Los ciudadanos mexicanos acudirán a las urnas el 2 de junio de 2024 para elegir a un nuevo presidente, una nueva legislatura y otros miles representantes de cargos públicos locales.
Tres candidatos –dos de ellos mujeres– contienden para suceder al actual presidente de izquierda, Andrés Manuel López Obrador. Esta podría ser la primera vez que una mujer es elegida presidenta de México.
En México, los candidatos presidenciales pueden ser presentados por una coalición de distintos partidos políticos que comparten objetivos y agendas comunes.
La candidata que lidera las encuestas, la Dra. Claudia Sheinbaum, representa a una coalición de izquierdas, que incluye al partido gobernante de Obrador, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Xóchitl Gálvez representa a varios partidos de oposición de derecha y centro-izquierda, incluido el Partido Acción Nacional. Jorge Álvarez Máynez es el candidato del partido de centro-izquierda Movimiento Ciudadano.
México –un país con más de 126 millones de habitantes y considerado la segunda economía más grande de América Latina, después de Brasil– tuvo la 11ª mayor emisión de gases de efecto invernadero del mundo en 2018. (Más información en el perfil de México de Carbon Brief).
Dentro del G20, México es el único miembro que no ha establecido un objetivo de emisiones netas cero. El país sigue dependiendo en gran medida del petróleo, el gas y el carbón. Se enfrenta a varios retos en la descarbonización de su economía, la aplicación de su ley nacional sobre el clima y la protección de su biodiversidad mediante, por ejemplo, preservar su agencia de biodiversidad.
En el cuadro que figura a continuación, Carbon Brief compara las propuestas de los tres candidatos presidenciales en materia de energía, clima y biodiversidad, basándose en sus plataformas electorales, páginas web oficiales y otros documentos oficiales clave.
Cada entrada del cuadro representa una cita directa de uno o más de estos documentos.
¿Cuál es la situación del país?
En su compromiso actualizado ante la ONU sobre sus acciones y ambiciones climáticas –su contribución determinada a nivel nacional– México afirma que contribuye con el 1.3% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI).
El país busca reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero un 35% por debajo de la línea base para 2030, aumentando hasta el 40% con ayuda financiera internacional.
Según el documento, las emisiones en 2020, sin incluir las absorciones terrestres, se situaron en 804 millones de toneladas equivalentes de dióxido de carbono (MtCO2e), cifra que aumentaría a 991MtCO2e si no se aplicaran medidas de mitigación.
Esto significa que alcanzar el objetivo inferior supondría recortar las emisiones un 25% por debajo de los niveles de 2020 y el objetivo condicional, una reducción del 35% desde el mismo punto de partida.
Su referencia para 2030 es de 991MtCOe sin esfuerzos de mitigación para ese mismo año, alcanzando hasta un 40% de reducción de emisiones con apoyo financiero internacional.
Los combustibles fósiles representan el 86% del suministro total de energía, mientras que las renovables sólo suponen el 8%.
En 2022, la asociación de investigación y ONG Transparencia Climática concluyó que México “necesita adoptar políticas para eliminar gradualmente el uso de combustibles fósiles [por ejemplo] carbón y petróleo pesado, reduciendo al mismo tiempo la brecha de desigualdad social”.
Sandra Guzmán es directora general del Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC) y miembro de México resiliente, un grupo de organizaciones de la sociedad civil que envió a los candidatos presidenciales una propuesta de plan climático para el país.
Esta elección es particularmente importante debido a la necesidad de reducir rápidamente las emisiones globales en esta década, dice a Carbon Brief. Guzmán agrega:
“Este es el sexenio más importante para alcanzar las metas climáticas. Si alguien sin interés en el cambio climático llega al poder, estaríamos desdeñando y desechando todo compromiso que México haya hecho y difícilmente después de esto vamos a lograr ponernos en la senda de cumplimiento”.
¿Cuáles son las propuestas?
La doctora Claudia Sheinbaum es la candidata de la coalición “sigamos haciendo historia”, integrada por el partido gobernante de izquierda, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Es doctora en ingeniería energética y fue jefa de gobierno de la Ciudad de México de 2018 a 2023.
