La cumbre sobre biodiversidad COP16 se detuvo abruptamente después de que los países no alcanzaran un consenso sobre la creación de un nuevo fondo durante una gigantesca sesión plenaria final de 10 horas.
Los países debatieron durante toda la noche del viernes en Cali, Colombia, en un intento de sacar adelante los numerosos puntos de la agenda de la COP16.
Pero, a medida que las conversaciones se prolongaban hasta el sábado por la mañana, un gran número de delegados de países en desarrollo se vieron obligados a tomar vuelos de regreso a casa, dejando a las partes sin el “quórum” necesario para alcanzar un consenso sobre asuntos clave.
Los países lograron llegar a un consenso sobre un nuevo mecanismo de reparto de beneficios para los recursos genéticos – conocido como “fondo de Cali” – tras largas discusiones y cambios de última hora en el texto propuestos por India para proteger los derechos soberanos.
Las naciones también acordaron un nuevo órgano permanente para los pueblos indígenas, que les permitirá por primera vez asesorar y ofrecer directamente su punto de vista en las COPs sobre biodiversidad.
Sin embargo, la difícil tarea de crear un nuevo fondo en el marco de la COP – y el último punto de la agenda referente a un nuevo marco para supervisar los avances de los países para detener la pérdida de biodiversidad – deberán volver a tratarse en las reuniones intersesionales el año que viene.
Las conversaciones se vieron ensombrecidas por la falta de avances en la aplicación del Marco Mundial para la Biodiversidad de Kunming-Montreal, el histórico “Acuerdo de París para la naturaleza” alcanzado en la COP15 de Montreal en 2022.
Una investigación conjunta de Carbon Brief y The Guardian reveló justo antes de la apertura de la cumbre que la gran mayoría de los países incumplieron el plazo para presentar nuevos planes sobre cómo cumplirán los objetivos del marco antes de la COP16.
Al final de la cumbre, sólo 44 de 196 partes – el 22% – habían presentado nuevos planes de biodiversidad.
Algunas naciones megadiversas y grandes economías afirmaron que no tuvieron el tiempo necesario para poner en marcha planes, mientras que los países en desarrollo afirmaron que no recibieron el financiamiento requerido para elaborar nuevos compromisos.
A continuación, Carbon Brief ofrece un resumen y análisis en profundidad de algunos resultados clave de la COP16, traducidos al español de nuestro texto original en inglés. (Para ver nuestro resumen y análisis completo, consulta nuestra versión en inglés.)
- Negociaciones formales
- Compromisos nacionales sobre biodiversidad (NBSAPs) y revisión global de NBSAPs
- Revisión global
- Financiamiento
- Nuevo fondo y mechanismo financiero
- Lucha por los 20,000 millones de dólares
- Financiamiento privado e innovador
- Información sobre secuencias digitales
- Marco de supervisión
- Artículo 8(j)
Negociaciones formales
Compromisos nacionales sobre biodiversidad (NBSAPs) y revisión global de NBSAPs
La COP16 fue la primera cumbre sobre biodiversidad desde que las naciones firmaron a finales de 2022 un acuerdo histórico llamado Marco Mundial para la Biodiversidad Kunming-Montreal (GBF, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es detener e revertir la pérdida de biodiversidad para 2030. A menudo se describe como el “Acuerdo de París para la naturaleza”.
Como parte del GBF y sus documentos subyacentes, los países acordaron presentar nuevas promesas nacionales sobre biodiversidad, conocidas como estrategias y planes de acción nacionales sobre biodiversidad (NBSAPs en inglés) “antes” de la COP16, que comenzó el 21 de octubre.
Las nuevas NBSAPs debían esbozar cómo los países implementarán los objetivos y metas del GBF dentro de sus fronteras.
Por ello, la publicación de nuevas NBSAPs fue considerada por muchos como una prueba clave para ver si los países están tomando medidas para garantizar la reversión de la pérdida de biodiversidad de aquí a 2030.
Durante el último año, Carbon Brief ha seguido de cerca la publicación de nuevos NBSAPs. Un puñado de países europeos, entre ellos España, Irlanda y Francia, fueron los primeros en publicar sus nuevas NBSAPs en 2023 y principios de 2024.
En los meses previos a la COP16, los avances fueron lentos. En septiembre, apenas un mes antes de la COP16, sólo 19 de las 196 partes habían publicado nuevas NBSAPs.
Justo antes de la cumbre de octubre, Carbon Brief publicó una investigación junto con The Guardian en la que se concluía que el 85% de los países – 170 de 196 partes – no cumplirían el plazo para presentar nuevas NBSAPs antes de la COP16.
Entre ellos, 12 de los 17 “países megadiversos“, que en conjunto albergan el 70% de la biodiversidad mundial. (Estados Unidos es un país megadiverso, pero no forma parte del CDB).
Carbon Brief y The Guardian hablaron con varias economías importantes y naciones megadiversas sobre los motivos por los que no pudieron cumplir el plazo.
Países megadiversos como Brasil y Colombia afirmaron que el plazo dado para elaborar las nuevas NBSAPs no fue suficiente para consultar adecuadamente a todas las partes interesadas y a los grupos indígenas; India aludió a las dificultades para trasladar los objetivos a un contexto local; y el Reino Unido culpó a los múltiples cambios de poder, tanto en Escocia como a nivel nacional.
Por otra parte, muchos países en desarrollo afirmaron que la falta de financiación oportuna del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), uno de los principales fondos multilaterales para el medio ambiente, les había impedido elaborar nuevas NBSAPs.
Varias partes publicaron nuevas NBSAPs durante la cumbre, justo después de la fecha límite. Entre ellas, el país anfitrión de la COP16, Colombia, así como Alemania, Irán, Venezuela, Perú, India, Tailandia, Tanzania, Vietnam, Argentina y Países Bajos.
Al término de la cumbre, el 2 de noviembre, 44 de las 196 partes habían elaborado nuevas NBSAPs.
Según el GBF y sus documentos subyacentes, a los países que “no estaban en condiciones” de cumplir el plazo para enviar sus NBSAPs antes de la COP16 se les pidió que, en su lugar, presentaran objetivos nacionales.
Estas propuestas se limitan a enumerar los objetivos de biodiversidad a los que aspiran los países, sin un plan de acompañamiento sobre cómo alcanzarlos.
Al final de la cumbre, unas 119 partes habían elaborado objetivos nacionales.
Esto incluía a muchos países en desarrollo. Bernadette Fischler Hooper, directora de defensa global de WWF, declaró a Carbon Brief que esto demostraba la voluntad de los países en desarrollo de aplicar los objetivos del GBF, a pesar de no disponer de los fondos necesarios para elaborar las NBSAPs.
Una de las principales tareas de los negociadores en Cali fue decidir cómo avanzar después de que la mayoría de los países no presentaran nuevas NBSAPs antes de la cumbre.
Al final de la cumbre se adoptó un nuevo texto de decisión sobre las NBSAPs.
El texto “insta” a los países que aún no lo hayan hecho a que publiquen nuevas NBSAPs “lo antes posible”. (En términos lingüísticos de la ONU, “insta” es más fuerte que “invita” o “alienta”, pero no tanto como “solicita” o “instruye”).
Carbon Brief entiende que, durante las negociaciones del texto, el Reino Unido planteó la idea de fijar un plazo “lo antes posible y a más tardar en octubre de 2025”.
(Octubre de 2025 es la fecha de la próxima reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (SBSTTA, por sus siglas en inglés).
Sin embargo, “la sala no parecía entusiasmada” con la propuesta del Reino Unido, según una persona con información privilegiada, ya que muchas partes opinaban que “tan pronto como sea posible” debía interpretarse como algo inmediato.
Fischler Hooper declaró a Carbon Brief que esperaba que el lenguaje dijera “lo antes posible, pero no más tarde de finales de 2025”, y añadió:
“En general, tener un plazo claro es bueno para que los países rindan cuentas. “Tan pronto como sea posible” se entiende comúnmente como “realmente muy pronto” y sólo podemos esperar que las partes también lo vean así”.
En reconocimiento de las dificultades de los países en desarrollo para elaborar nuevas NBSAPs, el texto también “solicita” al FMAM que “proporcione apoyo oportuno a todas las partes elegibles, en consonancia con las circunstancias y necesidades nacionales, previa solicitud, para permitirles” publicar nuevas NBSAPs.
Revisión global
El GBF y sus documentos subyacentes también establecen un plan sobre cómo deben revisarse y supervisarse los planes de biodiversidad de los países.
Según estos documentos, las partes deben presentar reportes nacionales con los indicadores principales acordados en 2026 y 2029. (Véase: Marco de seguimiento).
En la COP16 y en las “siguientes COPs”, se debería llevar a cabo un análisis global de las “NBSAPs, incluyendo los objetivos nacionales” para evaluar el progreso hacia la consecución del GBF.
Después deberá realizarse una “revisión global”, dice la sección J del GBF. Se trata de un elemento que, según los observadores, podría ser clave para la implementación. El documento subyacente dice que esta revisión global debería realizarse en la COP17 en 2026 y en la COP19 en 2028.
Tras las revisiones globales, habrá “revisiones voluntarias entre pares”, según el GBF, tras las cuales los países “podrán tener en cuenta el resultado de las revisiones globales en futuras revisiones e implementación de sus” NBSAPs y objetivos nacionales.
En Cali, los negociadores se encargaron de perfilar los detalles de cómo debería funcionar este proceso de revisión.
Hacia el final de la cumbre, elaboraron un nuevo texto en el que se deciden los detalles para la revisión global en la COP17 y la COP19.
El texto “decide” que la revisión global “culminará en una decisión o decisiones de las COPs, incluyendo cualquier recomendación, según sea necesario, para identificar y abordar los desafíos en el avance colectivo de la implementación, incluyendo los medios de implementación”.
Especifica que la revisión global “debe centrarse en evaluar el progreso colectivo y que la revisión se llevará a cabo de manera facilitadora, no intrusiva y no punitiva”. Añade que la revisión debe ser un “proceso impulsado por las partes”.
El texto también dice que la revisión global debe basarse en los informes nacionales, el asesoramiento de los órganos subsidiarios y un “informe global” sobre el “progreso colectivo” de los países en el cumplimiento de los objetivos de biodiversidad.
Este informe global “se basará en los datos y la información facilitados por las partes y en la mejor información científica, técnica y tecnológica disponible revisada por expertos, así como en los conocimientos tradicionales a los que se haya tenido acceso con el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y las comunidades locales”.
