La cumbre sobre biodiversidad COP16 se detuvo abruptamente después de que los países no alcanzaran un consenso sobre la creación de un nuevo fondo durante una gigantesca sesión plenaria final de 10 horas.
Los países debatieron durante toda la noche del viernes en Cali, Colombia, en un intento de sacar adelante los numerosos puntos de la agenda de la COP16.
Pero, a medida que las conversaciones se prolongaban hasta el sábado por la mañana, un gran número de delegados de países en desarrollo se vieron obligados a tomar vuelos de regreso a casa, dejando a las partes sin el “quórum” necesario para alcanzar un consenso sobre asuntos clave.
Los países lograron llegar a un consenso sobre un nuevo mecanismo de reparto de beneficios para los recursos genéticos – conocido como “fondo de Cali” – tras largas discusiones y cambios de última hora en el texto propuestos por India para proteger los derechos soberanos.
Las naciones también acordaron un nuevo órgano permanente para los pueblos indígenas, que les permitirá por primera vez asesorar y ofrecer directamente su punto de vista en las COPs sobre biodiversidad.
Sin embargo, la difícil tarea de crear un nuevo fondo en el marco de la COP – y el último punto de la agenda referente a un nuevo marco para supervisar los avances de los países para detener la pérdida de biodiversidad – deberán volver a tratarse en las reuniones intersesionales el año que viene.
Las conversaciones se vieron ensombrecidas por la falta de avances en la aplicación del Marco Mundial para la Biodiversidad de Kunming-Montreal, el histórico “Acuerdo de París para la naturaleza” alcanzado en la COP15 de Montreal en 2022.
Una investigación conjunta de Carbon Brief y The Guardian reveló justo antes de la apertura de la cumbre que la gran mayoría de los países incumplieron el plazo para presentar nuevos planes sobre cómo cumplirán los objetivos del marco antes de la COP16.
Al final de la cumbre, sólo 44 de 196 partes – el 22% – habían presentado nuevos planes de biodiversidad.
Algunas naciones megadiversas y grandes economías afirmaron que no tuvieron el tiempo necesario para poner en marcha planes, mientras que los países en desarrollo afirmaron que no recibieron el financiamiento requerido para elaborar nuevos compromisos.
A continuación, Carbon Brief ofrece un resumen y análisis en profundidad de algunos resultados clave de la COP16, traducidos al español de nuestro texto original en inglés. (Para ver nuestro resumen y análisis completo, consulta nuestra versión en inglés.)
- Negociaciones formales
- Compromisos nacionales sobre biodiversidad (NBSAPs) y revisión global de NBSAPs
- Revisión global
- Financiamiento
- Nuevo fondo y mechanismo financiero
- Lucha por los 20,000 millones de dólares
- Financiamiento privado e innovador
- Información sobre secuencias digitales
- Marco de supervisión
- Artículo 8(j)
Negociaciones formales
Compromisos nacionales sobre biodiversidad (NBSAPs) y revisión global de NBSAPs
La COP16 fue la primera cumbre sobre biodiversidad desde que las naciones firmaron a finales de 2022 un acuerdo histórico llamado Marco Mundial para la Biodiversidad Kunming-Montreal (GBF, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es detener e revertir la pérdida de biodiversidad para 2030. A menudo se describe como el “Acuerdo de París para la naturaleza”.
Como parte del GBF y sus documentos subyacentes, los países acordaron presentar nuevas promesas nacionales sobre biodiversidad, conocidas como estrategias y planes de acción nacionales sobre biodiversidad (NBSAPs en inglés) “antes” de la COP16, que comenzó el 21 de octubre.
Las nuevas NBSAPs debían esbozar cómo los países implementarán los objetivos y metas del GBF dentro de sus fronteras.
Por ello, la publicación de nuevas NBSAPs fue considerada por muchos como una prueba clave para ver si los países están tomando medidas para garantizar la reversión de la pérdida de biodiversidad de aquí a 2030.
Durante el último año, Carbon Brief ha seguido de cerca la publicación de nuevos NBSAPs. Un puñado de países europeos, entre ellos España, Irlanda y Francia, fueron los primeros en publicar sus nuevas NBSAPs en 2023 y principios de 2024.
En los meses previos a la COP16, los avances fueron lentos. En septiembre, apenas un mes antes de la COP16, sólo 19 de las 196 partes habían publicado nuevas NBSAPs.
Justo antes de la cumbre de octubre, Carbon Brief publicó una investigación junto con The Guardian en la que se concluía que el 85% de los países – 170 de 196 partes – no cumplirían el plazo para presentar nuevas NBSAPs antes de la COP16.
Entre ellos, 12 de los 17 “países megadiversos“, que en conjunto albergan el 70% de la biodiversidad mundial. (Estados Unidos es un país megadiverso, pero no forma parte del CDB).
Carbon Brief y The Guardian hablaron con varias economías importantes y naciones megadiversas sobre los motivos por los que no pudieron cumplir el plazo.
Países megadiversos como Brasil y Colombia afirmaron que el plazo dado para elaborar las nuevas NBSAPs no fue suficiente para consultar adecuadamente a todas las partes interesadas y a los grupos indígenas; India aludió a las dificultades para trasladar los objetivos a un contexto local; y el Reino Unido culpó a los múltiples cambios de poder, tanto en Escocia como a nivel nacional.
Por otra parte, muchos países en desarrollo afirmaron que la falta de financiación oportuna del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), uno de los principales fondos multilaterales para el medio ambiente, les había impedido elaborar nuevas NBSAPs.
Varias partes publicaron nuevas NBSAPs durante la cumbre, justo después de la fecha límite. Entre ellas, el país anfitrión de la COP16, Colombia, así como Alemania, Irán, Venezuela, Perú, India, Tailandia, Tanzania, Vietnam, Argentina y Países Bajos.
Al término de la cumbre, el 2 de noviembre, 44 de las 196 partes habían elaborado nuevas NBSAPs.

Según el GBF y sus documentos subyacentes, a los países que “no estaban en condiciones” de cumplir el plazo para enviar sus NBSAPs antes de la COP16 se les pidió que, en su lugar, presentaran objetivos nacionales.
Estas propuestas se limitan a enumerar los objetivos de biodiversidad a los que aspiran los países, sin un plan de acompañamiento sobre cómo alcanzarlos.
Al final de la cumbre, unas 119 partes habían elaborado objetivos nacionales.
Esto incluía a muchos países en desarrollo. Bernadette Fischler Hooper, directora de defensa global de WWF, declaró a Carbon Brief que esto demostraba la voluntad de los países en desarrollo de aplicar los objetivos del GBF, a pesar de no disponer de los fondos necesarios para elaborar las NBSAPs.
Una de las principales tareas de los negociadores en Cali fue decidir cómo avanzar después de que la mayoría de los países no presentaran nuevas NBSAPs antes de la cumbre.
Al final de la cumbre se adoptó un nuevo texto de decisión sobre las NBSAPs.
El texto “insta” a los países que aún no lo hayan hecho a que publiquen nuevas NBSAPs “lo antes posible”. (En términos lingüísticos de la ONU, “insta” es más fuerte que “invita” o “alienta”, pero no tanto como “solicita” o “instruye”).

Carbon Brief entiende que, durante las negociaciones del texto, el Reino Unido planteó la idea de fijar un plazo “lo antes posible y a más tardar en octubre de 2025”.
(Octubre de 2025 es la fecha de la próxima reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (SBSTTA, por sus siglas en inglés).
Sin embargo, “la sala no parecía entusiasmada” con la propuesta del Reino Unido, según una persona con información privilegiada, ya que muchas partes opinaban que “tan pronto como sea posible” debía interpretarse como algo inmediato.
