Europe there are plenty of signs that such attitudes are shifting, following successive spells of extreme heat.
Amid the June heatwave, there were reports from Germany, France and the UK of “skyrocketing” AC sales. This surge was even acknowledged by the foreign ministry in China, due to the nation’s role in supplying many of these products.
The shift is taking place in politics as well. Marine Tondelier, leader of the French Green party – which has traditionally opposed AC – recently stated that “there are places where we just can’t do without AC anymore”.
Overall, AC has been on the rise across Europe, with France, Spain and the Netherlands all using more than twice as much energy for AC and other “space cooling” technologies in 2024 as they did in 2015.
AC production in Germany has also risen by at least 75% in recent years and a growing share of German homes are being built with it installed.
Notably, there is little evidence that “climate policies” are blocking Europeans from installing AC. Polling in Germany shows that, while people are concerned about environmental impacts, the high costs of installing and running it are perceived as greater barriers.
Finally, there is an important distinction between individual AC units in people’s homes and installing them in public spaces, such as hospitals, care homes and schools.
While neither is widespread in France, support for the latter can increasingly be found across the political spectrum, from Greens to the far-right National Rally (RN).
AC emissions are growing, but its climate impact could be limited
Some people have noted that a wider rollout of AC in Europe could drive up emissions.
As noted in the Financial Times by columnist and chief data reporter John Burn-Murdoch, there is a logic to this argument, “at least superficially”. He writes:
“AC uses a lot of energy; if the proposed defence against emissions-driven global warming means emitting more, then we have an obvious problem.”
The emissions impact of AC depends heavily on the generation mix of a country’s power sector.
According to the International Energy Agency (IEA), “space cooling” – mostly AC, but this does include some fans – used 2,100 terawatt-hours (TWh) of power globally in 2022.
As such, it was responsible for 1bn tonnes of carbon dioxide (CO2) from electricity use globally. This equates to around 2.7% of total CO2 emissions globally from fossil fuels and industry.
(As well as indirect emissions through power use, AC units can also directly release greenhouse gases – used as AC refrigerants – when they leak or are improperly disposed of. Following the 2016 Kigali Amendment, countries are progressively trying to phase down the use of potent greenhouse gases in AC units.)
In a LinkedIn post, Lauri Myllyvirta, lead analyst at the Centre for Research on Energy and Clean Air and regular Carbon Brief contributor, says:
“There is a lot of alarmist messaging about how much electricity AC uses. However, on an annual basis, the demand is not that substantial. Currently, AC uses about 1% of electricity in the EU and catching up to adoption rates in the US would double this.”
According to the IEA estimates from 2018, “if left unchecked, energy demand from AC will more than triple by 2050”, reaching 6,200TWh of power.
By mid-century, households would contribute the most to the increase (70%), with at least two-thirds of the world’s households potentially having AC, according to the Paris-based agency.
Decarbonising electricity grids and energy-efficiency improvements can reduce AC emissions and their impact on climate.
For instance, in countries with a low-carbon electricity mix – such as France, where nuclear energy accounts for 67% of its electricity generation – expanding AC would have a more limited climate impact than in other countries.
In countries such as India, there could be a more significant increase in emissions as AC is adopted, due to the role coal plays in the country’s energy mix, especially during the night. Demand is growing fast – following low access historically – and many AC units are inefficient, with high electricity use.
According to a new working paper from the India Energy and Climate Center (IECC) at the University of California, Berkeley, “room AC” – portable plug-in units, as opposed to those permanently installed in buildings – already accounts for nearly one-quarter of India’s peak electricity demand (60-70GW) – and this is before the majority of Indian households have bought their first AC unit.
Dr Nikit Abhyankar, co-faculty director of the IECC, tells Carbon Brief that, as AC use is expanded across the world, it should be paired with solar and battery storage, where the “economics have completely shifted” in the last few years. This will help to cut both energy bills and emissions.