El texto no establece claramente cómo los países tendrán que responder a la revisión global, más allá de “recordar” la decisión del GBF de que los países “podrán” revisar sus EPANB en respuesta.
Un observador que siguió de cerca las negociaciones describió la omisión de cualquier tipo de seguimiento de la revisión global como una “preocupación principal”, según declaró a Carbon Brief:
“Las partes deben ser mucho más claras sobre lo que harán en respuesta a los resultados de la revisión global”.
El observador añadió que el texto final “reducía significativamente el número de aportaciones a la revisión global”, dejando poco margen a la sociedad civil para expresar sus preocupaciones.
Además, el texto de la revisión global carece de cualquier mención a “supervisión política de alto nivel”, que podría haber ayudado a involucrar a los países en la aplicación, añadió el observador.
Estaba previsto que el texto de revisión global se adoptara al final de la última sesión plenaria de la COP16. Sin embargo, tras 10 horas de negociaciones, un gran número de delegados de países en desarrollo se vieron obligados a tomar vuelos de vuelta a casa, dejando a las partes sin el “quórum” necesario para continuar. El texto tendrá que volver a examinarse en las reuniones intersesionales el año que viene.
Financiamiento
El financiamiento fue la “lucha” principal de la COP16, con profundas divisiones entre países desarrollados y en desarrollo.
Poco antes de las 8:30 de la mañana del sábado, los países llegaron a un punto muerto en la creación de un nuevo fondo mundial para la biodiversidad bajo la gobernanza de la COP, que había sido una demanda clave de los países en desarrollo.
Como una revisión solicitada reveló que la COP ya no alcanzaba el quórum, los debates sobre los contornos y la gobernanza de este fondo se reanudarán en una nueva sesión de la COP16, que probablemente se producirá paralelamente a las conversaciones intersesionales del próximo año.
Aunque el fracaso a la hora de establecer un nuevo fondo general decepcionó a los países en desarrollo, la presidencia colombiana intentó en el último minuto que se estableciera el fondo. El proyecto de decisión publicado a las 3:30 de la madrugada también incluía una de las prioridades clave de la presidencia para la conferencia – el reconocimiento de las elevadas cargas de la deuda existente. Todo ello a pesar de la oposición de los países deudores, como China.
El texto final del proyecto de decisión sobre movilización de recursos “toma nota” de los esfuerzos para acelerar la reforma del sector financiero internacional y pide que se revise cómo está afectando la crisis mundial de la deuda a la acción en favor de la biodiversidad.
Reaccionando al texto final, Oscar Soria de la Iniciativa Común, dijo:
“Movilizar financiamiento suficiente para alcanzar los objetivos de biodiversidad ha sido un problema importante durante 30 años. Hemos visto un liderazgo insuficiente por parte de los países más ricos: la UE y Francia en particular, Canadá, Suiza, Japón, Reino Unido, pero también China.
La presidencia colombiana estaba presionando para que se incluyeran temas importantes en las conversaciones, como la deuda soberana, y presentó una lista bastante exhaustiva de formas de explorar el financiamiento para la biodiversidad. [Pero] el estado de desconfianza entre los países en desarrollo y los desarrollados, y las decisiones tomadas por la ministra Muhamad sobre cómo organizó el proceso, hicieron que las negociaciones fueran muy desafiantes en las últimas horas”.
Lim Li Ching, de la Red del Tercer Mundo, declaró a Carbon Brief:
“El Norte [global] mantiene el statu quo. El [sur global] consigue un proceso.
“La negativa de las naciones ricas a considerar un fondo específico para ayudar a financiar la acción sobre biodiversidad en las naciones más pobres ha aumentado la desconfianza y retrasado los avances en su aplicación. La movilización de recursos tendrá que estar en la cima de la agenda cuando se reanude la COP16”.
Las conversaciones de Cali fueron una prueba de fuego para comprobar si los países habían cumplido sus compromisos de financiar los ambiciosos objetivos del GBF: movilizar “al menos $200,000 millones de dólares anuales” para la conservación de la biodiversidad a 2030 procedentes de “todas las fuentes”: nacionales, internacionales, públicas y privadas.
De ellos, se espera que los países desarrollados – junto con otros que “asuman voluntariamente” sus obligaciones – “aumenten sustancial y progresivamente” sus flujos de financiamiento internacional para la naturaleza “hasta al menos $20,000 millones de dólares por año para 2025, y hasta al menos $30,000 millones en 2030”, señala el texto del GBF.
Hace dos años, la presidencia china aprobó rápidamente un paquete financiero como parte del acuerdo de la COP15, a pesar de las protestas de los países en desarrollo. (Véase el resumen exhaustivo de Carbon Brief sobre los principales resultados de la COP15).
Este final aún estaba fresco en las mentes de los países desde el primer día de la cumbre, cuando las conversaciones en torno a la movilización de recursos y la financiación se agruparon, junto con otras cuestiones delicadas, en un grupo de trabajo.
Nuevo fondo y mechanismo financiero
En la fase previa a la COP15, los países en desarrollo, entre ellos Sudáfrica, apoyaron el llamado de Brasil en favor de un nuevo fondo para la naturaleza regido por la COP. En Montreal, los países aceptaron un fondo provisional – el Fondo del Marco Mundial para la Biodiversidad (GBFF, por sus siglas en inglés) – auspiciado por el Fondo Mundial para el Ambiente (FMAM).
Hasta septiembre de este año, siete países desarrollados habían aportado un total de menos de $250 millones de dólares al GBFF. El texto de la decisión de la COP16 sobre el mecanismo financiero, que no fue aprobado, señala que “varias [p]artes elegibles aún no han accedido al apoyo del FMAM, en particular para la revisión y actualización de las estrategias nacionales de biodiversidad”.
El primer día de la COP16, Zimbabue, en nombre de África, y Brasil, en representación de los países megadiversos, reavivaron la lucha por un nuevo fondo independiente del FMAM. En su intervención, Zimbabue calificó de “aparentemente ilusoria” la expectativa de que los países desarrollados cumplieran el objetivo de los $20,000 millones de dólares, pero afirmó que aún podría alcanzarse “dependiendo de lo que decidamos en esta COP16”.
Dos días después, los copresidentes publicaron un documento oficioso de 98 páginas en el que se recogía lo que los países querían para la financiación de la biodiversidad en los próximos cinco años hasta 2030. Los documentos oficiosos son documentos informales que reúnen opiniones divergentes mientras las partes intentan alcanzar un consenso jurídico. Los documentos oficiosos no suelen atribuir explícitamente las posturas de los países, pero en éste se incluía el nombre de cada país junto a su lista de deseos para una nueva estrategia de recursos.
En sus aportaciones al documento oficioso y en otros documentos, los países desarrollados, como Australia, Japón, la UE y otros, se opusieron a un fondo totalmente nuevo. Muchos sugirieron que se omitieran las referencias a los artículos 20 y 21 del CDB, que tratan de la equidad. También se resistieron a incluir una actualización de sus compromisos con el GBFF.
El “Día de financiamienton” de la COP16, celebrado el 28 de octubre, fue testigo de intentos e iniciativas para desbloquear la situación de los recursos. Siete países, entre ellos Nueva Zelanda, Francia y Austria, así como Quebec – el primer gobierno subnacional en hacerlo – prometieron $163 millones de dólares en total al GBFF, lo que eleva el fondo a $396 millones de dólares.
Los países, observadores y la sociedad civil reaccionaron bruscamente al anuncio.
“Estamos hablando de millones que se han comprometido… Pero lo que esperamos son miles de millones”, declaró a Reuters Irène Wabiwa Betoko, de Greenpeace.
Brian O’Donnell, de Campaign for Nature, declaró a Carbon Brief que “al menos estos $163 millones de dólares son subvenciones y no préstamos”.
A medida que la COP16 se acercaba a su fin, el futuro del nuevo fondo parecía cada vez más incierto. Tras ocho sesiones del grupo de contacto sobre movilización de recursos y el mecanismo financiero (copresidido por Ines Verleye, de Bélgica, y Patrick Luna, de Brasil), las negociaciones pasaron directamente a reuniones a puerta cerrada con ministros y jefes de delegación.
El viernes 1 de noviembre, último día previsto de la COP16, la presidencia colombiana hizo público un proyecto de texto de decisión que proponía aplazar los debates sobre un nuevo instrumento de financiación hasta discusiones intersesionales después de la COP16, sin dar muchos más detalles.
A las 3:30 de la madrugada del sábado, ya bien entrado el tiempo extra, la presidenta de la COP16, Susana Muhamad, alertó a los cansados delegados sobre un nuevo proyecto de texto de decisión relativo a la movilización de recursos. En un giro inesperado, el documento contenía una propuesta para establecer un nuevo fondo mundial para la biodiversidad bajo la gobernanza de la COP para la COP30.
Sin embargo, la aprobación del texto se vio impedida por la falta de quórum de la COP.
Lucha por los 20,000 millones de dólares
Una de las principales tensiones de la COP16 fue el compromiso del GBF de que los países desarrollados movilizaran colectivamente “al menos” 20.000 millones de dólares al año de aquí a 2025 para cubrir progresivamente el déficit de financiación de la biodiversidad de
$700,000 millones de dólares de aquí a 2030.
En Cali, a dos meses de 2025, no estaba claro si los países desarrollados acabarían cumpliendo este objetivo, ya que casi todos ellos estaban muy lejos de alcanzar su “parte justa”. (Véase: Artículo en profundidad de Carbon Brief sobre financiamiento de la biodiversidad y acciones justas).
Según los datos más recientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, los países desarrollados, incluido EE.UU., aportaron $12,100 millones de dólares a la financiación de la biodiversidad en 2022. Además, sólo $3,800 millones de ese financiamiento se destinaron específicamente a la biodiversidad.
El miércoles 30 de octubre, los ministros de 20 países en desarrollo hicieron pública una declaración en la que instaban a los gobiernos del Norte a cumplir y superar el objetivo de los $20,000 millones de dólares y a crear un grupo de trabajo de ministros de finanzas y medio ambiente para conseguirlo a tiempo.
La Alianza Ministerial para la Ambición de la Financiación de la Naturaleza estuvo formada por Burkina Faso, Camboya, Camerún, Dominica, Etiopía, Gambia, Granada, Guinea, Costa de Marfil, Liberia, Madagascar, Nigeria, San Cristóbal y Nieves, Samoa, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Togo, Vanuatu y Zambia.