La hoja de ruta de Sheinbaum para 2024-2030 tiene como objetivo “descarbonizar la matriz energética lo más rápido posible”. Sin embargo, el documento de 381 páginas señala que su administración estaría “en línea” con la política energética de Obrador, que se basa en la autosuficiencia energética a través del fortalecimiento de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), y la rehabilitación y adquisición de refinerías. Al igual que la hoja de ruta, la plataforma electoral de la coalición no menciona ninguna referencia a las emisiones netas cero.
Además, recientemente ha dado a conocer un plan para invertir más de $13 mil millones de dólares en nuevos proyectos de generación de energía hasta 2030, según Reuters. Esto incluiría el aumento de la generación de energía eólica y solar, así como la modernización de cinco centrales hidroeléctricas.

Durante el segundo debate presidencial, emitido el domingo 28 de abril, Sheinbaum reafirmó su propuesta de impulsar las fuentes de energía renovables. Esto incluye paneles solares domésticos, así como el crecimiento del transporte eléctrico, mientras se depende del gas y de más centrales de ciclo combinado para la transición energética.
La candidata de “sigamos haciendo historia” tiene actualmente una ventaja sustancial en las encuestas, pero no está muy claro si su coalición logrará la mayoría de dos tercios en la legislatura que necesitaría para promulgar sus deseadas reformas constitucionales.
Xóchitl Gálvez es la candidata de la coalición de varios partidos de oposición de derecha y centro-izquierda, entre ellos el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática. Es ingeniera informática, empresaria, ex alcaldesa de la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México de 2015 a 2018 y ex senadora de 2018 a 2023.
La plataforma electoral de su coalición esboza un plan de descarbonización y promete recursos para impulsar planes locales y nacionales de transición energética. Una de sus propuestas energéticas más destacadas, esbozada en su página web oficial, es que el país alcance las “emisiones netas cero de carbono” en 2050.
En el debate televisivo, Gálvez reafirmó su compromiso de lograr cero emisiones netas en 2050, hacer más eficiente el modelo de negocio de Pemex y promover rondas de energías limpias y subastas eléctricas. En una nueva propuesta, sugirió que el 50% de la energía proceda de fuentes renovables para 2030.
Jorge Álvarez Máynez es el candidato del partido de centro-izquierda Movimiento Ciudadano. Fue diputado del congreso de México en los periodos 2015-2018 y 2021-2024.
La plataforma electoral del partido busca establecer una fecha límite para eliminar gradualmente el uso de combustibles fósiles. Su partido dice estar comprometido con la transición energética y reconoce que esto implicará reemplazar los ingresos de los combustibles fósiles, sugiriendo que los ingresos de la producción de litio, viento y energía hidroeléctrica compensarán el déficit. Aunque la plataforma electoral promete objetivos más ambiciosos de reducción de emisiones, no menciona el cero neto.
Durante el debate, Máynez reiteró algunas de las propuestas esbozadas en su plataforma electoral. Entre ellas, la importancia de la transición a fuentes de energía limpias, como la solar y la eólica, el cambio de un impuesto sobre el petróleo por un impuesto verde para la electromovilidad y el transporte público, y el cierre de una planta de refinería y termoeléctrica. Dijo que su administración instalaría paneles solares en todas las escuelas y hospitales, e impulsaría el desarrollo sostenible en el sur del país.
Temas ausentes
El segundo debate presidencial fue el primero en México que incluyó el cambio climático y el desarrollo sostenible como una de sus áreas temáticas. Los tres candidatos debatieron sus propuestas sobre mitigación y transición energética, mientras que la adaptación apenas se mencionó.
México se enfrenta actualmente a la escasez de agua y sequía. De octubre del año pasado a abril de este año, las 210 presas del país registraron cifras de almacenamiento por debajo de los promedios históricos, según la comisión nacional del agua de México. Añade que casi el 80% del país atraviesa actualmente algún nivel de sequía, siendo las regiones noroeste y centro las más afectadas. Todos los candidatos reconocieron ambos problemas en el debate.
Sheinbaum dijo que pondría en marcha un plan nacional del agua centrado en la tecnificación del riego agrícola, y el reciclaje y el impulso de nuevas fuentes de agua, como la desalinización del agua de mar. También mantendría el programa de agroecología Sembrando Vida, cuestionado por expertos por sus impactos en la deforestación y las comunidades, y por no contar con indicadores ambientales en Centroamérica.