Fischler Hooper declaró a Carbon Brief que esperaba que el lenguaje dijera “lo antes posible, pero no más tarde de finales de 2025”, y añadió:
“En general, tener un plazo claro es bueno para que los países rindan cuentas. “Tan pronto como sea posible” se entiende comúnmente como “realmente muy pronto” y sólo podemos esperar que las partes también lo vean así”.
En reconocimiento de las dificultades de los países en desarrollo para elaborar nuevas NBSAPs, el texto también “solicita” al FMAM que “proporcione apoyo oportuno a todas las partes elegibles, en consonancia con las circunstancias y necesidades nacionales, previa solicitud, para permitirles” publicar nuevas NBSAPs.
Revisión global
El GBF y sus documentos subyacentes también establecen un plan sobre cómo deben revisarse y supervisarse los planes de biodiversidad de los países.
Según estos documentos, las partes deben presentar reportes nacionales con los indicadores principales acordados en 2026 y 2029. (Véase: Marco de seguimiento).
En la COP16 y en las “siguientes COPs”, se debería llevar a cabo un análisis global de las “NBSAPs, incluyendo los objetivos nacionales” para evaluar el progreso hacia la consecución del GBF.
Después deberá realizarse una “revisión global”, dice la sección J del GBF. Se trata de un elemento que, según los observadores, podría ser clave para la implementación. El documento subyacente dice que esta revisión global debería realizarse en la COP17 en 2026 y en la COP19 en 2028.

Tras las revisiones globales, habrá “revisiones voluntarias entre pares”, según el GBF, tras las cuales los países “podrán tener en cuenta el resultado de las revisiones globales en futuras revisiones e implementación de sus” NBSAPs y objetivos nacionales.
En Cali, los negociadores se encargaron de perfilar los detalles de cómo debería funcionar este proceso de revisión.
Hacia el final de la cumbre, elaboraron un nuevo texto en el que se deciden los detalles para la revisión global en la COP17 y la COP19.
El texto “decide” que la revisión global “culminará en una decisión o decisiones de las COPs, incluyendo cualquier recomendación, según sea necesario, para identificar y abordar los desafíos en el avance colectivo de la implementación, incluyendo los medios de implementación”.
Especifica que la revisión global “debe centrarse en evaluar el progreso colectivo y que la revisión se llevará a cabo de manera facilitadora, no intrusiva y no punitiva”. Añade que la revisión debe ser un “proceso impulsado por las partes”.
El texto también dice que la revisión global debe basarse en los informes nacionales, el asesoramiento de los órganos subsidiarios y un “informe global” sobre el “progreso colectivo” de los países en el cumplimiento de los objetivos de biodiversidad.
Este informe global “se basará en los datos y la información facilitados por las partes y en la mejor información científica, técnica y tecnológica disponible revisada por expertos, así como en los conocimientos tradicionales a los que se haya tenido acceso con el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y las comunidades locales”.
El texto no establece claramente cómo los países tendrán que responder a la revisión global, más allá de “recordar” la decisión del GBF de que los países “podrán” revisar sus EPANB en respuesta.
Un observador que siguió de cerca las negociaciones describió la omisión de cualquier tipo de seguimiento de la revisión global como una “preocupación principal”, según declaró a Carbon Brief:
“Las partes deben ser mucho más claras sobre lo que harán en respuesta a los resultados de la revisión global”.
El observador añadió que el texto final “reducía significativamente el número de aportaciones a la revisión global”, dejando poco margen a la sociedad civil para expresar sus preocupaciones.
Además, el texto de la revisión global carece de cualquier mención a “supervisión política de alto nivel”, que podría haber ayudado a involucrar a los países en la aplicación, añadió el observador.
Estaba previsto que el texto de revisión global se adoptara al final de la última sesión plenaria de la COP16. Sin embargo, tras 10 horas de negociaciones, un gran número de delegados de países en desarrollo se vieron obligados a tomar vuelos de vuelta a casa, dejando a las partes sin el “quórum” necesario para continuar. El texto tendrá que volver a examinarse en las reuniones intersesionales el año que viene.
Financiamiento
El financiamiento fue la “lucha” principal de la COP16, con profundas divisiones entre países desarrollados y en desarrollo.
Poco antes de las 8:30 de la mañana del sábado, los países llegaron a un punto muerto en la creación de un nuevo fondo mundial para la biodiversidad bajo la gobernanza de la COP, que había sido una demanda clave de los países en desarrollo.
Como una revisión solicitada reveló que la COP ya no alcanzaba el quórum, los debates sobre los contornos y la gobernanza de este fondo se reanudarán en una nueva sesión de la COP16, que probablemente se producirá paralelamente a las conversaciones intersesionales del próximo año.

Aunque el fracaso a la hora de establecer un nuevo fondo general decepcionó a los países en desarrollo, la presidencia colombiana intentó en el último minuto que se estableciera el fondo. El proyecto de decisión publicado a las 3:30 de la madrugada también incluía una de las prioridades clave de la presidencia para la conferencia – el reconocimiento de las elevadas cargas de la deuda existente. Todo ello a pesar de la oposición de los países deudores, como China.
El texto final del proyecto de decisión sobre movilización de recursos “toma nota” de los esfuerzos para acelerar la reforma del sector financiero internacional y pide que se revise cómo está afectando la crisis mundial de la deuda a la acción en favor de la biodiversidad.
Reaccionando al texto final, Oscar Soria de la Iniciativa Común, dijo:
“Movilizar financiamiento suficiente para alcanzar los objetivos de biodiversidad ha sido un problema importante durante 30 años. Hemos visto un liderazgo insuficiente por parte de los países más ricos: la UE y Francia en particular, Canadá, Suiza, Japón, Reino Unido, pero también China.
La presidencia colombiana estaba presionando para que se incluyeran temas importantes en las conversaciones, como la deuda soberana, y presentó una lista bastante exhaustiva de formas de explorar el financiamiento para la biodiversidad. [Pero] el estado de desconfianza entre los países en desarrollo y los desarrollados, y las decisiones tomadas por la ministra Muhamad sobre cómo organizó el proceso, hicieron que las negociaciones fueran muy desafiantes en las últimas horas”.
Lim Li Ching, de la Red del Tercer Mundo, declaró a Carbon Brief:
“El Norte [global] mantiene el statu quo. El [sur global] consigue un proceso.
“La negativa de las naciones ricas a considerar un fondo específico para ayudar a financiar la acción sobre biodiversidad en las naciones más pobres ha aumentado la desconfianza y retrasado los avances en su aplicación. La movilización de recursos tendrá que estar en la cima de la agenda cuando se reanude la COP16”.
Las conversaciones de Cali fueron una prueba de fuego para comprobar si los países habían cumplido sus compromisos de financiar los ambiciosos objetivos del GBF: movilizar “al menos $200,000 millones de dólares anuales” para la conservación de la biodiversidad a 2030 procedentes de “todas las fuentes”: nacionales, internacionales, públicas y privadas.
De ellos, se espera que los países desarrollados – junto con otros que “asuman voluntariamente” sus obligaciones – “aumenten sustancial y progresivamente” sus flujos de financiamiento internacional para la naturaleza “hasta al menos $20,000 millones de dólares por año para 2025, y hasta al menos $30,000 millones en 2030”, señala el texto del GBF.
Hace dos años, la presidencia china aprobó rápidamente un paquete financiero como parte del acuerdo de la COP15, a pesar de las protestas de los países en desarrollo. (Véase el resumen exhaustivo de Carbon Brief sobre los principales resultados de la COP15).
Este final aún estaba fresco en las mentes de los países desde el primer día de la cumbre, cuando las conversaciones en torno a la movilización de recursos y la financiación se agruparon, junto con otras cuestiones delicadas, en un grupo de trabajo.