Financiamiento privado e innovador
Los intentos de desbloquear el financiamiento comenzaron desde el principio de la COP16, principalmente a través de iniciativas financieras privadas e “innovadoras”: desde créditos a la biodiversidad hasta taxonomías y bonos verdes y fondos híbridos especiales.
Los créditos a la biodiversidad fueron uno de los mecanismos que recibieron un mayor impulso por parte de la sociedad civil en la COP16. (Véase el artículo de Carbon Brief sobre las compensaciones por biodiversidad).
A los observadores del CDB desde hace tiempo les sorprendió su resurgimiento en los dos últimos años. Neth Daño, director para Asia del colectivo de investigación ETC Group, dijo a Carbon Brief:
“En 2010 mataron la idea de los créditos a la biodiversidad. Nadie pensó que volverían como un zombi”.
El 28 de octubre, el Grupo Asesor Internacional sobre Créditos de Biodiversidad lanzó su marco de principios de “alta integridad” para los mercados de biodiversidad, apoyado por Francia y el Reino Unido. Los principios fueron calificados de “extremadamente problemáticos” por el Observatorio de Finanzas Verdes, un thinktank sobre finanzas sostenibles.
Por su parte, el Fondo de Financiación de los Bosques Tropicales, liderado por Brasil, recibió el respaldo de Colombia y EAU, así como de Malasia, Indonesia, RDC y Ghana. El fondo pretende recaudar $125,000 millones de dólares para las seis naciones con selvas tropicales – apodadas la “Opec de las selvas tropicales – mediante la reinversión de préstamos a largo plazo de seis países desarrollados: Noruega, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania y Suecia.
Aunque la movilización de recursos de “todas las fuentes” fue el único punto de consenso entre las partes en las negociaciones financieras, el énfasis en el financiamiento privado e “innovador” fue criticado por los países en desarrollo.
En una rueda de prensa el 30 de octubre, la ministra de Medio Ambiente de la RDC, Ève Bazaiba, condenó a los países desarrollados por no cumplir sus compromisos. También defendió el Lion’s Share Fund, que espera recaudar fondos de empresas y marcas que utilicen la biodiversidad en sus logotipos y publicidad.
Información sobre secuencias digitales
De todas las vías de negociación, la información digital de secuencias (DSI) fue una de las más esperadas en la COP16.
DSI es un término utilizado en las conversaciones internacionales para referirse a la información genética de plantas y animales.
Esta información genética suele obtenerse de plantas y animales de países en vías de desarrollo ricos en biodiversidad por empresas con sede principalmente en el norte global, quienes la utilizan para fabricar productos como medicamentos, cosméticos y alimentos.
Por ello, los países en desarrollo llevan mucho tiempo reclamando la creación de un mecanismo internacional que garantice que los beneficios de la DSI se reparten equitativamente entre los habitantes de los lugares donde se descubrieron los recursos, incluidos los grupos indígenas.
Aunque en la COP15 de Montreal ya se habían establecido un fondo y un mecanismo para compartir los beneficios de la DSI, aún quedaban muchas lagunas importantes sobre cómo funcionarían ambos antes de que pudiera ponerse en marcha formalmente.
Este trabajo se delegó en un “grupo de trabajo ad hoc de composición abierta” sobre DSI, que se reunió dos veces para resolver las cuestiones pendientes.
A principios de este mes, los negociadores se reunieron en Montreal durante “cinco días de intensas negociaciones” para reducir las opciones para el mecanismo y el fondo, así como la forma en que los fondos “fluirían” a través de ellos.
Entre otras cosas, se debatió quién pagaría por utilizar la DSI, cuánto se pagaría, qué “desencadenaría” esos pagos, cómo se desembolsaría ese dinero y a quién. También se habló de cómo se gestionaría y gobernaría todo el mecanismo.
Los debates sobre la DSI se llevaron a cabo en el marco de un grupo de contacto específico que se reunió ocho veces para resolver los 311 corchetes (que denotan cuestiones sin resolver) que aún quedaban en el texto al inicio de la cumbre.
En la COP16, los países acordaron el primer fondo mundial al que “deberían contribuir” las empresas que utilizan datos genéticos, junto con un mecanismo multilateral único para respaldarlo.
Los conglomerados farmacéuticos, cosméticos, agroalimentarios, nutracéuticos y tecnológicos que se benefician de los datos genéticos “deberían” aportar el 1% de sus beneficios, o el 0,1% de sus ingresos, al histórico “fondo de Cali”, según el acuerdo.
Sin embargo, los expertos en DSI dijeron a Carbon Brief que el uso de la palabra “deberían” implica que la contribución al fondo sigue siendo voluntaria y que los porcentajes de pago son “indicativos”, no vinculantes. En el periodo previo a la COP16, bloques que incluían a países africanos y latinoamericanos buscaron un mecanismo jurídicamente vinculante sobre DSI.
Además, las empresas podrían evitar pagar, puesto que ya no están obligadas a demostrar que no utilizaron datos genéticos. En el penúltimo borrador del documento se eliminó una cláusula clave que pedía a las empresas “demostrar” que no utilizaban DSI.
En cambio, el texto final deja la decisión en manos de las empresas.
La agroindustria – o “cría de animales y plantas” – como reza en el texto estuvo a punto de escapar al escrutinio, ya que se eliminó una referencia a la agroindustria de la “lista indicativa de sectores” que pueden beneficiarse del uso de la DSI. Aunque había sido incluida en el borrador del Presidente publicado el viernes por la mañana, había desaparecido del proyecto de texto publicado esa misma noche.
Esto suscitó la preocupación de los observadores de que otras industrias pudieran estar presionando de forma similar para su exclusión de la lista. (Carbon Brief tiene entendido que Suiza planteó la posibilidad de eliminar los productos farmacéuticos de la lista al margen de las negociaciones).
La cría de animales y plantas volvió a incluirse en el texto que, finalmente, se aprobó en el Pleno.
Nithin Ramakrishnan, experto en DSI de la Red del Tercer Mundo, declaró a Carbon Brief:
“La decisión está dando a los biopiratas la oportunidad de hacer una donación única al Fondo de Cali y salirse con la suya”.
A pesar de que países como Zimbabue – con la oposición de Japón y Canadá – insistieron en que las instituciones académicas y de investigación debían contribuir al fondo, esto ya no fue así. En su lugar, sólo se espera que estas instituciones expliciten en sus bases de datos los países de origen de los datos, para dar pistas a los usuarios de estas bases sobre a quién deben ir los beneficios. Preservar el acceso abierto era una prioridad clave para la UE, Canadá, Japón, Suiza, Noruega y Australia.
El texto final establece que al menos la mitad de todos los beneficios que se destinen al fondo deben utilizarse para satisfacer las necesidades “autoidentificadas” de las comunidades indígenas de los países en desarrollo, en particular las mujeres y los jóvenes, aunque admite que esto podría verse limitado por las “circunstancias nacionales”.
Los países también recibirán “asignaciones directas” de financiamiento, un tema que fue muy discutido.
El mecanismo mundial debía sustituir a las leyes nacionales sobre DSI, acceso y reparto de beneficios, como las elaboradas por Brasil. Sin embargo, muchos países, entre ellos Bangladesh, Bolivia, India, Egipto y Argentina, consideraron esta cláusula un “golpe a la soberanía” y un “lavado de cara a las leyes nacionales sobre acceso y reparto de beneficios”.
A las 3.30 de la madrugada, cuando la Presidencia colombiana publicó un nuevo proyecto de texto de decisión sobre la DSI, India se opuso enérgicamente, pidiendo que se incluyera en el anexo una cláusula sobre la garantía de las leyes nacionales de acceso y reparto de beneficios.
Panamá planteó objeciones sobre el escaso tiempo para revisar el borrador. En la sesión plenaria, dijo:
“Hemos dedicado meses a la versión anterior y también nos hemos asegurado de invertir recursos antes de venir a la COP a discutir esto. Como otras delegaciones pequeñas, Panamá tiene muchas limitaciones reales en cuanto a su capacidad para revisar y decidir sobre un mecanismo de este alcance antes de que finalice esta COP. Consideramos que esta acción no refleja una consideración adecuada con respecto a las delegaciones más pequeñas. Y, por lo tanto, queremos manifestar que en muchas ocasiones estuvimos en disposición de apoyar al presidente en este asunto, y fuimos excluidos.”
Ramakrishnan declaró a Carbon Brief:
“Los países en desarrollo no cedieron soberanía tras dos años de presiones de los países desarrollados y los grupos de presión de la industria y los científicos [que decían] que se trata de un fondo voluntario, por lo que [las leyes nacionales] no se aplican”.
La decisión final no sustituye explícitamente a la legislación nacional.
Una de las principales características de la decisión sobre la DSI es el reparto de ingresos o beneficios por parte de las grandes empresas beneficiarias de la DSI, que apareció en un documento oficioso el miércoles por la mañana.
Esta iniciativa se desarrolló a partir de una propuesta del Colectivo para la Biodiversidad Oceánica, que trabaja para proporcionar conocimientos interdisciplinarios a los países en las negociaciones de la DSI. El investigador líder del colectivo, el Dr. Siva Thambisetty, declaró a Carbon Brief:
“Aportar experiencia en negociaciones tensas es una oportunidad y un reto. [Nuestro] modelo, que se convirtió en la propuesta de Noruega, tenía varios elementos para construir un nuevo sistema de pagos. Uno de los valores clave que deben incorporarse al mecanismo es que los contribuyentes ‘paguen primero a la naturaleza’. En segundo lugar, “todos pagan” hace honor al principio de que la biodiversidad no es un bien gratuito y garantiza una amplia base para los pagos.
“Algunos de esos elementos se perdieron en el tira y afloja de las discusiones. Nunca ninguna parte consigue todo lo que quiere, por supuesto, pero es importante que la base fundamental no se estropee de cara al futuro. Tendremos que evaluar plenamente las implicaciones en los próximos días”.
El fondo mundial de DSI creado por la decisión estará ahora “bajo la autoridad y responsabilidad de la COP”.
Marco de supervisión
El marco de seguimiento – una parte de las negociaciones que abarca los mecanismos de planificación, seguimiento, reporte y revisión – se considera fundamental para el éxito del GBF.
Esto se debe, en parte, a que el fracaso del anterior conjunto de objetivos de biodiversidad, las metas de Aichi, ha sido ampliamente atribuido a la falta de implementación.
El marco de seguimiento se compone de un conjunto de indicadores correspondientes a cada objetivo y meta del GBF. Hay cuatro tipos de indicadores:
- Indicadores de cabecera.