Gálvez propuso crear una agencia trinacional entre México, Estados Unidos y Canadá para hacer frente a los incendios forestales. En materia de agua, dijo que su gobierno dotaría de recursos financieros a la comisión nacional del agua y trataría el 100% de las aguas residuales para 2040.
Máynez planea duplicar el presupuesto para infraestructura hídrica, incluidas presas, acueductos y reparación de fugas. Propone nuevas condiciones para las empresas que se instalen en el país, ya que actualmente la mayor parte del agua está concesionada a grandes compañías.
Guzmán dice a Carbon Brief que, en lo que se refiere a políticas climáticas, las mayores lagunas en las propuestas de los candidatos están en la adaptación y el financiamiento. Ella critica a los candidatos por no ver el cambio climático como un tema transversal y por no etiquetar fondos o reformas fiscales para abordar el asunto.
La biodiversidad, las pérdidas y daños y el Acuerdo de Escazú –un acuerdo ratificado por 16 países de América Latina y el Caribe para proteger a los defensores ambientales– también están ausentes, según Anaid Velasco, directora de país de GFLAC México y miembro de México resiliente.
Ella dice a Carbon Brief que la biodiversidad es “crucial”, ya que el Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal ordena a los países presentar sus estrategias nacionales de biodiversidad (NBSAPs, en inglés) este año. México “debería estar trabajando en ello”, afirma.
The post Elección de México 2024: qué dicen las plataformas electorales sobre energía y cambio climático appeared first on Carbon Brief.
Elección de México 2024: qué dicen las plataformas electorales sobre energía y cambio climático
Climate Change
New Zealand moves to protect business with law curtailing climate litigation
New Zealand’s parliament has adopted a controversial new law blocking a whole avenue of climate litigation and shutting down its most advanced corporate lawsuit, which has been blamed by the government for shaking business confidence and investment.
The Climate Change Response (Tort Liability) Amendment Bill, expected to take effect in the coming days after it is formally signed by the Governor-General, prevents all current and future civil claims for climate loss or harm under tort law.
Justice minister Paul Goldsmith said last week that the aim was to give businesses “certainty around their climate change obligations”, noting it would not alter the government’s responsibilities under the Climate Change Response Act 2002 nor business obligations under the Emissions Trading Scheme.
“Our response to climate change is best managed by the Government at a national level and not through piece-meal litigation in the courts,” he added in a statement.
Such litigation, he said, “risks developing a new regime that contradicts the framework Parliament has already enacted” to tackle climate change.
Goldsmith singled out a key domestic climate lawsuit brought by Northland iwi leader and activist Mike Smith against six big companies: dairy firms Fonterra and Dairy Holdings, energy firms Genesis Energy and Z Energy, New Zealand Steel and coal mining firm BT Mining. A seventh original defendant, Channel Infrastructure, was dropped after it permanently decommissioned its Marsden Point oil refinery.
Smith argued that these companies had caused him harm under public nuisance and negligence law, as well as a third breach of a duty to cease contributing to climate change that has yet to be tested domestically. He did not seek financial compensation, instead asking for the companies to immediately stop emitting or contributing to net greenhouse gas emissions.
In one of the most advanced corporate climate accountability lawsuits in the world, a trial had been scheduled for April 2027 after the Supreme Court unanimously allowed the case to continue.
Corporate lobbying in the shadows
Smith described the passing of the bill as “deeply concerning”, particularly as it coincided with the Supreme Court hearing another of his climate lawsuits. In that case, Smith v Attorney-General, he argues that the government’s response to climate change and its impacts on Māori communities in particular breaches rights to life and culture.
“That timing raises profound questions about the separation of powers and the rule of law,” said Smith. “Whatever one’s view of the merits of these cases, it is deeply troubling when parliament intervenes to remove a legal pathway while the courts are actively considering fundamental questions about climate responsibility, rights and the crown’s obligations.”
The bill – which says that no person (including the government) can be found liable in tort for emissions-related climate change effects – followed major lobbying efforts by the companies defending themselves in Smith’s lawsuit. They outlined a proposed legal amendment in a briefing note to the government in 2024.