Nuevo fondo y mechanismo financiero
En la fase previa a la COP15, los países en desarrollo, entre ellos Sudáfrica, apoyaron el llamado de Brasil en favor de un nuevo fondo para la naturaleza regido por la COP. En Montreal, los países aceptaron un fondo provisional – el Fondo del Marco Mundial para la Biodiversidad (GBFF, por sus siglas en inglés) – auspiciado por el Fondo Mundial para el Ambiente (FMAM).
Hasta septiembre de este año, siete países desarrollados habían aportado un total de menos de $250 millones de dólares al GBFF. El texto de la decisión de la COP16 sobre el mecanismo financiero, que no fue aprobado, señala que “varias [p]artes elegibles aún no han accedido al apoyo del FMAM, en particular para la revisión y actualización de las estrategias nacionales de biodiversidad”.
El primer día de la COP16, Zimbabue, en nombre de África, y Brasil, en representación de los países megadiversos, reavivaron la lucha por un nuevo fondo independiente del FMAM. En su intervención, Zimbabue calificó de “aparentemente ilusoria” la expectativa de que los países desarrollados cumplieran el objetivo de los $20,000 millones de dólares, pero afirmó que aún podría alcanzarse “dependiendo de lo que decidamos en esta COP16”.
Dos días después, los copresidentes publicaron un documento oficioso de 98 páginas en el que se recogía lo que los países querían para la financiación de la biodiversidad en los próximos cinco años hasta 2030. Los documentos oficiosos son documentos informales que reúnen opiniones divergentes mientras las partes intentan alcanzar un consenso jurídico. Los documentos oficiosos no suelen atribuir explícitamente las posturas de los países, pero en éste se incluía el nombre de cada país junto a su lista de deseos para una nueva estrategia de recursos.
En sus aportaciones al documento oficioso y en otros documentos, los países desarrollados, como Australia, Japón, la UE y otros, se opusieron a un fondo totalmente nuevo. Muchos sugirieron que se omitieran las referencias a los artículos 20 y 21 del CDB, que tratan de la equidad. También se resistieron a incluir una actualización de sus compromisos con el GBFF.
El “Día de financiamienton” de la COP16, celebrado el 28 de octubre, fue testigo de intentos e iniciativas para desbloquear la situación de los recursos. Siete países, entre ellos Nueva Zelanda, Francia y Austria, así como Quebec – el primer gobierno subnacional en hacerlo – prometieron $163 millones de dólares en total al GBFF, lo que eleva el fondo a $396 millones de dólares.
Los países, observadores y la sociedad civil reaccionaron bruscamente al anuncio.
“Estamos hablando de millones que se han comprometido… Pero lo que esperamos son miles de millones”, declaró a Reuters Irène Wabiwa Betoko, de Greenpeace.
Brian O’Donnell, de Campaign for Nature, declaró a Carbon Brief que “al menos estos $163 millones de dólares son subvenciones y no préstamos”.
A medida que la COP16 se acercaba a su fin, el futuro del nuevo fondo parecía cada vez más incierto. Tras ocho sesiones del grupo de contacto sobre movilización de recursos y el mecanismo financiero (copresidido por Ines Verleye, de Bélgica, y Patrick Luna, de Brasil), las negociaciones pasaron directamente a reuniones a puerta cerrada con ministros y jefes de delegación.
El viernes 1 de noviembre, último día previsto de la COP16, la presidencia colombiana hizo público un proyecto de texto de decisión que proponía aplazar los debates sobre un nuevo instrumento de financiación hasta discusiones intersesionales después de la COP16, sin dar muchos más detalles.
A las 3:30 de la madrugada del sábado, ya bien entrado el tiempo extra, la presidenta de la COP16, Susana Muhamad, alertó a los cansados delegados sobre un nuevo proyecto de texto de decisión relativo a la movilización de recursos. En un giro inesperado, el documento contenía una propuesta para establecer un nuevo fondo mundial para la biodiversidad bajo la gobernanza de la COP para la COP30.
Sin embargo, la aprobación del texto se vio impedida por la falta de quórum de la COP.
Lucha por los 20,000 millones de dólares
Una de las principales tensiones de la COP16 fue el compromiso del GBF de que los países desarrollados movilizaran colectivamente “al menos” 20.000 millones de dólares al año de aquí a 2025 para cubrir progresivamente el déficit de financiación de la biodiversidad de
$700,000 millones de dólares de aquí a 2030.
En Cali, a dos meses de 2025, no estaba claro si los países desarrollados acabarían cumpliendo este objetivo, ya que casi todos ellos estaban muy lejos de alcanzar su “parte justa”. (Véase: Artículo en profundidad de Carbon Brief sobre financiamiento de la biodiversidad y acciones justas).
Según los datos más recientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, los países desarrollados, incluido EE.UU., aportaron $12,100 millones de dólares a la financiación de la biodiversidad en 2022. Además, sólo $3,800 millones de ese financiamiento se destinaron específicamente a la biodiversidad.
El miércoles 30 de octubre, los ministros de 20 países en desarrollo hicieron pública una declaración en la que instaban a los gobiernos del Norte a cumplir y superar el objetivo de los $20,000 millones de dólares y a crear un grupo de trabajo de ministros de finanzas y medio ambiente para conseguirlo a tiempo.
La Alianza Ministerial para la Ambición de la Financiación de la Naturaleza estuvo formada por Burkina Faso, Camboya, Camerún, Dominica, Etiopía, Gambia, Granada, Guinea, Costa de Marfil, Liberia, Madagascar, Nigeria, San Cristóbal y Nieves, Samoa, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Togo, Vanuatu y Zambia.
Financiamiento privado e innovador
Los intentos de desbloquear el financiamiento comenzaron desde el principio de la COP16, principalmente a través de iniciativas financieras privadas e “innovadoras”: desde créditos a la biodiversidad hasta taxonomías y bonos verdes y fondos híbridos especiales.
Los créditos a la biodiversidad fueron uno de los mecanismos que recibieron un mayor impulso por parte de la sociedad civil en la COP16. (Véase el artículo de Carbon Brief sobre las compensaciones por biodiversidad).
A los observadores del CDB desde hace tiempo les sorprendió su resurgimiento en los dos últimos años. Neth Daño, director para Asia del colectivo de investigación ETC Group, dijo a Carbon Brief:
“En 2010 mataron la idea de los créditos a la biodiversidad. Nadie pensó que volverían como un zombi”.
El 28 de octubre, el Grupo Asesor Internacional sobre Créditos de Biodiversidad lanzó su marco de principios de “alta integridad” para los mercados de biodiversidad, apoyado por Francia y el Reino Unido. Los principios fueron calificados de “extremadamente problemáticos” por el Observatorio de Finanzas Verdes, un thinktank sobre finanzas sostenibles.
Por su parte, el Fondo de Financiación de los Bosques Tropicales, liderado por Brasil, recibió el respaldo de Colombia y EAU, así como de Malasia, Indonesia, RDC y Ghana. El fondo pretende recaudar $125,000 millones de dólares para las seis naciones con selvas tropicales – apodadas la “Opec de las selvas tropicales – mediante la reinversión de préstamos a largo plazo de seis países desarrollados: Noruega, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania y Suecia.
Aunque la movilización de recursos de “todas las fuentes” fue el único punto de consenso entre las partes en las negociaciones financieras, el énfasis en el financiamiento privado e “innovador” fue criticado por los países en desarrollo.
En una rueda de prensa el 30 de octubre, la ministra de Medio Ambiente de la RDC, Ève Bazaiba, condenó a los países desarrollados por no cumplir sus compromisos. También defendió el Lion’s Share Fund, que espera recaudar fondos de empresas y marcas que utilicen la biodiversidad en sus logotipos y publicidad.
Información sobre secuencias digitales
De todas las vías de negociación, la información digital de secuencias (DSI) fue una de las más esperadas en la COP16.
DSI es un término utilizado en las conversaciones internacionales para referirse a la información genética de plantas y animales.