- Indicadores binarios.
- Indicadores de componentes.
- Indicadores complementarios.
Los indicadores de cabecera se utilizan para medir los avances respecto a objetivos cuantitativos, como el compromiso de proteger el 30% de la tierra y los océanos del mundo para 2030.
Para objetivos más cualitativos, como el de integrar las consideraciones de género en la planificación de la biodiversidad, se desarrolló un conjunto de indicadores binarios: preguntas de sí/no que los países responden sobre la presencia o ausencia de legislación, políticas o de reglamentos relacionados con el objetivo.
Los indicadores de los componentes miden los avances hacia los subobjetivos del GBF, mientras que los indicadores complementarios evalúan áreas relacionadas, pero no necesariamente establecidas de forma explícita en el marco.
Los países están obligados a informar sobre los indicadores de cabecera y binarios, pero los indicadores de componentes y complementarios son opcionales. Como resultado, a lo largo de las negociaciones, los países fueron de un lado a otro sobre qué indicadores debían incluirse en cada categoría.
Lim Li Lin, asesor jurídico y medioambiental de la Red del Tercer Mundo, dijo a Carbon Brief:
“Todo el mundo hace malabarismos, ¿no? Queremos que los buenos vayan a la obligatoria, y queremos que los malos vayan a la complementaria, si no podemos deshacernos de ellos. Y todo el mundo está haciendo lo mismo desde su propio interés y perspectiva”.
En la COP15 de Montreal, los países acordaron un marco de seguimiento, pero ese texto también incluía la decisión de revisar el marco de seguimiento en la siguiente COP y “a partir de entonces mantener el marco de seguimiento bajo revisión, según proceda”.
El acuerdo de Montreal también incluía la creación de un grupo ad hoc de expertos técnicos, compuesto por 45 miembros: 30 representantes de las partes y 15 observadores, entre ellos representantes de la Red Mundial de Jóvenes por la Biodiversidad y del Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad.
El grupo ad hoc se reunió seis veces a lo largo de los dos años que duró el periodo intersticial. Un foro en línea también permitió a otras personas y grupos comentar y debatir los indicadores propuestos. Los resultados de esas reuniones y debates se incorporaron a las discusiones de Cali.
Sin embargo, las recomendaciones del grupo ad hoc no fueron aceptadas uniformemente por las partes.
Kirsty Leong, especialista sénior en política global y defensa de WWF, contó a Carbon Brief:
“Desde el punto de vista del procedimiento, algunas partes dicen: ‘Dimos un mandato a este grupo de expertos. Así que ahora deberíamos adoptar ese marco’… Y otras partes dicen: ‘Bueno, en realidad, nunca negociamos, así que todo es aún discutible”.
Algunos indicadores resultaron especialmente polémicos durante las negociaciones, como los relativos al control del uso de pesticidas y los relacionados con la información sobre secuencias digitales y el reparto de beneficios de los recursos genéticos.
En cuanto al uso de plaguicidas, las partes se mostraron divididas sobre si los países debían informar de la “concentración ambiental de plaguicidas” o de la “toxicidad total aplicada agregada”.
El primer indicador es el que se acordó en la decisión de Montreal, pero el segundo es el que sugirió el grupo ad hoc de expertos técnicos, que afirmó que no existen datos fiables sobre la concentración ambiental de plaguicidas.
| Versión | Fecha | Texto de la nota |
|---|---|---|
| Non-paper v1 | 24 Octubre | n/a |
| Non-paper v2 | 27 Octubre | [El indicador sobre la concentración ambiental de plaguicidas se adoptó en COP-15 y el indicador toxicidad total aplicada agregada es una propuesta de un grupo de expertos que no obtuvo consenso en COP 16]. |
| Non-paper v4 | 30 Octubre | [[El indicador sobre la concentración ambiental de plaguicidas se adoptó en COP-15 y el indicador agregado toxicidad total aplicada es una propuesta de un grupo de expertos que no llegó a un consenso en la COP 16][Las dos alternativas se mantienen los indicadores principales para poder informar sobre cualquiera de los dos, así como para el trabajo metodológico posterior][Cuando sea posible, las Partes podrán de informar sobre uno u otro indicador en función de sus la capacidad técnica y la disponibilidad de datos proporcionan información valiosa para medir los avances hacia el objetivo]. |
| Draft decision | 31 Octubre | [[El indicador sobre la concentración ambiental de plaguicidas se adoptó en la decimoquinta reunión de la Conferencia de las Partes, y el indicador toxicidad total aplicada agregada es una propuesta de un grupo de expertos que no nd consenso en la decimosexta reunión] [Los dos titulares alternativos se mantienen indicadores que permiten informar sobre de uno de los dos, así como para la continuación del trabajo metodológico][Cuando posible, las Partes podrán optar por informar sobre cualquiera de los indicadores según su capacidad nacional y técnica y la disponibilidad de datos, y tanto proporcionar valiosos información para medir el progreso hacia el objetivo]. |
| Draft decision | 1 Noviembre | [Las Partes pueden optar por informar sobre el medio ambiente de los plaguicidas o indicadores de cabecera de toxicidad total aplicada agregados, en función de la disponibilidad de metodología y de acuerdo con su circunstancias y capacidades técnicas nacionales[, reconociendo que el apoyo se dará prioridad al desarrollo del indicador principal en el mayor nivel de desarrollo a nivel mundial]. |
Versiones de la nota a pie de página que explica el desacuerdo sobre los indicadores de plaguicidas en la COP16
Varios expertos en conservación de los océanos también expresaron su preocupación por el hecho de que los indicadores sobre la cobertura y la salud de los arrecifes de coral – acordados en el marco de seguimiento de la COP15 – hubieran desaparecido de los textos presentados en la COP16.
La Dra. Susan Lieberman, vicepresidenta de política internacional de la Wildlife Conservation Society, declaró a Carbon Brief que estaba “muy decepcionada” por la desaparición de los indicadores de los arrecifes de coral. Y añadió:
“Muchos gobiernos realizan enormes esfuerzos en la conservación y gestión de sus arrecifes de coral, y la inclusión de indicadores específicos de la integridad ecológica de sus arrecifes les habría ayudado a informar sobre los resultados.”
Los indicadores sobre arrecifes de coral no estuvieron presentes en el texto final.
Una de las claves para las ONG y las organizaciones de la sociedad civil que siguió las negociaciones del marco de seguimiento fue que, se decidiera lo que se decidiera, el texto final debía incluir un llamador para revisar el marco y seguir añadiendo indicadores a los ya disponibles. Lim dijo a Carbon Brief:
“Es importante que no cierren la puerta a seguir trabajando en el marco de seguimiento, porque está lejos de estar completo. Pero al mismo tiempo, necesitamos un marco de seguimiento, porque si no tenemos al menos lo que [ya] tenemos para indicadores, entonces no podemos medir el progreso”.
Como en tantos otros puntos de la agenda de la COP16, los debates sobre recursos y capacidad fueron fundamentales en las negociaciones sobre el marco de seguimiento. Los países se enfrentan a “limitaciones de capacidad muy reales en cuanto a lo que pueden aplicar”, Leong comentó a Carbon Brief.
Las comunicaciones de los países antes de la COP16 mostraron que algunos países del Sur, como Argentina y Brasil, estaban preocupados por la carga que supondría un marco de seguimiento demasiado prescriptivo, y preferían uno flexible a las circunstancias nacionales.
Durante la reunión del grupo de trabajo del último día de la cumbre, la República Democrática del Congo pidió que se pusiera entre corchetes todo el marco de seguimiento, afirmando que no podían aceptarlo sin un acuerdo sobre la movilización de recursos.
La acción resultó decisiva, ya que la incapacidad de los países para alcanzar un consenso sobre la movilización de recursos hizo que el marco de seguimiento no se debatiera en la sesión plenaria. Se retomará, junto con las decisiones financieras, en la continuación de la COP16, que probablemente se celebrará el año que viene, coincidiendo con las reuniones de los órganos subsidiarios del CDB.
Lim señaló a Carbon Brief que, mediante consultas informales, las partes “probablemente encontrarán una zona de aterrizaje” entre el final de la COP16 y las reuniones de los órganos subsidiarios. Y añadió:
“Necesitamos el marco de seguimiento para medir los avances. Su adopción tardía es desafortunada, pero sólo puede verse en el contexto de la intransigencia de los gobiernos del Norte en las negociaciones para ayudar a financiar a las naciones más pobres y frenar el robo por parte de sus empresas de los recursos genéticos del Sur.”
Artículo 8(j)
Los derechos de los indígenas fueron uno de los principales puntos de debate de la COP16, en la que la participación indígena alcanzó un máximo histórico.
Durante una rueda de prensa celebrada en la primera semana de negociaciones, Ramiro Batzin, copresidente del Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad (IIFB, por sus siglas en inglés), expuso las prioridades del grupo. (El IIFB es una organización internacional que representa las voces indígenas en las negociaciones del CDB).
Entre dichas prioridades figuraban un programa de trabajo sobre el artículo 8(j) de aquí a 2030 y la creación de un órgano subsidiario permanente de pueblos indígenas y comunidades locales (IPLC) en el marco del CDB.
El artículo 8(j) obliga a las partes del CDB a “respetar, preservar y mantener” los conocimientos de los pueblos indígenas y las comunidades locales relacionados con la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, y a “fomentar la participación equitativa en los beneficios” derivados de estos conocimientos.
En la COP16 se aprobó el programa de trabajo para implementar el artículo 8(j) y otras disposiciones relacionadas con los pueblos indígenas y las comunidades locales hasta 2030, “priorizando las tareas que contribuyen directamente a la aplicación oportuna, plena y eficaz” del GBF.
El programa consta de nueve principios generales y ocho elementos centrados en cuestiones como la conservación y restauración de la biodiversidad, el uso sostenible, la participación plena y efectiva y un enfoque basado en los derechos humanos.
El programa de trabajo también incluye elementos como el acceso directo de los pueblos indígenas y las comunidades locales al financiamiento para la conservación, restauración y uso sostenible de la biodiversidad.
Durante una rueda de prensa cerca de la clausura de la COP16, varios representantes del IIFB recibieron con satisfacción la adopción del programa de trabajo, calificándola de “victoria”.
Jennifer Tauli Corpuz, negociadora y experta del IIFB con sede en Filipinas, declaró:
“Esto nos pone en el camino de garantizar que el GBF se aplique en plena colaboración con los IPLC”. Batzin declaró a Carbon Brief que el programa de trabajo contribuirá a garantizar la plena aplicación del GBF:
“Este programa nos proporcionará acciones y directrices de evaluación, monitoreo y seguimiento”.