According to the IEA, accelerating energy efficiency improvements could deliver more than one-third of all CO2 emission reductions between now and 2030.
The global energy demand needed to run ACs alone in 2050 could be reduced by 1,300GW – the equivalent of all of China and India’s coal plants – through energy efficiency measures, it estimates.
Aditya Valiathan Pillai, a climate adaptation researcher at King’s College London, tells Carbon Brief that, as the use of AC expands, there is a conversation to be had about where and “what type of technology [is used] and who gets access” to it.
A final point is that many AC units are air-to-air heat pumps, which can efficiently heat homes, as well as keeping them cool. As such, wider AC adoption could boost the adoption of electrified heat, helping to cut emissions from gas boilers.
Heat from AC can contribute to directly warming cities
Some critics of AC mention its electricity demands and associated CO2 emissions from fossil-fuel combustion, which contribute to raising the temperature of the entire planet. (See: AC emissions are growing, but its climate impact could be limited.)
But AC also has a localised impact. It works by removing heat from indoor air and pushing it outdoors, raising temperatures on the street and exacerbating the “urban heat island” effect.
Left-leaning French politicians are among those citing this as an argument against AC, particularly in cities. Indeed, Emmanuel Grégoire, the Socialist mayor of Paris, appeared to be making this point in an interview with Le Monde, during the June heatwave:
“[AC] can be useful for cooling collective spaces and protecting the most vulnerable populations, but individual AC is a scourge – it makes the problem worse by heating the city even more.”
One study concludes that, in a city such as Phoenix, Arizona, where the technology is widespread, AC use during a heatwave can raise night-time temperatures by 1-1.5C.
Another models a nine-day heatwave in Paris – in a future with “massive” AC use – and finds an increase in external temperature of more than 2C, due to heat emitted by the units.
Given this, some scientists argue that AC can be a form of climate “maladaptation” – referring to actions that backfire and make people more vulnerable to global warming.
The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) has highlighted this issue, concluding:
“AC may constitute a maladaptation because of its high demands on energy and associated heat emissions, especially in high-density cities.”
Compared to the US, more people in Europe live in dense, urban areas. According to Dr Vincent Viguié, a climate change economist at École des Ponts ParisTech, this could leave Europeans more exposed to heat from AC units. He tells Carbon Brief:
“If you live in a neighbourhood that is not dense, like in a suburban neighbourhood or in the countryside, you don’t care about this…So, once again, there is a key difference between US and European cities.”
Viguié is among the experts arguing that other climate-adaptation measures should be considered alongside AC, to keep entire cities cool – not just individual homes. He says:
“It’s not to say that the heat released by AC by itself is a reason to forbid AC…It’s just that not taking that into account may lead to bad decisions.”
More AC could help to reduce heat deaths in Europe
Heatwaves can be deadly, especially for older or vulnerable members of society.
According to climate scientists at World Weather Attribution, “heatwaves cause more deaths in Europe than all other natural hazards combined”.
The heatwave in June 2026 is estimated to have killed more than 20,000 people in Europe. In France – which has seen some of the hottest temperatures – the heatwave caused more than 2,700 heat-related deaths, according to analysis published by Carbon Brief.
AC does help to protect people from the effects of extreme heat. A 2021 study found that globally, AC averted an estimated 190,000 heat-related deaths annually during 2019-21.
With its much higher penetration of AC, the US has fewer deaths due to extreme heat than Europe.
Heat kills around 11 people out of every 100,000 in Europe, compared to around two people in the US, according to analysis by data scientist Dr Hannah Ritchie from Our World in Data.
Several publications have pointed out that “Europe’s heatwaves are deadlier than American gun violence”. While this is technically accurate in absolute terms, Ritchie says the comparison is “a bit silly” for a number of reasons, not least because on a per-capita basis, US gun deaths are higher.
However, experts suggest that AC is only one part of a wider effort to protect people from extreme heat.
A 2020 study looking at heat-related mortality in Canada, Japan, Spain and the US, found that excess deaths due to heat decreased between 1972 and 2009.