Esta información genética suele obtenerse de plantas y animales de países en vías de desarrollo ricos en biodiversidad por empresas con sede principalmente en el norte global, quienes la utilizan para fabricar productos como medicamentos, cosméticos y alimentos.
Por ello, los países en desarrollo llevan mucho tiempo reclamando la creación de un mecanismo internacional que garantice que los beneficios de la DSI se reparten equitativamente entre los habitantes de los lugares donde se descubrieron los recursos, incluidos los grupos indígenas.
Aunque en la COP15 de Montreal ya se habían establecido un fondo y un mecanismo para compartir los beneficios de la DSI, aún quedaban muchas lagunas importantes sobre cómo funcionarían ambos antes de que pudiera ponerse en marcha formalmente.
Este trabajo se delegó en un “grupo de trabajo ad hoc de composición abierta” sobre DSI, que se reunió dos veces para resolver las cuestiones pendientes.
A principios de este mes, los negociadores se reunieron en Montreal durante “cinco días de intensas negociaciones” para reducir las opciones para el mecanismo y el fondo, así como la forma en que los fondos “fluirían” a través de ellos.
Entre otras cosas, se debatió quién pagaría por utilizar la DSI, cuánto se pagaría, qué “desencadenaría” esos pagos, cómo se desembolsaría ese dinero y a quién. También se habló de cómo se gestionaría y gobernaría todo el mecanismo.
Los debates sobre la DSI se llevaron a cabo en el marco de un grupo de contacto específico que se reunió ocho veces para resolver los 311 corchetes (que denotan cuestiones sin resolver) que aún quedaban en el texto al inicio de la cumbre.
En la COP16, los países acordaron el primer fondo mundial al que “deberían contribuir” las empresas que utilizan datos genéticos, junto con un mecanismo multilateral único para respaldarlo.
Los conglomerados farmacéuticos, cosméticos, agroalimentarios, nutracéuticos y tecnológicos que se benefician de los datos genéticos “deberían” aportar el 1% de sus beneficios, o el 0,1% de sus ingresos, al histórico “fondo de Cali”, según el acuerdo.
Sin embargo, los expertos en DSI dijeron a Carbon Brief que el uso de la palabra “deberían” implica que la contribución al fondo sigue siendo voluntaria y que los porcentajes de pago son “indicativos”, no vinculantes. En el periodo previo a la COP16, bloques que incluían a países africanos y latinoamericanos buscaron un mecanismo jurídicamente vinculante sobre DSI.
Además, las empresas podrían evitar pagar, puesto que ya no están obligadas a demostrar que no utilizaron datos genéticos. En el penúltimo borrador del documento se eliminó una cláusula clave que pedía a las empresas “demostrar” que no utilizaban DSI.
En cambio, el texto final deja la decisión en manos de las empresas.

La agroindustria – o “cría de animales y plantas” – como reza en el texto estuvo a punto de escapar al escrutinio, ya que se eliminó una referencia a la agroindustria de la “lista indicativa de sectores” que pueden beneficiarse del uso de la DSI. Aunque había sido incluida en el borrador del Presidente publicado el viernes por la mañana, había desaparecido del proyecto de texto publicado esa misma noche.
Esto suscitó la preocupación de los observadores de que otras industrias pudieran estar presionando de forma similar para su exclusión de la lista. (Carbon Brief tiene entendido que Suiza planteó la posibilidad de eliminar los productos farmacéuticos de la lista al margen de las negociaciones).
La cría de animales y plantas volvió a incluirse en el texto que, finalmente, se aprobó en el Pleno.
Nithin Ramakrishnan, experto en DSI de la Red del Tercer Mundo, declaró a Carbon Brief:
“La decisión está dando a los biopiratas la oportunidad de hacer una donación única al Fondo de Cali y salirse con la suya”.
A pesar de que países como Zimbabue – con la oposición de Japón y Canadá – insistieron en que las instituciones académicas y de investigación debían contribuir al fondo, esto ya no fue así. En su lugar, sólo se espera que estas instituciones expliciten en sus bases de datos los países de origen de los datos, para dar pistas a los usuarios de estas bases sobre a quién deben ir los beneficios. Preservar el acceso abierto era una prioridad clave para la UE, Canadá, Japón, Suiza, Noruega y Australia.
El texto final establece que al menos la mitad de todos los beneficios que se destinen al fondo deben utilizarse para satisfacer las necesidades “autoidentificadas” de las comunidades indígenas de los países en desarrollo, en particular las mujeres y los jóvenes, aunque admite que esto podría verse limitado por las “circunstancias nacionales”.
Los países también recibirán “asignaciones directas” de financiamiento, un tema que fue muy discutido.
El mecanismo mundial debía sustituir a las leyes nacionales sobre DSI, acceso y reparto de beneficios, como las elaboradas por Brasil. Sin embargo, muchos países, entre ellos Bangladesh, Bolivia, India, Egipto y Argentina, consideraron esta cláusula un “golpe a la soberanía” y un “lavado de cara a las leyes nacionales sobre acceso y reparto de beneficios”.

A las 3.30 de la madrugada, cuando la Presidencia colombiana publicó un nuevo proyecto de texto de decisión sobre la DSI, India se opuso enérgicamente, pidiendo que se incluyera en el anexo una cláusula sobre la garantía de las leyes nacionales de acceso y reparto de beneficios.
Panamá planteó objeciones sobre el escaso tiempo para revisar el borrador. En la sesión plenaria, dijo:
“Hemos dedicado meses a la versión anterior y también nos hemos asegurado de invertir recursos antes de venir a la COP a discutir esto. Como otras delegaciones pequeñas, Panamá tiene muchas limitaciones reales en cuanto a su capacidad para revisar y decidir sobre un mecanismo de este alcance antes de que finalice esta COP. Consideramos que esta acción no refleja una consideración adecuada con respecto a las delegaciones más pequeñas. Y, por lo tanto, queremos manifestar que en muchas ocasiones estuvimos en disposición de apoyar al presidente en este asunto, y fuimos excluidos.”
Ramakrishnan declaró a Carbon Brief:
“Los países en desarrollo no cedieron soberanía tras dos años de presiones de los países desarrollados y los grupos de presión de la industria y los científicos [que decían] que se trata de un fondo voluntario, por lo que [las leyes nacionales] no se aplican”.
La decisión final no sustituye explícitamente a la legislación nacional.
Una de las principales características de la decisión sobre la DSI es el reparto de ingresos o beneficios por parte de las grandes empresas beneficiarias de la DSI, que apareció en un documento oficioso el miércoles por la mañana.
Esta iniciativa se desarrolló a partir de una propuesta del Colectivo para la Biodiversidad Oceánica, que trabaja para proporcionar conocimientos interdisciplinarios a los países en las negociaciones de la DSI. El investigador líder del colectivo, el Dr. Siva Thambisetty, declaró a Carbon Brief:
“Aportar experiencia en negociaciones tensas es una oportunidad y un reto. [Nuestro] modelo, que se convirtió en la propuesta de Noruega, tenía varios elementos para construir un nuevo sistema de pagos. Uno de los valores clave que deben incorporarse al mecanismo es que los contribuyentes ‘paguen primero a la naturaleza’. En segundo lugar, “todos pagan” hace honor al principio de que la biodiversidad no es un bien gratuito y garantiza una amplia base para los pagos.
“Algunos de esos elementos se perdieron en el tira y afloja de las discusiones. Nunca ninguna parte consigue todo lo que quiere, por supuesto, pero es importante que la base fundamental no se estropee de cara al futuro. Tendremos que evaluar plenamente las implicaciones en los próximos días”.
El fondo mundial de DSI creado por la decisión estará ahora “bajo la autoridad y responsabilidad de la COP”.