Durante la rueda de prensa, los representantes de los pueblos indígenas también pidieron a las partes que adoptaran el órgano subsidiario. Este grupo tendría un mandato permanente para seguir trabajando en el marco del CDB, y fue un tema polémico durante toda la cumbre. Al parecer, Indonesia, Jordania y Rusia se opusieron, argumentando que el grupo de trabajo ya ha sido eficaz y que un nuevo órgano subsidiario supondría más gastos.
Manuel Mavisoy, de la Mesa Permanente de Concertación del Movimiento Indígena de Colombia, afirmó en esa rueda de prensa que el órgano subsidiario “es el único mecanismo que garantiza la supervivencia de los sistemas tradicionales de los pueblos indígenas dentro del GBF”.
En una entrevista con Carbon Brief, Batzin declaró que el órgano subsidiario sería una institución permanente diseñada para aplicar y supervisar el programa de trabajo del artículo 8(j). Batzin subrayó que el órgano pretende funcionar de forma bilateral, con la participación tanto de los Estados como de los pueblos indígenas, de forma similar a como funciona actualmente el grupo de trabajo del artículo 8(j).
El grupo de trabajo sobre el artículo 8(j) existe desde hace más de 20 años, pero es sólo un órgano temporal, por lo que era propenso a ser disuelto, mencionó Corpuz en la rueda de prensa. Añadió que el nuevo órgano subsidiario propuesto estaría “mejor situado dentro del CDB”.
El pleno estalló en una gran ovación el viernes por la noche, cuando Muhamad bajó el martillo para señalar la adopción de la decisión de crear un nuevo órgano subsidiario.
Una portavoz del IIFB y de la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad declaró ante el pleno que “este es un momento sin precedentes en la historia de los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente”. Añadió:
“Este nuevo órgano subsidiario será un punto de referencia para el resto del mundo… Podemos sentirnos orgullosos de nuestro trabajo, que ha sido participativo, colaborativo y constante”.
Durante la cumbre, los pueblos indígenas y las comunidades locales también pidieron acceso directo a financiamiento para seguir conservando la biodiversidad.
El FMAM tiene el “objetivo aspiracional” de que los pueblos indígenas y las comunidades locales reciban el 20% de los recursos para biodiversidad, aunque todavía no se ha creado ningún mecanismo o medida para lograrlo, declaró Batzin a Carbon Brief. Añadió que el IIFB apoya que la financiación se asigne directamente a los pueblos indígenas y las comunidades locales y señaló que el órgano subsidiario sobre el artículo 8(j) tendría que discutir sobre cómo gestionar el flujo de financiación hacia los pueblos indígenas.
El texto final de la DSI que se adoptó decía que “al menos la mitad de la financiación del fondo mundial debe apoyar las necesidades autoidentificadas” de los pueblos indígenas y las comunidades locales, “cuando proceda y con sujeción a las circunstancias nacionales”. (Véase: Información sobre la secuencia digital).
Otro de los temas impulsados por los pueblos indígenas y las comunidades locales en la COP16 fue el de los derechos humanos.
Joji Carino, asesor principal de políticas del Forest Peoples Programme (FPP) de Filipinas, declaró en rueda de prensa que la aplicación del GBF exige respetar los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales, como los derechos sobre sus tierras y territorios, la participación equitativa en la toma de decisiones y el respeto de los conocimientos tradicionales.
Durante una conferencia sobre los derechos territoriales de los pueblos indígenas, Luz Enith Mosquera, del equipo técnico del Foro Interétnico de Solidaridad del Chocó en Colombia, subrayó la fuerte conexión que tienen los pueblos indígenas con sus territorios:
“Los bosques, ríos y selvas son entornos con los que coexistimos; no son meros objetos que dominar. Somos parte del bosque. Los territorios titulados se conservan porque las comunidades mantienen una relación equilibrada con la tierra.”
Mosquera dijo a Carbon Brief que en el departamento del Chocó los territorios colectivos están legalmente otorgados a las comunidades afrodescendientes. Sin embargo, aún hay zonas que carecen de títulos legales y no cuentan con consejos comunitarios ni salvaguardas colectivas. Dijo a Carbon Brief:
“La ausencia de titulación colectiva crea un vacío legal que podría permitir que gente externa explote estos territorios. Por lo tanto, urge la titulación, ampliación y regulación de las tierras y las comunidades”.
Otra decisión de la COP16 se referió al reconocimiento de los pueblos afrodescendientes.
La decisión pide a las partes que incorporen las “contribuciones de los pueblos afrodescendientes” y su conocimiento y conexión con sus tierras en la aplicación del CDB y el GBF. También “alienta” a las partes a “facilitar su participación plena y efectiva” en ambos acuerdos internacionales.
La decisión también “alienta” a las partes, otros países y organizaciones a proporcionar apoyo financiero y desarrollo de capacidades a los pueblos afrodescendientes de forma voluntaria. Además, anima a las partes a comunicar en sus NBSAPs las contribuciones de los pueblos afrodescendientes en la aplicación del CDB y del GBF.
El texto sobre los pueblos afrodescendientes fue impulsado con fuerza por Colombia y Brasil, pero contó con la oposición de la República Democrática del Congo, que argumentó que faltan pruebas que respalden la contribución de estos pueblos a la aplicación del GBF.
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Drought and heatwaves occurring together – known as “compound” events – have “surged” across the world since the early 2000s, a new study shows.
Compound drought and heat events (CDHEs) can have devastating effects, creating the ideal conditions for intense wildfires, such as Australia’s “Black Summer” of 2019-20 where bushfires burned 24m hectares and killed 33 people.
The research, published in Science Advances, finds that the increase in CDHEs is predominantly being driven by events that start with a heatwave.
The global area affected by such “heatwave-led” compound events has more than doubled between 1980-2001 and 2002-23, the study says.
The rapid increase in these events over the last 23 years cannot be explained solely by global warming, the authors note.
Since the late 1990s, feedbacks between the land and the atmosphere have become stronger, making heatwaves more likely to trigger drought conditions, they explain.
One of the study authors tells Carbon Brief that societies must pay greater attention to compound events, which can “cause severe impacts on ecosystems, agriculture and society”.
Compound events
CDHEs are extreme weather events where drought and heatwave conditions occur simultaneously – or shortly after each other – in the same region.
These events are often triggered by large-scale weather patterns, such as “blocking” highs, which can produce “prolonged” hot and dry conditions, according to the study.
Prof Sang-Wook Yeh is one of the study authors and a professor at the Ewha Womans University in South Korea. He tells Carbon Brief:
“When heatwaves and droughts occur together, the two hazards reinforce each other through land-atmosphere interactions. This amplifies surface heating and soil moisture deficits, making compound events more intense and damaging than single hazards.”
CDHEs can begin with either a heatwave or a drought.
The sequence of these extremes is important, the study says, as they have different drivers and impacts.
For example, in a CDHE where the heatwave was the precursor, increased direct sunshine causes more moisture loss from soils and plants, leading to a drought.
Conversely, in an event where the drought was the precursor, the lack of soil moisture means that less of the sun’s energy goes into evaporation and more goes into warming the Earth’s surface. This produces favourable conditions for heatwaves.
The study shows that the majority of CDHEs globally start out as a drought.
In recent years, there has been increasing focus on these events due to the devastating impact they have on agriculture, ecosystems and public health.
In Russia in the summer of 2010, a compound drought-heatwave event – and the associated wildfires – caused the death of nearly 55,000 people, the study notes.
The record-breaking Pacific north-west “heat dome” in 2021 triggered extreme drought conditions that caused “significant declines” in wheat yields, as well as in barley, canola and fruit production in British Columbia and Alberta, Canada, says the study.
Increasing events
To assess how CDHEs are changing, the researchers use daily reanalysis data to identify droughts and heatwaves events. (Reanalysis data combines past observations with climate models to create a historical climate record.) Then, using an algorithm, they analyse how these events overlap in both time and space.
The study covers the period from 1980 to 2023 and the world’s land surface, excluding polar regions where CDHEs are rare.
The research finds that the area of land affected by CDHEs has “increased substantially” since the early 2000s.
Heatwave-led events have been the main contributor to this increase, the study says, with their spatial extent rising 110% between 1980-2001 and 2002-23, compared to a 59% increase for drought-led events.
The map below shows the global distribution of CDHEs over 1980-2023. The charts show the percentage of the land surface affected by a heatwave-led CDHE (red) or a drought-led CDHE (yellow) in a given year (left) and relative increase in each CDHE type (right).
The study finds that CDHEs have occurred most frequently in northern South America, the southern US, eastern Europe, central Africa and south Asia.
Threshold passed
The authors explain that the increase in heatwave-led CDHEs is related to rising global temperatures, but that this does not tell the whole story.
In the earlier 22-year period of 1980-2001, the study finds that the spatial extent of heatwave-led CDHEs rises by 1.6% per 1C of global temperature rise. For the more-recent period of 2022-23, this increases “nearly eightfold” to 13.1%.
The change suggests that the rapid increase in the heatwave-led CDHEs occurred after the global average temperature “surpasse[d] a certain temperature threshold”, the paper says.
This threshold is an absolute global average temperature of 14.3C, the authors estimate (based on an 11-year average), which the world passed around the year 2000.
Investigating the recent surge in heatwave-leading CDHEs further, the researchers find a “regime shift” in land-atmosphere dynamics “toward a persistently intensified state after the late 1990s”.
In other words, the way that drier soils drive higher surface temperatures, and vice versa, is becoming stronger, resulting in more heatwave-led compound events.
Daily data
The research has some advantages over other previous studies, Yeh says. For instance, the new work uses daily estimations of CDHEs, compared to monthly data used in past research. This is “important for capturing the detailed occurrence” of these events, says Yeh.
He adds that another advantage of their study is that it distinguishes the sequence of droughts and heatwaves, which allows them to “better understand the differences” in the characteristics of CDHEs.
Dr Meryem Tanarhte is a climate scientist at the University Hassan II in Morocco, and Dr Ruth Cerezo Mota is a climatologist and a researcher at the National Autonomous University of Mexico. Both scientists, who were not involved in the study, agree that the daily estimations give a clearer picture of how CDHEs are changing.
Cerezo-Mota adds that another major contribution of the study is its global focus. She tells Carbon Brief that in some regions, such as Mexico and Africa, there is a lack of studies on CDHEs:
“Not because the events do not occur, but perhaps because [these regions] do not have all the data or the expertise to do so.”