For example, the proportion of deaths due to extreme heat fell from 1.7% to 0.5% over the period in the US and 3.5% to 2.8% in Spain.
However, an increase in AC only explained 16.7% of the drop in the US and 14.3% in Spain.
The research concludes that “other factors have played an equal or more important role in increasing the resilience of populations”. This is supported by research that shows changes to cities, such as planting more trees, as well as behavioural shifts and public-health measures, can all protect people from dangerous heat.
Additionally, across Europe there is already a range of policies and measures in place to protect the most vulnerable from heatwaves. Many of these were brought in following the unprecedented summer of 2003, when 70,000 died from extreme heat.
These policies were highlighted by French environment minister Agnès Pannier-Runacher, in response to the far-right National Rally (RN) party’s AC proposals:
“The incompetent RN has just found out that nursing homes need air-conditioned rooms. Thank you, but it’s actually been mandatory since 2004.”
Another study found that measures that have already been rolled out in France would cut the projected death toll of a 2003-like heatwave by more than 75%. This is in part due to the expansion of AC in places such as nursing homes, but also other approaches, such as heat action plans.
For example, France has a multi-tiered action plan, which includes local governments ensuring access to cooled spaces and water, keeping a list of vulnerable individuals for targeted interventions, as well as national information campaigns.
According to the UN’s office for disaster risk reduction, this French plan has led to a “significant reduction in heat-related mortality”.
While action plans have proved successful in a number of nations, less than half of European countries have such a plan in place.
‘Net-zero rules’ are not blocking AC installation in the UK
In the UK, Conservative politicians and right-leaning media have tried to pit the adoption of AC against net-zero policy.
Writing in the climate-sceptic Daily Telegraph, columnist Matthew Lynn claimed falsely:
“Strict net-zero rules now mean that aircon is effectively banned in the UK.”
(Further down the article, he concedes: “AC is not strictly speaking banned in new-build homes in the UK. But tough environmental rules mean that it is very hard, and expensive, to install in practice.”)
The same narrative has been used in articles by GB News, the Sun and others. A separate article in the Daily Telegraph’s “money” section goes further, claiming that AC had been “torn from homes under net-zero clampdown”.
A blog post from the Ministry of Housing, Communities and Local Government rebuts these claims, stating:
“There has been media coverage this week suggesting that AC is banned in homes. This is incorrect.”
For the UK, while it is true that fewer than 5% of homes currently have AC, this is largely due to the fact that it was not hot enough in the past to warrant the expense. Historically, the focus has therefore been on keeping buildings warm, rather than cool.
Extreme heat has previously been rare in the country, so homes were built with insulation and other measures to keep heat in during the “dank winters”. (See: Much of Europe has not needed AC in the past.)
Current regulations do not ban the installation of AC outright. However – as the government’s blog post notes – there is no blanket rule, meaning there are some localised differences.
Certain areas – or certain kinds of properties – may be subject to additional complications for installing AC.
In a 2025 video on Instagram, shadow secretary of state for energy security and net-zero Claire Coutinho referenced the London plan, for example, which is a framework for development in the capital launched in 2021. She said:
“[London mayor] Sadiq Khan says no. The London plan says we shouldn’t have air con because it uses too much energy. But this is mad! This is a poverty mindset that we need to get away from.”
The London Plan does not stop homes from having AC. It simply says that, for new buildings, passive design measures should be prioritised, such as the orientation of the building, the window design and incorporation of measures such as external shading and trees.
A recent response from the mayor added further measures, such as the need to “minimise the necessity for the operation of mechanical measures including AC, which would further add to the heat island effect within urban areas and add operational cost to residents”.
Elsewhere, new-build homes across England must meet the requirements of “part O” of the 2022 building regulation updates. This includes addressing overheating in buildings through energy-efficient design and prioritising passive cooling, with AC as a last resort.