Marco de supervisión
El marco de seguimiento – una parte de las negociaciones que abarca los mecanismos de planificación, seguimiento, reporte y revisión – se considera fundamental para el éxito del GBF.
Esto se debe, en parte, a que el fracaso del anterior conjunto de objetivos de biodiversidad, las metas de Aichi, ha sido ampliamente atribuido a la falta de implementación.
El marco de seguimiento se compone de un conjunto de indicadores correspondientes a cada objetivo y meta del GBF. Hay cuatro tipos de indicadores:
- Indicadores de cabecera.
- Indicadores binarios.
- Indicadores de componentes.
- Indicadores complementarios.
Los indicadores de cabecera se utilizan para medir los avances respecto a objetivos cuantitativos, como el compromiso de proteger el 30% de la tierra y los océanos del mundo para 2030.
Para objetivos más cualitativos, como el de integrar las consideraciones de género en la planificación de la biodiversidad, se desarrolló un conjunto de indicadores binarios: preguntas de sí/no que los países responden sobre la presencia o ausencia de legislación, políticas o de reglamentos relacionados con el objetivo.
Los indicadores de los componentes miden los avances hacia los subobjetivos del GBF, mientras que los indicadores complementarios evalúan áreas relacionadas, pero no necesariamente establecidas de forma explícita en el marco.
Los países están obligados a informar sobre los indicadores de cabecera y binarios, pero los indicadores de componentes y complementarios son opcionales. Como resultado, a lo largo de las negociaciones, los países fueron de un lado a otro sobre qué indicadores debían incluirse en cada categoría.
Lim Li Lin, asesor jurídico y medioambiental de la Red del Tercer Mundo, dijo a Carbon Brief:
“Todo el mundo hace malabarismos, ¿no? Queremos que los buenos vayan a la obligatoria, y queremos que los malos vayan a la complementaria, si no podemos deshacernos de ellos. Y todo el mundo está haciendo lo mismo desde su propio interés y perspectiva”.
En la COP15 de Montreal, los países acordaron un marco de seguimiento, pero ese texto también incluía la decisión de revisar el marco de seguimiento en la siguiente COP y “a partir de entonces mantener el marco de seguimiento bajo revisión, según proceda”.
El acuerdo de Montreal también incluía la creación de un grupo ad hoc de expertos técnicos, compuesto por 45 miembros: 30 representantes de las partes y 15 observadores, entre ellos representantes de la Red Mundial de Jóvenes por la Biodiversidad y del Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad.

El grupo ad hoc se reunió seis veces a lo largo de los dos años que duró el periodo intersticial. Un foro en línea también permitió a otras personas y grupos comentar y debatir los indicadores propuestos. Los resultados de esas reuniones y debates se incorporaron a las discusiones de Cali.
Sin embargo, las recomendaciones del grupo ad hoc no fueron aceptadas uniformemente por las partes.
Kirsty Leong, especialista sénior en política global y defensa de WWF, contó a Carbon Brief:
“Desde el punto de vista del procedimiento, algunas partes dicen: ‘Dimos un mandato a este grupo de expertos. Así que ahora deberíamos adoptar ese marco’… Y otras partes dicen: ‘Bueno, en realidad, nunca negociamos, así que todo es aún discutible”.
Algunos indicadores resultaron especialmente polémicos durante las negociaciones, como los relativos al control del uso de pesticidas y los relacionados con la información sobre secuencias digitales y el reparto de beneficios de los recursos genéticos.
En cuanto al uso de plaguicidas, las partes se mostraron divididas sobre si los países debían informar de la “concentración ambiental de plaguicidas” o de la “toxicidad total aplicada agregada”.
El primer indicador es el que se acordó en la decisión de Montreal, pero el segundo es el que sugirió el grupo ad hoc de expertos técnicos, que afirmó que no existen datos fiables sobre la concentración ambiental de plaguicidas.
| Versión | Fecha | Texto de la nota |
|---|---|---|
| Non-paper v1 | 24 Octubre | n/a |
| Non-paper v2 | 27 Octubre | [El indicador sobre la concentración ambiental de plaguicidas se adoptó en COP-15 y el indicador toxicidad total aplicada agregada es una propuesta de un grupo de expertos que no obtuvo consenso en COP 16]. |
| Non-paper v4 | 30 Octubre | [[El indicador sobre la concentración ambiental de plaguicidas se adoptó en COP-15 y el indicador agregado toxicidad total aplicada es una propuesta de un grupo de expertos que no llegó a un consenso en la COP 16][Las dos alternativas se mantienen los indicadores principales para poder informar sobre cualquiera de los dos, así como para el trabajo metodológico posterior][Cuando sea posible, las Partes podrán de informar sobre uno u otro indicador en función de sus la capacidad técnica y la disponibilidad de datos proporcionan información valiosa para medir los avances hacia el objetivo]. |
| Draft decision | 31 Octubre | [[El indicador sobre la concentración ambiental de plaguicidas se adoptó en la decimoquinta reunión de la Conferencia de las Partes, y el indicador toxicidad total aplicada agregada es una propuesta de un grupo de expertos que no nd consenso en la decimosexta reunión] [Los dos titulares alternativos se mantienen indicadores que permiten informar sobre de uno de los dos, así como para la continuación del trabajo metodológico][Cuando posible, las Partes podrán optar por informar sobre cualquiera de los indicadores según su capacidad nacional y técnica y la disponibilidad de datos, y tanto proporcionar valiosos información para medir el progreso hacia el objetivo]. |
| Draft decision | 1 Noviembre | [Las Partes pueden optar por informar sobre el medio ambiente de los plaguicidas o indicadores de cabecera de toxicidad total aplicada agregados, en función de la disponibilidad de metodología y de acuerdo con su circunstancias y capacidades técnicas nacionales[, reconociendo que el apoyo se dará prioridad al desarrollo del indicador principal en el mayor nivel de desarrollo a nivel mundial]. |
Versiones de la nota a pie de página que explica el desacuerdo sobre los indicadores de plaguicidas en la COP16
Varios expertos en conservación de los océanos también expresaron su preocupación por el hecho de que los indicadores sobre la cobertura y la salud de los arrecifes de coral – acordados en el marco de seguimiento de la COP15 – hubieran desaparecido de los textos presentados en la COP16.
La Dra. Susan Lieberman, vicepresidenta de política internacional de la Wildlife Conservation Society, declaró a Carbon Brief que estaba “muy decepcionada” por la desaparición de los indicadores de los arrecifes de coral. Y añadió:
“Muchos gobiernos realizan enormes esfuerzos en la conservación y gestión de sus arrecifes de coral, y la inclusión de indicadores específicos de la integridad ecológica de sus arrecifes les habría ayudado a informar sobre los resultados.”
Los indicadores sobre arrecifes de coral no estuvieron presentes en el texto final.
Una de las claves para las ONG y las organizaciones de la sociedad civil que siguió las negociaciones del marco de seguimiento fue que, se decidiera lo que se decidiera, el texto final debía incluir un llamador para revisar el marco y seguir añadiendo indicadores a los ya disponibles. Lim dijo a Carbon Brief:
“Es importante que no cierren la puerta a seguir trabajando en el marco de seguimiento, porque está lejos de estar completo. Pero al mismo tiempo, necesitamos un marco de seguimiento, porque si no tenemos al menos lo que [ya] tenemos para indicadores, entonces no podemos medir el progreso”.
Como en tantos otros puntos de la agenda de la COP16, los debates sobre recursos y capacidad fueron fundamentales en las negociaciones sobre el marco de seguimiento. Los países se enfrentan a “limitaciones de capacidad muy reales en cuanto a lo que pueden aplicar”, Leong comentó a Carbon Brief.
Las comunicaciones de los países antes de la COP16 mostraron que algunos países del Sur, como Argentina y Brasil, estaban preocupados por la carga que supondría un marco de seguimiento demasiado prescriptivo, y preferían uno flexible a las circunstancias nacionales.