However, she notes that the reanalysis data used by the study does have limitations with how it represents rainfall in some parts of the world.
Compound impacts
The study notes that if CDHEs continue to intensify – particularly events where heatwaves are the precursors – they could drive declining crop productivity, increased wildfire frequency and severe public health crises.
These impacts could be “much more rapid and severe as global warming continues”, Yeh tells Carbon Brief.
Tanarhte notes that these events can be forecasted up to 10 days ahead in many regions. Furthermore, she says, the strongest impacts can be prevented “through preparedness and adaptation”, including through “water management for agriculture, heatwave mitigation measures and wildfire mitigation”.
The study recommends reassessing current risk management strategies for these compound events. It also suggests incorporating the sequences of drought and heatwaves into compound event analysis frameworks “to enhance climate risk management”.
Cerezo-Mota says that it is clear that the world needs to be prepared for the increased occurrence of these events. She tells Carbon Brief:
“These [risk assessments and strategies] need to be carried out at the local level to understand the complexities of each region.”
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Heatwaves driving recent ‘surge’ in compound drought and heat extremes
Greenhouse Gases
DeBriefed 6 March 2026: Iran energy crisis | China climate plan | Bristol’s ‘pioneering’ wind turbine
Welcome to Carbon Brief’s DeBriefed.
An essential guide to the week’s key developments relating to climate change.
This week
Energy crisis
ENERGY SPIKE: US-Israeli attacks on Iran and subsequent counterattacks across the Middle East have sent energy prices “soaring”, according to Reuters. The newswire reported that the region “accounts for just under a third of global oil production and almost a fifth of gas”. The Guardian noted that shipping traffic through the strait of Hormuz, which normally ferries 20% of the world’s oil, “all but ground to a halt”. The Financial Times reported that attacks by Iran on Middle East energy facilities – notably in Qatar – triggered the “biggest rise in gas prices since Russia’s full-scale invasion of Ukraine”.
‘RISK’ AND ‘BENEFITS’: Bloomberg reported on increases in diesel prices in Europe and the US, speculating that rising fuel costs could be “a risk for president Donald Trump”. US gas producers are “poised to benefit from the big disruption in global supply”, according to CNBC. Indian government sources told the Economic Times that Russia is prepared to “fulfil India’s energy demands”. China Daily quoted experts who said “China’s energy security remains fundamentally unshaken”, thanks to “emergency stockpiles and a wide array of import channels”.
‘ESSENTIAL’ RENEWABLES: Energy analysts said governments should cut their fossil-fuel reliance by investing in renewables, “rather than just seeking non-Gulf oil and gas suppliers”, reported Climate Home News. This message was echoed by UK business secretary Peter Kyle, who said “doubling down on renewables” was “essential” amid “regional instability”, according to the Daily Telegraph.
China’s climate plan
PEAK COAL?: China has set out its next “five-year plan” at the annual “two sessions” meeting of the National People’s Congress, including its climate strategy out to 2030, according to the Hong Kong-based South China Morning Post. The plan called for China to cut its carbon emissions per unit of gross domestic product (GDP) by 17% from 2026 to 2030, which “may allow for continued increase in emissions given the rate of GDP growth”, reported Reuters. The newswire added that the plan also had targets to reach peak coal in the next five years and replace 30m tonnes per year of coal with renewables.
ACTIVE YET PRUDENT: Bloomberg described the new plan as “cautious”, stating that it “frustrat[es] hopes for tighter policy that would drive the nation to peak carbon emissions well before president Xi Jinping’s 2030 deadline”. Carbon Brief has just published an in-depth analysis of the plan. China Daily reported that the strategy “highlights measures to promote the climate targets of peaking carbon dioxide emissions before 2030”, which China said it would work towards “actively yet prudently”.
Around the world
- EU RULES: The European Commission has proposed new “made in Europe” rules to support domestic low-carbon industries, “against fierce competition from China”, reported Agence France-Presse. Carbon Brief examined what it means for climate efforts.
- RECORD HEAT: The US National Oceanic and Atmospheric Administration has said there is a 50-60% chance that the El Niño weather pattern could return this year, amplifying the effect of global warming and potentially driving temperatures to “record highs”, according to Euronews.
- FLAGSHIP FUND: The African Development Bank’s “flagship clean energy fund” plans to more than double its financing to $2.5bn for African renewables over the next two years, reported the Associated Press.
- NO WITHDRAWAL: Vanuatu has defied US efforts to force the Pacific-island nation to drop a UN draft resolution calling on the world to implement a landmark International Court of Justice (ICJ) ruling on climate, according to the Guardian.
98
The number of nations that submitted their national reports on tackling nature loss to the UN on time – just half of the 196 countries that are part of the UN biodiversity treaty – according to analysis by Carbon Brief.
Latest climate research
- Sea levels are already “much higher than assumed” in most assessments of the threat posed by sea-level rise, due to “inadequate” modelling assumptions | Nature
- Accelerating human-caused global warming could see the Paris Agreement’s 1.5C limit crossed before 2030 | Geophysical Research Letters covered by Carbon Brief
- Future “super El Niño events” could “significantly lower” solar power generation due to a reduction in solar irradiance in key regions, such as California and east China | Communications Earth & Environment
(For more, see Carbon Brief’s in-depth daily summaries of the top climate news stories on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday.)
Captured
UK greenhouse gas emissions in 2025 fell to 54% below 1990 levels, the baseline year for its legally binding climate goals, according to new Carbon Brief analysis. Over the same period, data from the World Bank shows that the UK’s economy has expanded by 95%, meaning that emissions have been decoupling from growth.
Spotlight
Bristol’s ‘pioneering’ community wind turbine
Following the recent launch of the UK government’s local power plan, Carbon Brief visits one of the country’s community-energy success stories.
The Lawrence Weston housing estate is set apart from the main city of Bristol, wedged between the tree-lined grounds of a stately home and a sprawl of warehouses and waste incinerators. It is one of the most deprived areas in the city.
Yet, just across the M5 motorway stands a structure that has brought the spoils of the energy transition directly to this historically forgotten estate – a 4.2 megawatt (MW) wind turbine.
The turbine is owned by local charity Ambition Lawrence Weston and all the profits from its electricity sales – around £100,000 a year – go to the community. In the UK’s local power plan, it was singled out by energy secretary Ed Miliband as a “pioneering” project.
‘Sustainable income’
On a recent visit to the estate by Carbon Brief, Ambition Lawrence Weston’s development manager, Mark Pepper, rattled off the story behind the wind turbine.
In 2012, Pepper and his team were approached by the Bristol Energy Cooperative with a chance to get a slice of the income from a new solar farm. They jumped at the opportunity.
“Austerity measures were kicking in at the time,” Pepper told Carbon Brief. “We needed to generate an income. Our own, sustainable income.”
With the solar farm proving to be a success, the team started to explore other opportunities. This began a decade-long process that saw them navigate the Conservative government’s “ban” on onshore wind, raise £5.5m in funding and, ultimately, erect the turbine in 2023.
Today, the turbine generates electricity equivalent to Lawrence Weston’s 3,000 households and will save 87,600 tonnes of carbon dioxide (CO2) over its lifetime.
‘Climate by stealth’
Ambition Lawrence Weston’s hub is at the heart of the estate and the list of activities on offer is seemingly endless: birthday parties, kickboxing, a library, woodworking, help with employment and even a pop-up veterinary clinic. All supported, Pepper said, with the help of a steady income from community-owned energy.
The centre itself is kitted out with solar panels, heat pumps and electric-vehicle charging points, making it a living advertisement for the net-zero transition. Pepper noted that the organisation has also helped people with energy costs amid surging global gas prices.
Gesturing to the England flags dangling limply on lamp posts visible from the kitchen window, he said:
“There’s a bit of resentment around immigration and scarcity of materials and provision, so we’re trying to do our bit around community cohesion.”
This includes supper clubs and an interfaith grand iftar during the Muslim holy month of Ramadan.
Anti-immigration sentiment in the UK has often gone hand-in-hand with opposition to climate action. Right-wing politicians and media outlets promote the idea that net-zero policies will cost people a lot of money – and these ideas have cut through with the public.
Pepper told Carbon Brief he is sympathetic to people’s worries about costs and stressed that community energy is the perfect way to win people over:
“I think the only way you can change that is if, instead of being passive consumers…communities are like us and they’re generating an income to offset that.”
From the outset, Pepper stressed that “we weren’t that concerned about climate because we had other, bigger pressures”, adding:
“But, in time, we’ve delivered climate by stealth.”
Watch, read, listen
OIL WATCH: The Guardian has published a “visual guide” with charts and videos showing how the “escalating Iran conflict is driving up oil and gas prices”.
MURDER IN HONDURAS: Ten years on from the murder of Indigenous environmental justice advocate Berta Cáceres, Drilled asked why Honduras is still so dangerous for environmental activists.
TALKING WEATHER: A new film, narrated by actor Michael Sheen and titled You Told Us To Talk About the Weather, aimed to promote conversation about climate change with a blend of “poetry, folk horror and climate storytelling”.
Coming up
- 8 March: Colombia parliamentary election
- 9-19 March: 31st Annual Session of the International Seabed Authority, Kingston, Jamaica
- 11 March: UN Environment Programme state of finance for nature 2026 report launch
Pick of the jobs
- London School of Economics and Political Science, fellow in the social science of sustainability | Salary: £43,277-£51,714. Location: London
- NORCAP, innovative climate finance expert | Salary: Unknown. Location: Kyiv, Ukraine
- WBHM, environmental reporter | Salary: $50,050-$81,330. Location: Birmingham, Alabama, US
- Climate Cabinet, data engineer | Salary: hourly rate of $60-$120 per hour. Location: Remote anywhere in the US
DeBriefed is edited by Daisy Dunne. Please send any tips or feedback to debriefed@carbonbrief.org.
This is an online version of Carbon Brief’s weekly DeBriefed email newsletter. Subscribe for free here.
The post DeBriefed 6 March 2026: Iran energy crisis | China climate plan | Bristol’s ‘pioneering’ wind turbine appeared first on Carbon Brief.
China’s leadership has published a draft of its 15th five-year plan setting the strategic direction for the nation out to 2030, including support for clean energy and energy security.
The plan sets a target to cut China’s “carbon intensity” by 17% over the five years from 2026-30, but also changes the basis for calculating this key climate metric.