The centre-right government has been fiercely criticised over its lack of transparency in relation to this lobbying activity. The national ombudsman recently found that the Prime Minister’s Office effectively withheld information requested by the Environmental Law Initiative about meetings, discussions and conversations regarding Smith’s case.
Green groups fail to stop bill
The bill sparked huge concern among environmental campaigners in New Zealand and elsewhere. Greenpeace Aotearoa called it a “shocking abuse of executive power” and the vast majority of submissions to a parliamentary inquiry said it should be rejected.
But in the end, it was adopted with little resistance, moving relatively smoothly through parliament, passing its third reading by 67 votes to 53. Sam Bookman, climate law lecturer at Melbourne Law School, told Climate Home News he was not surprised by this, given that the coalition government has a secure majority.
A complaint has been made to the UN special rapporteur on climate change and human rights by Smith, the National Iwi Chairs Forum Pou Tikanga and youth coalition Climate Clinic Aotearoa over what they see as the government’s heavy-handed approach. Smith is also challenging the new law in yet another lawsuit.
“Pathetic”: New Zealand plans to barely cut emissions between 2030 and 2035
Bookman thinks it “very unlikely” that such a challenge will succeed, noting that New Zealand’s constitution is firmly anchored in parliamentary sovereignty.
But the expert in climate law does not see the bill as the end of legal action in the country, noting that New Zealand has a “sophisticated climate litigation landscape with a growing number of specialist and experienced lawyers and NGOs”.
The country is also approaching its next general election in November, and some opposition parties have pledged to restore access to the courts if elected.
Amanda Larsson, global project lead on agriculture for Greenpeace International, said: “This law deserves to be tested, and I strongly encourage the international climate litigation community to unite and help defend New Zealanders’ fundamental right to hold polluters accountable before this becomes a global blueprint.”
Copycat legislation on the rise
New Zealand’s move is part of a small but growing legislative effort to shut down climate litigation around the world.
In the US, Republican politicians introduced legislation in the House and Senate in April that would shield fossil fuel firms from climate liability lawsuits. Similar laws have already been passed at state level in Tennessee, Utah, Iowa and Louisiana.
The German state of Bavaria has put forward a similar proposal to the Federal Council, aiming to block private climate claims as well as the recognition and enforcement of foreign judgments imposing such liability. There are also proposals to limit available remedies and actions in the Netherlands and Belgium.
UN General Assembly backs “climate obligations” set by world’s top court
Bookman said he expects more efforts to counter climate damages litigation and advised plaintiffs to think about how to respond, including drawing on broader support in opposing them.
“Even though it’s very hard for plaintiffs to win these types of cases, companies are very eager to avoid the expense, embarrassment and political accountability that come even with unsuccessful lawsuits,” he said.
The post New Zealand moves to protect business with law curtailing climate litigation appeared first on Climate Home News.
New Zealand moves to protect business with law curtailing climate litigation
Climate Change
Indonesia’s nickel production cuts are not enough to create a sustainable industry
Bhima Yudhistira Adhinegara is the Executive Director of the Center of Economic and Law Studies (CELIOS), an Indonesia-based economic think tank. Muhammad Zulfikar Rakhmat is the Director of the China-Indonesia desk at CELIOS.
Indonesia produces around 60% of the world’s nickel, a metal used to manufacture batteries for electric vehicles (EVs) – more than any other country in the world. But in 2026, the government sharply reduced how much of its nickel can be extracted from the ground.
Production quotas were reduced by around 40% this year compared to 2025. Weda Bay, the largest nickel mine on Earth, had its allowance cut by more than 70% and exhausted its full-year quota by the end of May, halting mining entirely; it cannot resume large-scale extraction until next year unless regulators grant an extension.
The policy has sparked a vivid debate in Indonesian policy circles: how can the country shift its strategy from a decade of mining vast quantities of cheap nickel to producing a high-value and low-carbon material that the rest of the world wants for EV batteries.
The cuts aren’t a silver bullet to clean up Indonesia’s nickel industry, whose smelters are powered by coal – the most polluting fossil fuels. But alongside stricter enforcement of environmental rules, it is one side of efforts to produce more sustainable nickel for a premium.