Durante la reunión del grupo de trabajo del último día de la cumbre, la República Democrática del Congo pidió que se pusiera entre corchetes todo el marco de seguimiento, afirmando que no podían aceptarlo sin un acuerdo sobre la movilización de recursos.
La acción resultó decisiva, ya que la incapacidad de los países para alcanzar un consenso sobre la movilización de recursos hizo que el marco de seguimiento no se debatiera en la sesión plenaria. Se retomará, junto con las decisiones financieras, en la continuación de la COP16, que probablemente se celebrará el año que viene, coincidiendo con las reuniones de los órganos subsidiarios del CDB.
Lim señaló a Carbon Brief que, mediante consultas informales, las partes “probablemente encontrarán una zona de aterrizaje” entre el final de la COP16 y las reuniones de los órganos subsidiarios. Y añadió:
“Necesitamos el marco de seguimiento para medir los avances. Su adopción tardía es desafortunada, pero sólo puede verse en el contexto de la intransigencia de los gobiernos del Norte en las negociaciones para ayudar a financiar a las naciones más pobres y frenar el robo por parte de sus empresas de los recursos genéticos del Sur.”
Artículo 8(j)
Los derechos de los indígenas fueron uno de los principales puntos de debate de la COP16, en la que la participación indígena alcanzó un máximo histórico.
Durante una rueda de prensa celebrada en la primera semana de negociaciones, Ramiro Batzin, copresidente del Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad (IIFB, por sus siglas en inglés), expuso las prioridades del grupo. (El IIFB es una organización internacional que representa las voces indígenas en las negociaciones del CDB).
Entre dichas prioridades figuraban un programa de trabajo sobre el artículo 8(j) de aquí a 2030 y la creación de un órgano subsidiario permanente de pueblos indígenas y comunidades locales (IPLC) en el marco del CDB.
El artículo 8(j) obliga a las partes del CDB a “respetar, preservar y mantener” los conocimientos de los pueblos indígenas y las comunidades locales relacionados con la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, y a “fomentar la participación equitativa en los beneficios” derivados de estos conocimientos.

En la COP16 se aprobó el programa de trabajo para implementar el artículo 8(j) y otras disposiciones relacionadas con los pueblos indígenas y las comunidades locales hasta 2030, “priorizando las tareas que contribuyen directamente a la aplicación oportuna, plena y eficaz” del GBF.
El programa consta de nueve principios generales y ocho elementos centrados en cuestiones como la conservación y restauración de la biodiversidad, el uso sostenible, la participación plena y efectiva y un enfoque basado en los derechos humanos.
El programa de trabajo también incluye elementos como el acceso directo de los pueblos indígenas y las comunidades locales al financiamiento para la conservación, restauración y uso sostenible de la biodiversidad.

Durante una rueda de prensa cerca de la clausura de la COP16, varios representantes del IIFB recibieron con satisfacción la adopción del programa de trabajo, calificándola de “victoria”.
Jennifer Tauli Corpuz, negociadora y experta del IIFB con sede en Filipinas, declaró:
“Esto nos pone en el camino de garantizar que el GBF se aplique en plena colaboración con los IPLC”. Batzin declaró a Carbon Brief que el programa de trabajo contribuirá a garantizar la plena aplicación del GBF:
“Este programa nos proporcionará acciones y directrices de evaluación, monitoreo y seguimiento”.

Durante la rueda de prensa, los representantes de los pueblos indígenas también pidieron a las partes que adoptaran el órgano subsidiario. Este grupo tendría un mandato permanente para seguir trabajando en el marco del CDB, y fue un tema polémico durante toda la cumbre. Al parecer, Indonesia, Jordania y Rusia se opusieron, argumentando que el grupo de trabajo ya ha sido eficaz y que un nuevo órgano subsidiario supondría más gastos.
Manuel Mavisoy, de la Mesa Permanente de Concertación del Movimiento Indígena de Colombia, afirmó en esa rueda de prensa que el órgano subsidiario “es el único mecanismo que garantiza la supervivencia de los sistemas tradicionales de los pueblos indígenas dentro del GBF”.
En una entrevista con Carbon Brief, Batzin declaró que el órgano subsidiario sería una institución permanente diseñada para aplicar y supervisar el programa de trabajo del artículo 8(j). Batzin subrayó que el órgano pretende funcionar de forma bilateral, con la participación tanto de los Estados como de los pueblos indígenas, de forma similar a como funciona actualmente el grupo de trabajo del artículo 8(j).
El grupo de trabajo sobre el artículo 8(j) existe desde hace más de 20 años, pero es sólo un órgano temporal, por lo que era propenso a ser disuelto, mencionó Corpuz en la rueda de prensa. Añadió que el nuevo órgano subsidiario propuesto estaría “mejor situado dentro del CDB”.
El pleno estalló en una gran ovación el viernes por la noche, cuando Muhamad bajó el martillo para señalar la adopción de la decisión de crear un nuevo órgano subsidiario.
Una portavoz del IIFB y de la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad declaró ante el pleno que “este es un momento sin precedentes en la historia de los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente”. Añadió:
“Este nuevo órgano subsidiario será un punto de referencia para el resto del mundo… Podemos sentirnos orgullosos de nuestro trabajo, que ha sido participativo, colaborativo y constante”.
Durante la cumbre, los pueblos indígenas y las comunidades locales también pidieron acceso directo a financiamiento para seguir conservando la biodiversidad.
El FMAM tiene el “objetivo aspiracional” de que los pueblos indígenas y las comunidades locales reciban el 20% de los recursos para biodiversidad, aunque todavía no se ha creado ningún mecanismo o medida para lograrlo, declaró Batzin a Carbon Brief. Añadió que el IIFB apoya que la financiación se asigne directamente a los pueblos indígenas y las comunidades locales y señaló que el órgano subsidiario sobre el artículo 8(j) tendría que discutir sobre cómo gestionar el flujo de financiación hacia los pueblos indígenas.
El texto final de la DSI que se adoptó decía que “al menos la mitad de la financiación del fondo mundial debe apoyar las necesidades autoidentificadas” de los pueblos indígenas y las comunidades locales, “cuando proceda y con sujeción a las circunstancias nacionales”. (Véase: Información sobre la secuencia digital).
Otro de los temas impulsados por los pueblos indígenas y las comunidades locales en la COP16 fue el de los derechos humanos.
Joji Carino, asesor principal de políticas del Forest Peoples Programme (FPP) de Filipinas, declaró en rueda de prensa que la aplicación del GBF exige respetar los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales, como los derechos sobre sus tierras y territorios, la participación equitativa en la toma de decisiones y el respeto de los conocimientos tradicionales.
Durante una conferencia sobre los derechos territoriales de los pueblos indígenas, Luz Enith Mosquera, del equipo técnico del Foro Interétnico de Solidaridad del Chocó en Colombia, subrayó la fuerte conexión que tienen los pueblos indígenas con sus territorios:
“Los bosques, ríos y selvas son entornos con los que coexistimos; no son meros objetos que dominar. Somos parte del bosque. Los territorios titulados se conservan porque las comunidades mantienen una relación equilibrada con la tierra.”
Mosquera dijo a Carbon Brief que en el departamento del Chocó los territorios colectivos están legalmente otorgados a las comunidades afrodescendientes. Sin embargo, aún hay zonas que carecen de títulos legales y no cuentan con consejos comunitarios ni salvaguardas colectivas. Dijo a Carbon Brief:
“La ausencia de titulación colectiva crea un vacío legal que podría permitir que gente externa explote estos territorios. Por lo tanto, urge la titulación, ampliación y regulación de las tierras y las comunidades”.
Otra decisión de la COP16 se referió al reconocimiento de los pueblos afrodescendientes.