The plan continues to signal support for China’s clean-energy buildout and, in general, contains no major departures from the country’s current approach to the energy transition.
The government reaffirms support for several clean-energy industries, ranging from solar and electric vehicles (EVs) through to hydrogen and “new-energy” storage.
The plan also emphasises China’s willingness to steer climate governance and be seen as a provider of “global public goods”, in the form of affordable clean-energy technologies.
However, while the document says it will “promote the peaking” of coal and oil use, it does not set out a timeline and continues to call for the “clean and efficient” use of coal.
This shows that tensions remain between China’s climate goals and its focus on energy security, leading some analysts to raise concerns about its carbon-cutting ambition.
Below, Carbon Brief outlines the key climate change and energy aspects of the plan, including targets for carbon intensity, non-fossil energy and forestry.
Note: this article is based on a draft published on 5 March and will be updated if any significant changes are made in the final version of the plan, due to be released at the close next week of the “two sessions” meeting taking place in Beijing.
- What is China’s 15th five-year plan?
- What does the plan say about China’s climate action?
- What is China’s new CO2 intensity target?
- Does the plan encourage further clean-energy additions?
- What does the plan signal about coal?
- How will China approach global climate governance in the next five years?
- What else does the plan cover?
What is China’s 15th five-year plan?
Five-year plans are one of the most important documents in China’s political system.
Addressing everything from economic strategy to climate policy, they outline the planned direction for China’s socio-economic development in a five-year period. The 15th five-year plan covers 2026-30.
These plans include several “main goals”. These are largely quantitative indicators that are seen as particularly important to achieve and which provide a foundation for subsequent policies during the five-year period.
The table below outlines some of the key “main goals” from the draft 15th five-year plan.
| Category | Indicator | Indicator in 2025 | Target by 2030 | Cumulative target over 2026-2030 | Characteristic |
|---|---|---|---|---|---|
| Economic development | Gross domestic product (GDP) growth (%) | 5 | Maintained within a reasonable range and proposed annually as appropriate. | Anticipatory | |
| ‘Green and low-carbon | Reduction in CO2 emissions per unit of GDP (%) | 17.7 | 17 | Binding | |
| Share of non-fossil energy in total energy consumption (%) | 21.7 | 25 | Binding | ||
| Security guarantee | Comprehensive energy production capacity (100m tonnes of standard coal equivalent) |
51.3 | 58 | Binding |
Select list of targets highlighted in the “main goals” section of the draft 15th five-year plan. Source: Draft 15th five-year plan.
Since the 12th five-year plan, covering 2011-2015, these “main goals” have included energy intensity and carbon intensity as two of five key indicators for “green ecology”.
The previous five-year plan, which ran from 2021-2025, introduced the idea of an absolute “cap” on carbon dioxide (CO2) emissions, although it did not provide an explicit figure in the document. This has been subsequently addressed by a policy on the “dual-control of carbon” issued in 2024.
The latest plan removes the energy-intensity goal and elevates the carbon-intensity goal, but does not set an absolute cap on emissions (see below).
It covers the years until 2030, before which China has pledged to peak its carbon emissions. (Analysis for Carbon Brief found that emissions have been “flat or falling” since March 2024.)
The plans are released at the two sessions, an annual gathering of the National People’s Congress (NPC) and the Chinese People’s Political Consultative Conference (CPPCC). This year, it runs from 4-12 March.
The plans are often relatively high-level, with subsequent topic-specific five-year plans providing more concrete policy guidance.
Policymakers at the National Energy Agency (NEA) have indicated that in the coming years they will release five sector-specific plans for 2026-2030, covering topics such as the “new energy system”, electricity and renewable energy.
There may also be specific five-year plans covering carbon emissions and environmental protection, as well as the coal and nuclear sectors, according to analysts.
Other documents published during the two sessions include an annual government work report, which outlines key targets and policies for the year ahead.
The gathering is attended by thousands of deputies – delegates from across central and local governments, as well as Chinese Communist party members, members of other political parties, academics, industry leaders and other prominent figures.
What does the plan say about China’s climate action?
Achieving China’s climate targets will remain a key driver of the country’s policies in the next five years, according to the draft 15th five-year plan.
It lists the “acceleration” of China’s energy transition as a “major achievement” in the 14th five-year plan period (2021-2025), noting especially how clean-power capacity had overtaken fossil fuels.
The draft says China will “actively and steadily advance and achieve carbon peaking”, with policymakers continuing to strike a balance between building a “green economy” and ensuring stability.
Climate and environment continues to receive its own chapter in the plan. However, the framing and content of this chapter has shifted subtly compared with previous editions, as shown in the table below. For example, unlike previous plans, the first section of this chapter focuses on China’s goal to peak emissions.
| 11th five-year plan (2006-2010) | 12th five-year plan (2011-2015) | 13th five-year plan (2016-2020) | 14th five-year plan (2021-2025) | 15th five-year plan (2026-2030) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chapter title | Part 6: Build a resource-efficient and environmentally-friendly society | Part 6: Green development, building a resource-efficient and environmentally friendly society | Part 10: Ecosystems and the environment | Part 11: Promote green development and facilitate the harmonious coexistence of people and nature | Part 13: Accelerating the comprehensive green transformation of economic and social development to build a beautiful China |
| Sections | Developing a circular economy | Actively respond to global climate change | Accelerate the development of functional zones | Improve the quality and stability of ecosystems | Actively and steadily advancing and achieving carbon peaking |
| Protecting and restoring natural ecosystems | Strengthen resource conservation and management | Promote economical and intensive resource use | Continue to improve environmental quality | Continuously improving environmental quality | |
| Strengthening environmental protection | Vigorously develop the circular economy | Step up comprehensive environmental governance | Accelerate the green transformation of the development model | Enhancing the diversity, stability, and sustainability of ecosystems | |
| Enhancing resource management | Strengthen environmental protection efforts | Intensify ecological conservation and restoration | Accelerating the formation of green production and lifestyles | ||
| Rational utilisation of marine and climate resources | Promoting ecological conservation and restoration | Respond to global climate change | |||
| Strengthen the development of water conservancy and disaster prevention and mitigation systems | Improve mechanisms for ensuring ecological security | ||||
| Develop green and environmentally-friendly industries |
Title and main sections of the climate and environment-focused chapters in the last five five-year plans. Source: China’s 11th, 12th, 13th, 14th and 15th five-year plans.
The climate and environment chapter in the latest plan calls for China to “balance [economic] development and emission reduction” and “ensure the timely achievement of carbon peak targets”.
Under the plan, China will “continue to pursue” its established direction and objectives on climate, Prof Li Zheng, dean of the Tsinghua University Institute of Climate Change and Sustainable Development (ICCSD), tells Carbon Brief.
What is China’s new CO2 intensity target?
In the lead-up to the release of the plan, analysts were keenly watching for signals around China’s adoption of a system for the “dual-control of carbon”.
This would combine the existing targets for carbon intensity – the CO2 emissions per unit of GDP – with a new cap on China’s total carbon emissions. This would mark a dramatic step for the country, which has never before set itself a binding cap on total emissions.
Policymakers had said last year that this framework would come into effect during the 15th five-year plan period, replacing the previous system for the “dual-control of energy”.
However, the draft 15th five-year plan does not offer further details on when or how both parts of the dual-control of carbon system will be implemented. Instead, it continues to focus on carbon intensity targets alone.
Looking back at the previous five-year plan period, the latest document says China had achieved a carbon-intensity reduction of 17.7%, just shy of its 18% goal.
This is in contrast with calculations by Lauri Myllyvirta, lead analyst at the Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), which had suggested that China had only cut its carbon intensity by 12% over the past five years.
At the time it was set in 2021, the 18% target had been seen as achievable, with analysts telling Carbon Brief that they expected China to realise reductions of 20% or more.
However, the government had fallen behind on meeting the target.
Last year, ecology and environment minister Huang Runqiu attributed this to the Covid-19 pandemic, extreme weather and trade tensions. He said that China, nevertheless, remained “broadly” on track to meet its 2030 international climate pledge of reducing carbon intensity by more than 65% from 2005 levels.
Myllyvirta tells Carbon Brief that the newly reported figure showing a carbon-intensity reduction of 17.7% is likely due to an “opportunistic” methodological revision. The new methodology now includes industrial process emissions – such as cement and chemicals – as well as the energy sector.
(This is not the first time China has redefined a target, with regulators changing the methodology for energy intensity in 2023.)
For the next five years, the plan sets a target to reduce carbon intensity by 17%, slightly below the previous goal.
However, the change in methodology means that this leaves space for China’s overall emissions to rise by “3-6% over the next five years”, says Myllyvirta. In contrast, he adds that the original methodology would have required a 2% fall in absolute carbon emissions by 2030.
The dashed lines in the chart below show China’s targets for reducing carbon intensity during the 12th, 13th, 14th and 15th five-year periods, while the bars show what was achieved under the old (dark blue) and new (light blue) methodology.
The carbon-intensity target is the “clearest signal of Beijing’s climate ambition”, says Li Shuo, director at the Asia Society Policy Institute’s (ASPI) China climate hub.
It also links directly to China’s international pledge – made in 2021 – to cut its carbon intensity to more than 65% below 2005 levels by 2030.
To meet this pledge under the original carbon-intensity methodology, China would have needed to set a target of a 23% reduction within the 15th five-year plan period. However, the country’s more recent 2035 international climate pledge, released last year, did not include a carbon-intensity target.
As such, ASPI’s Li interprets the carbon-intensity target in the draft 15th five-year plan as a “quiet recalibration” that signals “how difficult the original 2030 goal has become”.
Furthermore, the 15th five-year plan does not set an absolute emissions cap.
This leaves “significant ambiguity” over China’s climate plans, says campaign group 350 in a press statement reacting to the draft plan. It explains:
“The plan was widely expected to mark a clearer transition from carbon-intensity targets toward absolute emissions reductions…[but instead] leaves significant ambiguity about how China will translate record renewable deployment into sustained emissions cuts.”
Myllyvirta tells Carbon Brief that this represents a “continuation” of the government’s focus on scaling up clean-energy supply while avoiding setting “strong measurable emission targets”.
He says that he would still expect to see absolute caps being set for power and industrial sectors covered by China’s emissions trading scheme (ETS). In addition, he thinks that an overall absolute emissions cap may still be published later in the five-year period.
Despite the fact that it has yet to be fully implemented, the switch from dual-control of energy to dual-control of carbon represents a “major policy evolution”, Ma Jun, director of the Institute of Public and Environmental Affairs (IPE), tells Carbon Brief. He says that it will allow China to “provide more flexibility for renewable energy expansion while tightening the net on fossil-fuel reliance”.