Restricting Indonesia’s nickel output
Production quotas were introduced to stop the collapse of nickel prices because of oversupply in the market. Prices had fallen more than 40% in 2023 alone and kept sliding as Indonesian supply kept growing, hitting a four-year low of around $13,900 a ton in late 2025.
Critics called the recent tightening of production quotas proof that Indonesia’s nickel strategy has failed, arguing that the industry shouldn’t need to throttle its own output to survive. But when assessed against what the policy was supposed to do – push up nickel prices – it has worked. Prices jumped to $20,000 a ton in May, the highest since 2024.
Chinese industry groups representing companies that have invested billions to mine and refine the country’s nickel were furious, warning Indonesia’s president Prabowo Subianto that the cuts put $50 billion worth of investment at risk. But much of that Chinese capital is sunk into smelters and processing plants built specifically to run on Indonesian ore, and cannot simply be moved elsewhere. That gives Jakarta more room to hold its ground than the warning suggests.
Stronger environmental enforcement
Since the start of the year, Indonesia’s forestry task force has seized more than four million hectares of land from mines and plantations operating illegally in protected forests, collecting over two trillion rupiah ($113 million) in fines.
This included 148 hectares seized from Weda Bay for lacking a forestry permit. The share of nickel produced from illegal small-scale mining also fell from about a quarter in 2022 to roughly 10% by 2024.
The crackdown responds to serious environmental damages in the nickel industry. On Obi Island, a waste pond collapsed after heavy rain in June 2025, flooding three villages and killing a resident. Internal company tests found chromium-6 – a carcinogen – in the water, in quantities far above the legal limit. The footprint of another mine near Raja Ampat, which is home to some of the world’s richest coral reefs, grew 60-fold in just eight years.

The market is responding to early cleanup efforts. Low-carbon nickel now sells for a real premium, roughly $18,800 to $19,300 a ton compared with $17,900 to $18,300 otherwise, as carmakers seek to source cleaner materials to comply with the European Union’s new emissions rules for imports.
In turn, this is incentivising the industry to do more to green its operations. Vale Indonesia’s smelter in South Sulawesi now runs almost entirely on hydropower, for example.
None of this addresses coal use, however. Major Indonesian nickel producers still emitted an estimated 15 million metric tons of greenhouse gases in 2023. Indonesia may be cracking down on illegal mining and rewarding cleaner producers but it is still running its mines on the dirtiest fuel available.
Unequal benefits
For Indonesia to truly benefit from producing cleaner and high-value nickel, it needs to reap the economic benefits too. Although the industry has boosted the country’s economic growth, the reality on the ground tells a different story.
Konawe in Southeast Sulawesi is home to a major smelting complex. Growth in the district jumped from 6% to 22% between 2015 and 2023, driven almost entirely by the nickel industry, according to a study by the Lowy Institute study. At the same time, poverty levels increased slightly and unemployment remained unchanged.
In Halmahera, another epicentre of the nickel industry, spending by the poorest fifth grew just 5% between 2019 and 2022, compared with 28% for the wealthiest fifth, according to a separate study.
Part of the reason for this inequality is the system for transferring mining royalties to district authorities where the mines are located. In theory, they are entitled to the largest share. But in practice, payments are delayed, companies routinely dispute what they owe and royalties are pooled and distributed across a larger area.
The Natural Resource Governance Institute has found that decentralisation handed local governments power to approve new mines faster than they could build their capacity to manage them. Higher output raises national income on paper, but local governments remain constrained by fiscal rules and infrastructure costs that scale with mining.
None of this makes the 2026 quota cuts a mistake. Indonesia has every right to defend its pricing power over a resource it controls. But limiting extraction isn’t going to fix underlying issues around environmental enforcement and revenue-sharing. That requires rules that are consistently enforced, royalties that reach communities living by the mines, and a plan to wean smelters off coal.
The post Indonesia’s nickel production cuts are not enough to create a sustainable industry appeared first on Climate Home News.