La decisión pide a las partes que incorporen las “contribuciones de los pueblos afrodescendientes” y su conocimiento y conexión con sus tierras en la aplicación del CDB y el GBF. También “alienta” a las partes a “facilitar su participación plena y efectiva” en ambos acuerdos internacionales.
La decisión también “alienta” a las partes, otros países y organizaciones a proporcionar apoyo financiero y desarrollo de capacidades a los pueblos afrodescendientes de forma voluntaria. Además, anima a las partes a comunicar en sus NBSAPs las contribuciones de los pueblos afrodescendientes en la aplicación del CDB y del GBF.
El texto sobre los pueblos afrodescendientes fue impulsado con fuerza por Colombia y Brasil, pero contó con la oposición de la República Democrática del Congo, que argumentó que faltan pruebas que respalden la contribución de estos pueblos a la aplicación del GBF.

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Greenhouse Gases
Cropped 25 February 2026: Food inflation strikes | El Niño looms | Biodiversity talks stagnate
We handpick and explain the most important stories at the intersection of climate, land, food and nature over the past fortnight.
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Key developments
Food inflation on the rise
DELUGE STRIKES FOOD: Extreme rainfall and flooding across the Mediterranean and north Africa has “battered the winter growing regions that feed Europe…threatening food price rises”, reported the Financial Times. Western France has “endured more than 36 days of continuous rain”, while farmers’ associations in Spain’s Andalusia estimate that “20% of all production has been lost”, it added. Policy expert David Barmes told the paper that the “latest storms were part of a wider pattern of climate shocks feeding into food price inflation”.
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NO BEEF: The UK’s beef farmers, meanwhile, “face a double blow” from climate change as “relentless rain forces them to keep cows indoors”, while last summer’s drought hit hay supplies, said another Financial Times article. At the same time, indoor growers in south England described a 60% increase in electricity standing charges as a “ticking timebomb” that could “force them to raise their prices or stop production, which will further fuel food price inflation”, wrote the Guardian.
‘TINDERBOX’ AND TARIFFS: A study, covered by the Guardian, warned that major extreme weather and other “shocks” could “spark social unrest and even food riots in the UK”. Experts cited “chronic” vulnerabilities, including climate change, low incomes, poor farming policy and “fragile” supply chains that have made the UK’s food system a “tinderbox”. A New York Times explainer noted that while trade could once guard against food supply shocks, barriers such as tariffs and export controls – which are being “increasingly” used by politicians – “can shut off that safety valve”.
El Niño looms
NEW ENSO INDEX: Researchers have developed a new index for calculating El Niño, the large-scale climate pattern that influences global weather and causes “billions in damages by bringing floods to some regions and drought to others”, reported CNN. It added that climate change is making it more difficult for scientists to observe El Niño patterns by warming up the entire ocean. The outlet said that with the new metric, “scientists can now see it earlier and our long-range weather forecasts will be improved for it.”
WARMING WARNING: Meanwhile, the US Climate Prediction Center announced that there is a 60% chance of the current La Niña conditions shifting towards a neutral state over the next few months, with an El Niño likely to follow in late spring, according to Reuters. The Vibes, a Malaysian news outlet, quoted a climate scientist saying: “If the El Niño does materialise, it could possibly push 2026 or 2027 as the warmest year on record, replacing 2024.”
CROP IMPACTS: Reuters noted that neutral conditions lead to “more stable weather and potentially better crop yields”. However, the newswire added, an El Niño state would mean “worsening drought conditions and issues for the next growing season” to Australia. El Niño also “typically brings a poor south-west monsoon to India, including droughts”, reported the Hindu’s Business Line. A 2024 guest post for Carbon Brief explained that El Niño is linked to crop failure in south-eastern Africa and south-east Asia.
News and views
- DAM-AG-ES: Several South Korean farmers filed a lawsuit against the country’s state-owned utility company, “seek[ing] financial compensation for climate-related agricultural damages”, reported United Press International. Meanwhile, a national climate change assessment for the Philippines found that the country “lost up to $219bn in agricultural damages from typhoons, floods and droughts” over 2000-10, according to Eco-Business.
- SCORCHED GRASS: South Africa’s Western Cape province is experiencing “one of the worst droughts in living memory”, which is “scorching grass and killing livestock”, said Reuters. The newswire wrote: “In 2015, a drought almost dried up the taps in the city; farmers say this one has been even more brutal than a decade ago.”
- NOUVELLE VEG: New guidelines published under France’s national food, nutrition and climate strategy “urged” citizens to “limit” their meat consumption, reported Euronews. The delayed strategy comes a month after the US government “upended decades of recommendations by touting consumption of red meat and full-fat dairy”, it noted.
- COURTING DISASTER: India’s top green court accepted the findings of a committee that “found no flaws” in greenlighting the Great Nicobar project that “will lead to the felling of a million trees” and translocating corals, reported Mongabay. The court found “no good ground to interfere”, despite “threats to a globally unique biodiversity hotspot” and Indigenous tribes at risk of displacement by the project, wrote Frontline.
- FISH FALLING: A new study found that fish biomass is “falling by 7.2% from as little as 0.1C of warming per decade”, noted the Guardian. While experts also pointed to the role of overfishing in marine life loss, marine ecologist and study lead author Dr Shahar Chaikin told the outlet: “Our research proves exactly what that biological cost [of warming] looks like underwater.”
- TOO HOT FOR COFFEE: According to new analysis by Climate Central, countries where coffee beans are grown “are becoming too hot to cultivate them”, reported the Guardian. The world’s top five coffee-growing countries faced “57 additional days of coffee-harming heat” annually because of climate change, it added.
Spotlight
Nature talks inch forward
This week, Carbon Brief covers the latest round of negotiations under the UN Convention on Biological Diversity (CBD), which occurred in Rome over 16-19 February.
The penultimate set of biodiversity negotiations before October’s Conference of the Parties ended in Rome last week, leaving plenty of unfinished business.
The CBD’s subsidiary body on implementation (SBI) met in the Italian capital for four days to discuss a range of issues, including biodiversity finance and reviewing progress towards the nature targets agreed under the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF).
However, many of the major sticking points – particularly around finance – will have to wait until later this summer, leaving some observers worried about the capacity for delegates to get through a packed agenda at COP17.
The SBI, along with the subsidiary body on scientific, technical and technological advice (SBSTTA) will both meet in Nairobi, Kenya, later this summer for a final round of talks before COP17 kicks off in Yerevan, Armenia, on 19 October.
Money talks
Finance for nature has long been a sticking point at negotiations under the CBD.
Discussions on a new fund for biodiversity derailed biodiversity talks in Cali, Colombia, in autumn 2024, requiring resumed talks a few months later.
Despite this, finance was barely on the agenda at the SBI meetings in Rome. Delegates discussed three studies on the relationship between debt sustainability and implementation of nature plans, but the more substantive talks are set to take place at the next SBI meeting in Nairobi.
Several parties “highlighted concerns with the imbalance of work” on finance between these SBI talks and the next ones, reported Earth Negotiations Bulletin (ENB).
Lim Li Ching, senior researcher at Third World Network, noted that tensions around finance permeated every aspect of the talks. She told Carbon Brief:
“If you’re talking about the gender plan of action – if there’s little or no financial resources provided to actually put it into practice and implement it, then it’s [just] paper, right? Same with the reporting requirements and obligations.”
Monitoring and reporting
Closely linked to the issue of finance is the obligations of parties to report on their progress towards the goals and targets of the GBF.
Parties do so through the submission of national reports.
Several parties at the talks pointed to a lack of timely funding for driving delays in their reporting, according to ENB.
A note released by the CBD Secretariat in December said that no parties had submitted their national reports yet; by the time of the SBI meetings, only the EU had. It further noted that just 58 parties had submitted their national biodiversity plans, which were initially meant to be published by COP16, in October 2024.