Does the plan encourage further clean-energy additions?
“How quickly carbon intensity is reduced largely depends on how much renewable energy can be supplied,” says Yao Zhe, global policy advisor at Greenpeace East Asia, in a statement.
The five-year plan continues to call for China’s development of a “new energy system that is clean, low-carbon, safe and efficient” by 2030, with continued additions of “wind, solar, hydro and nuclear power”.
In line with China’s international pledge, it sets a target for raising the share of non-fossil energy in total energy consumption to 25% by 2030, up from just under 21.7% in 2025.
The development of “green factories” and “zero-carbon [industrial] parks” has been central to many local governments’ strategies for meeting the non-fossil energy target, according to industry news outlet BJX News. A call to build more of these zero-carbon industrial parks is listed in the five-year plan.
Prof Pan Jiahua, dean of Beijing University of Technology’s Institute of Ecological Civilization, tells Carbon Brief that expanding demand for clean energy through mechanisms such as “green factories” represents an increasingly “bottom-up” and “market-oriented” approach to the energy transition, which will leave “no place for fossil fuels”.
He adds that he is “very much sure that China’s zero-carbon process is being accelerated and fossil fuels are being driven out of the market”, pointing to the rapid adoption of EVs.
The plan says that China will aim to double “non-fossil energy” in 10 years – although it does not clarify whether this means their installed capacity or electricity generation, or what the exact starting year would be.
Research has shown that doubling wind and solar capacity in China between 2025-2035 would be “consistent” with aims to limit global warming to 2C.
While the language “certainly” pushes for greater additions of renewable energy, Yao tells Carbon Brief, it is too “opaque” to be a “direct indication” of the government’s plans for renewable additions.
She adds that “grid stability and healthy, orderly competition” is a higher priority for policymakers than guaranteeing a certain level of capacity additions.
China continues to place emphasis on the need for large-scale clean-energy “bases” and cross-regional power transmission.
The plan says China must develop “clean-energy bases…in the three northern regions” and “integrated hydro-wind-solar complexes” in south-west China.
It specifically encourages construction of “large-scale wind and solar” power bases in desert regions “primarily” for cross-regional power transmission, as well as “major hydropower” projects, including the Yarlung Tsangpo dam in Tibet.
As such, the country should construct “power-transmission corridors” with the capacity to send 420 gigawatts (GW) of electricity from clean-energy bases in western provinces to energy-hungry eastern provinces by 2030, the plan says.
State Grid, China’s largest grid operator, plans to install “another 15 ultra-high voltage [UHV] transmission lines” by 2030, reports Reuters, up from the 45 UHV lines built by last year.
Below are two maps illustrating the interlinkages between clean-energy bases in China in the 15th (top) and 14th (bottom) five-year plan periods.
The yellow dotted areas represent clean energy bases, while the arrows represent cross-regional power transmission. The blue wind-turbine icons represent offshore windfarms and the red cooling tower icons represent coastal nuclear plants.
The 15th five-year plan map shows a consistent approach to the 2021-2025 period. As well as power being transmitted from west to east, China plans for more power to be sent to southern provinces from clean-energy bases in the north-west, while clean-energy bases in the north-east supply China’s eastern coast.
It also maps out “mutual assistance” schemes for power grids in neighbouring provinces.
Offshore wind power should reach 100GW by 2030, while nuclear power should rise to 110GW, according to the plan.
What does the plan signal about coal?
The increased emphasis on grid infrastructure in the draft 15th five-year plan reflects growing concerns from energy planning officials around ensuring China’s energy supply.
Ren Yuzhi, director of the NEA’s development and planning department, wrote ahead of the plan’s release that the “continuous expansion” of China’s energy system has “dramatically increased its complexity”.
He said the NEA felt there was an “urgent need” to enhance the “secure and reliable” replacement of fossil-fuel power with new energy sources, as well as to ensure the system’s “ability to absorb them”.
Meanwhile, broader concerns around energy security have heightened calls for coal capacity to remain in the system as a “ballast stone”.
The plan continues to support the “clean and efficient utilisation of fossil fuels” and does not mention either a cap or peaking timeline for coal consumption.
Xi had previously told fellow world leaders that China would “strictly control” coal-fired power and phase down coal consumption in the 15th five-year plan period.
The “geopolitical situation is increasing energy security concerns” at all levels of government, said the Institute for Global Decarbonization Progress in a note responding to the draft plan, adding that this was creating “uncertainty over coal reduction”.
Ahead of its publication, there were questions around whether the plan would set a peaking deadline for oil and coal. An article posted by state news agency Xinhua last month, examining recommendations for the plan from top policymakers, stated that coal consumption would plateau from “around 2027”, while oil would peak “around 2026”.
However, the plan does not lay out exact years by which the two fossil fuels should peak, only saying that China will “promote the peaking of coal and oil consumption”.
There are similarly no mentions of phasing out coal in general, in line with existing policy.
Nevertheless, there is a heavy emphasis on retrofitting coal-fired power plants. The plan calls for the establishment of “demonstration projects” for coal-plant retrofitting, such as through co-firing with biomass or “green ammonia”.
Such retrofitting could incentivise lower utilisation of coal plants – and thus lower emissions – if they are used to flexibly meet peaks in demand and to cover gaps in clean-energy output, instead of providing a steady and significant share of generation.
The plan also calls for officials to “fully implement low-carbon retrofitting projects for coal-chemical industries”, which have been a notable source of emissions growth in the past year.
However, the coal-chemicals sector will likely remain a key source of demand for China’s coal mining industry, with coal-to-oil and coal-to-gas bases listed as a “key area” for enhancing the country’s “security capabilities”.
Meanwhile, coal-fired boilers and industrial kilns in the paper industry, food processing and textiles should be replaced with “clean” alternatives to the equivalent of 30m tonnes of coal consumption per year, it says.
“China continues to scale up clean energy at an extraordinary pace, but the plan still avoids committing to strong measurable constraints on emissions or fossil fuel use”, says Joseph Dellatte, head of energy and climate studies at the Institut Montaigne. He adds:
“The logic remains supply-driven: deploy massive amounts of clean energy and assume emissions will eventually decline.”
How will China approach global climate governance in the next five years?
Meanwhile, clean-energy technologies continue to play a role in upgrading China’s economy, with several “new energy” sectors listed as key to its industrial policy.
Named sectors include smart EVs, “new solar cells”, new-energy storage, hydrogen and nuclear fusion energy.
“China’s clean-technology development – rather than traditional administrative climate controls – is increasingly becoming the primary driver of emissions reduction,” says ASPI’s Li. He adds that strengthening China’s clean-energy sectors means “more closely aligning Beijing’s economic ambitions with its climate objectives”.
Analysis for Carbon Brief shows that clean energy drove more than a third of China’s GDP growth in 2025, representing around 11% of China’s whole economy.
The continued support for these sectors in the draft five-year plan comes as the EU outlined its own measures intended to limit China’s hold on clean-energy industries, driven by accusations of “unfair competition” from Chinese firms.
China is unlikely to crack down on clean-tech production capacity, Dr Rebecca Nadin, director of the Centre for Geopolitics of Change at ODI Global, tells Carbon Brief. She says:
“Beijing is treating overcapacity in solar and smart EVs as a strategic choice, not a policy error…and is prepared to pour investment into these sectors to cement global market share, jobs and technological leverage.”
Dellatte echoes these comments, noting that it is “striking” that the plan “barely addresses the issue of industrial overcapacity in clean technologies”, with the focus firmly on “scaling production and deployment”.
At the same time, China is actively positioning itself to be a prominent voice in climate diplomacy and a champion of proactive climate action.
This is clear from the first line in a section on providing “global public goods”. It says:
“As a responsible major country, China will play a more active role in addressing global challenges such as climate change.”
The plan notes that China will “actively participate in and steer [引领] global climate governance”, in line with the principle of “common,but differentiated responsibilities”.
This echoes similar language from last year’s government work report, Yao tells Carbon Brief, demonstrating a “clear willingness” to guide global negotiations. But she notes that this “remains an aspiration that’s yet to be made concrete”. She adds:
“China has always favored collective leadership, so its vision of leadership is never a lone one.”
The country will “deepen south-south cooperation on climate change”, the plan says. In an earlier section on “opening up”, it also notes that China will explore “new avenues for collaboration in green development” with global partners as part of its “Belt and Road Initiative”.
China is “doubling down” on a narrative that it is a “responsible major power” and “champion of south-south climate cooperation”, Nadin says, such as by “presenting its clean‑tech exports and finance as global public goods”. She says:
“China will arrive at future COPs casting itself as the indispensable climate leader for the global south…even though its new five‑year plan still puts growth, energy security and coal ahead of faster emissions cuts at home.”
What else does the plan cover?
The impact of extreme weather – particularly floods – remains a key concern in the plan.
China must “refine” its climate adaptation framework and “enhance its resilience to climate change, particularly extreme-weather events”, it says.
China also aims to “strengthen construction of a national water network” over the next five years in order to help prevent floods and droughts.
An article published a few days before the plan in the state-run newspaper China Daily noted that, “as global warming intensifies, extreme weather events – including torrential rains, severe convective storms, and typhoons – have become more frequent, widespread and severe”.
The plan also touches on critical minerals used for low-carbon technologies. These will likely remain a geopolitical flashpoint, with China saying it will focus during the next five years on “intensifying” exploration and “establishing” a reserve for critical minerals. This reserve will focus on “scarce” energy minerals and critical minerals, as well as other “advantageous mineral resources”.
Dellatte says that this could mean the “competition in the energy transition will increasingly be about control over mineral supply chains”.
Other low-carbon policies listed in the five-year plan include expanding coverage of China’s mandatory carbon market and further developing its voluntary carbon market.
China will “strengthen monitoring and control” of non-CO2 greenhouse gases, the plan says, as well as implementing projects “targeting methane, nitrous oxide and hydrofluorocarbons” in sectors such as coal mining, agriculture and chemicals.
This will create “capacity” for reducing emissions by 30m tonnes of CO2 equivalent, it adds.
Meanwhile, China will develop rules for carbon footprint accounting and push for internationally recognised accounting standards.
It will enhance reform of power markets over the next five years and improve the trading mechanism for green electricity certificates.
It will also “promote” adoption of low-carbon lifestyles and decarbonisation of transport, as well as working to advance electrification of freight and shipping.
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