Indonesia’s nickel production cuts are not enough to create a sustainable industry
Climate Change
Risk of “catastrophic” oil spill reaching Kimberley coast found in Woodside’s Scott Reef gas drilling plans
SYDNEY, Monday 24 August 2026 – New analysis of Woodside modelling released by Greenpeace Australia Pacific and Environs Kimberley has revealed the oil and gas corporation’s plans to drill at Scott Reef could cause an oil spill up to 30 times bigger than the 2009 Montara disaster, impacting the Kimberley coastline and reaching as far as Indonesia.
The new analysis details the “catastrophic” oil spill risk put to environmental regulators for approval by Woodside in its Browse to North West Shelf Project (Browse) plans, the worst-case scenario being a blowout directly below Scott Reef, polluting whale migratory pathways and covering isolated turtle nesting ground with oil condensate.
An FOI application (F348) revealed the federal environment department (DCCEEW) asked offshore oil and gas regulator NOPSEMA to look into the oil spill risk in 2025. NOPSEMA’s response to the application refused access to its report, and one document shows DCCEEW sought further advice this year.
Greenpeace and Environs Kimberley are calling on the Federal Government to publicly release the NOPSEMA report given the risk of an uncontrolled release of oil condensate from directly below Scott Reef.
Hannah Schuch, Senior Campaigner at Greenpeace Australia Pacific, said: “Woodside is aware that drilling at Scott Reef risks a massive oil spill that would have severe, far-reaching consequences. It appears environmental regulators are aware too.
“The state and federal governments need to take this risk from Woodside’s drilling plans seriously, as they could end up allowing the worst oil spill in Australian history.
“The pygmy blue whales that migrate up and down the WA coast with their newborns each year could be swimming and feeding in toxic, oil-slicked water. Woodside’s proposal to drill at Scott Reef is an environmental disaster waiting to happen, and the WA and federal governments have one surefire way to prevent catastrophe — reject Browse.”
Martin Prichard, Executive Director at Environs Kimberley, said: “A catastrophic oil spill by Woodside would be disastrous not just for marine life in the area but also for the Kimberley’s $500 million tourism industry.
“The state and federal governments will see five marine parks on the Kimberley coast included in the risk area of a catastrophic Woodside oil spill.
“The Montara oil spill was disastrous for West Timor with the toxic oil destroying seaweed farmers’ livelihoods. The Kimberley dodged a bullet with Montara, we were lucky the spill didn’t head our way. Myself and a crew flew over the Montara oil spill and followed it as far as we could. It was like a scene from a disaster movie.”
After the WA Environmental Protection Authority deemed Browse “unacceptable” due, in part, to oil spill risk, Woodside submitted a mitigation plan based on technology that has never been used “in anger”, a weakness stated in an independent expert review of the plan.
Professor Richard Steiner, independent oil spill expert, said: “A large offshore spill is impossible to effectively contain or recover. Historically, only 2-6% of total spill volume is recovered and the ecological injury from the release of toxic hydrocarbons in the sea can be severe, extensive, and long-term.
“Here in Alaska, government research concludes that several marine populations injured by the 1989 Exxon Valdez oil spill, including whales, fish, and seabirds, are still not recovering today, 37 years later. We should expect similar long-term ecological impacts in Western Australia if there were to be a major oil spill. The only sure way to avoid the risk of a catastrophic marine oil spill is to not develop oil and gas projects in marine environments.”
-ENDS-
Media contact
Emma Sangalli on emma.sangalli@greenpeace.org or 0431 513 465
-
Climate Change1 year ago
Guest post: Why China is still building new coal – and when it might stop
-
Greenhouse Gases1 year ago
Guest post: Why China is still building new coal – and when it might stop
-
Greenhouse Gases2 years ago嘉宾来稿:满足中国增长的用电需求 光伏加储能“比新建煤电更实惠”
-
Climate Change2 years ago嘉宾来稿:满足中国增长的用电需求 光伏加储能“比新建煤电更实惠”
-
Climate Change2 years ago
Bill Discounting Climate Change in Florida’s Energy Policy Awaits DeSantis’ Approval
-
Renewable Energy10 months agoSending Progressive Philanthropist George Soros to Prison?
-
Greenhouse Gases1 year ago
嘉宾来稿:探究火山喷发如何影响气候预测
-
Carbon Footprint2 years agoUS SEC’s Climate Disclosure Rules Spur Renewed Interest in Carbon Credits