For existing buildings, most AC units fall under “permitted development rights”, meaning no planning application is required to install them.
Additionally, regulations were relaxed in 2025 to make it easier to install an air-to-air heat pump – which can both heat and cool air – without planning permission.
This means that, far from blocking the expansion of AC, net-zero policy has made it easier to install specific cooling systems.
Speaking to Carbon Brief, Andrew Sissons, director of sustainable future at Nesta, says the government must now implement its announced £2,500 subsidy for air-to-air heat pumps “as quickly as possible”, to further ensure that the technology can be rolled out efficiently. He adds:
“[The government] should also continue to expand permitted development rights for air-to-air heat pumps, with a particular focus on flats and homes in denser areas. As long as heat pumps meet the MCS [Microgeneration Certification Scheme] noise test, there are few reasons to limit their use via the planning system.”
Some properties, such as large homes, listed buildings or those in conservation areas, may still require planning permission to install an air-to-air heat pump or other AC. Sissons notes that this can add cost and delay to installation.
While it cannot be said that AC has been blocked or banned due to net-zero, neither has it been prioritised.
This may shift as temperatures continue to rise. UK government advisors at the Climate Change Committee (CCC) suggest that 22% of the UK’s housing stock will likely need active cooling, such as AC, to cope with 2C of global warming.
The CCC’s recent adaptation report also calls for all new homes to be built using low-cost, passive cooling measures, alongside more AC.
Active cooling such as AC is more likely to be needed for retrofitting existing homes, the report adds.
AC is not the only answer to overheating cities
AC has become increasingly politicised in Europe, as demonstrated by France’s RN party announcing its “grand plan for AC” in all public buildings.
As noted by Dutch MEP Gerben-Jan Gerbrandy, this “far-right” embrace of AC is coming from the same people who for years have “delayed emissions reductions”.
In response, left-leaning policymakers in Europe have frequently downplayed the role of AC, prioritising programmes of urban greening and retrofitting older buildings.
Such approaches for dealing with extreme heat have already proved successful. Therefore, many experts argue that these methods, alongside AC, will be essential to prepare for a hotter world.
According to the IPCC’s sixth assessment report, adaptive infrastructure, such as urban forests and green roofs, can reduce energy use because of cooling, with co-benefits for climate, air quality, physical and mental health.
While retrofitting older buildings for heat as well as insulating them from the cold might prove challenging, urban greening and an active shade policy – one that determines how much of every street is exposed to direct sunlight – are simple measures cities can adopt.
Some experts have also warned about the high cost of running AC, expressing concerns that excessive reliance on the technology could increase energy poverty.
In a Carbon Brief guest post published in 2025, researchers at the Basque Centre for Climate Change found that framing AC as the “default solution” can miss the opportunity to design “more inclusive, human-centred responses” to rising temperatures.
William Lewis, a PhD candidate and one of the guest post’s authors, tells Carbon Brief it is not a case of “one or the other”, when considering AC and other options:
“We have this opportunity in European countries to choose a slightly different path [from the US], which isn’t AC in every single home.”
King’s College London’s Pillai says that, by centring the debate on AC, the far-right response to the heatwaves in Europe has “completely neglected the science of how you cool human beings”.
There are many solutions, he adds, that are already widely used across hot developing countries, such as ceiling fans, windows that open and cross-ventilation, as well as strategies to reduce cumulative hours of heat exposure.
Pillai tells Carbon Brief that, while places reaching 42C and higher “definitely need to think about AC very seriously”, places in the “low to mid 30Cs” could rely on these alternatives.
Behavioural change, he adds, is the “least glamorous part” of heat policy, but “pulls most of the weight” of protecting people. These include a wide range of actions and responses – from reducing heat exposure, to wearing lighter clothing and drinking more water and fluids.
There are also workplace protections. Pillai tells Carbon Brief that these could include legislation on mandatory work breaks, cooling and shade requirements at workplaces, as well as health insurance that covers heat stress days that have been lost by heat-exposed workers.
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