Linda Krueger, director of biodiversity and infrastructure policy at the environmental not-for-profit Nature Conservancy, told Carbon Brief that despite the sparse submissions, parties are “very focused on the national report preparation”. She added:
“Everybody wants to be able to show that we’re on the path and that there still is a pathway to getting to 2030 that’s positive and largely in the right direction.”
Watch, read, listen
NET LOSS: Nigeria’s marine life is being “threatened” by “ghost gear” – nets and other fishing equipment discarded in the ocean – said Dialogue Earth.
COMEBACK CAUSALITY: A Vox long-read looked at whether Costa Rica’s “payments for ecosystem services” programme helped the country turn a corner on deforestation.
HOMEGROWN GOALS: A Straits Times podcast discussed whether import-dependent Singapore can afford to shelve its goal to produce 30% of its food locally by 2030.
‘RUSTING’ RIVERS: The Financial Times took a closer look at a “strange new force blighting the [Arctic] landscape”: rivers turning rust-orange due to global warming.
New science
- Lakes in the Congo Basin’s peatlands are releasing carbon that is thousands of years old | Nature Geoscience
- Natural non-forest ecosystems – such as grasslands and marshlands – were converted for agriculture at four times the rate of land with tree cover between 2005 and 2020 | Proceedings of the National Academy of Sciences
- Around one-quarter of global tree-cover loss over 2001-22 was driven by cropland expansion, pastures and forest plantations for commodity production | Nature Food
In the diary
- 2-6 March: UN Food and Agriculture Organization regional conference for Latin America and Caribbean | Brasília
- 5 March: Nepal general elections
- 9-20 March: First part of the thirty-first session of the International Seabed Authority (ISA) | Kingston, Jamaica
Cropped is researched and written by Dr Giuliana Viglione, Aruna Chandrasekhar, Daisy Dunne, Orla Dwyer and Yanine Quiroz.
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Cropped 25 February 2026: Food inflation strikes | El Niño looms | Biodiversity talks stagnate
Greenhouse Gases
Dangerous heat for Tour de France riders only a ‘question of time’
Rising temperatures across France since the mid-1970s is putting Tour de France competitors at “high risk”, according to new research.
The study, published in Scientific Reports, uses 50 years of climate data to calculate the potential heat stress that athletes have been exposed to across a dozen different locations during the world-famous cycling race.
The researchers find that both the severity and frequency of high-heat-stress events have increased across France over recent decades.
But, despite record-setting heatwaves in France, the heat-stress threshold for safe competition has rarely been breached in any particular city on the day the Tour passed through.
(This threshold was set out by cycling’s international governing body in 2024.)
However, the researchers add it is “only a question of time” until this occurs as average temperatures in France continue to rise.
The lead author of the study tells Carbon Brief that, while the race organisers have been fortunate to avoid major heat stress on race days so far, it will be “harder and harder to be lucky” as extreme heat becomes more common.
‘Iconic’
The Tour de France is one of the world’s most storied cycling races and the oldest of Europe’s three major multi-week cycling competitions, or Grand Tours.
Riders cover around 3,500 kilometres (km) of distance and gain up to nearly 55km of altitude over 21 stages, with only two or three rest days throughout the gruelling race.
The researchers selected the Tour de France because it is the “iconic bike race. It is the bike race of bike races,” says Dr Ivana Cvijanovic, a climate scientist at the French National Research Institute for Sustainable Development, who led the new work.
Heat has become a growing problem for the competition in recent years.
In 2022, Alexis Vuillermoz, a French competitor, collapsed at the finish line of the Tour’s ninth stage, leaving in an ambulance and subsequently pulling out of the race entirely.
Two years later, British cyclist Sir Mark Cavendish vomited on his bike during the first stage of the race after struggling with the 36C heat.
The Tour also makes a good case study because it is almost entirely held during the month of July and, while the route itself changes, there are many cities and stages that are repeated from year to year, Cvijanovic adds.
‘Have to be lucky’
The study focuses on the 50-year span between 1974 and 2023.
The researchers select six locations across the country that have commonly hosted the Tour, from the mountain pass of Col du Tourmalet, in the French Pyrenees, to the city of Paris – where the race finishes, along the Champs-Élysées.
These sites represent a broad range of climatic zones: Alpe d’ Huez, Bourdeaux, Col du Tourmalet, Nîmes, Paris and Toulouse.
For each location, they use meteorological reanalysis data from ERA5 and radiant temperature data from ERA5-HEAT to calculate the “wet-bulb globe temperature” (WBGT) for multiple times of day across the month of July each year.
WBGT is a heat-stress index that takes into account temperature, humidity, wind speed and direct sunlight.
Although there is “no exact scientific consensus” on the best heat-stress index to use, WBGT is “one of the rare indicators that has been originally developed based on the actual human response to heat”, Cvijanovic explains.
It is also the one that the International Cycling Union (UCI) – the world governing body for sport cycling – uses to assess risk. A WBGT of 28C or higher is classified as “high risk” by the group.
WBGT is the “gold standard” for assessing heat stress, says Dr Jessica Murfree, director of the ACCESS Research Laboratory and assistant professor at the University of North Carolina at Chapel Hill.
Murfree, who was not involved in the new study, adds that the researchers are “doing the right things by conducting their science in alignment with the business practices that are already happening”.
The researchers find that across the 50-year time period, WBGT has been increasing across the entire country – albeit, at different rates. In the north-west of the country, WBGT has increased at an average rate of 0.1C per decade, while in the southern and eastern parts of the country, it has increased by more than 0.5C per decade.
The maps below show the maximum July WBGT for each decade of the analysis (rows) and for hourly increments of the late afternoon (columns). Lower temperatures are shown in lighter greens and yellows, while higher temperatures are shown in darker reds and purples.
Six Tour de France locations analysed in the study are shown as triangles on the maps (clockwise from top): Paris, Alpe d’ Huez, Nîmes, Toulouse, Col du Tourmalet and Bordeaux.
The maps show that the maximum WBGT temperature in the afternoon has surpassed 28C over almost the entire country in the last decade. The notable exceptions to this are the mountainous regions of the Alps and the Pyrenees.
The researchers also find that most of the country has crossed the 28C WBGT threshold – which they describe as “dangerous heat levels” – on at least one July day over the past decade. However, by looking at the WBGT on the day the Tour passed through any of these six locations, they find that the threshold has rarely been breached during the race itself.
For example, the research notes that, since 1974, Paris has seen a WBGT of 28C five times at 3pm in July – but that these events have “so far” not coincided with the cycling race.
The study states that it is “fortunate” that the Tour has so far avoided the worst of the heat-stress.
Cvijanovic says the organisers and competitors have been “lucky” to date. She adds:
“It has worked really well for them so far. But as the frequency of these [extreme heat] events is increasing, it will be harder and harder to be lucky.”
Dr Madeleine Orr, an assistant professor of sport ecology at the University of Toronto who was not involved in the study, tells Carbon Brief that the paper was “really well done”, noting that its “methods are good [and its] approach was sound”. She adds:
“[The Tour has] had athletes complain about [the heat]. They’ve had athletes collapse – and still those aren’t the worst conditions. I think that that says a lot about what we consider safe. They’ve still been lucky to not see what unsafe looks like, despite [the heat] having already had impacts.”
Heat safety protocols
In 2024, the UCI set out its first-ever high temperature protocol – a set of guidelines for race organisers to assess athletes’ risk of heat stress.
The assessment places the potential risk into one of five categories based on the WBGT, ranging from very low to high risk.
The protocol then sets out suggested actions to take in the event of extreme heat, ranging from having athletes complete their warm-ups using ice vests and cold towels to increasing the number of support vehicles providing water and ice.
If the WBGT climbs above the 28C mark, the protocol suggests that organisers modify the start time of the stage, adapt the course to remove particularly hazardous sections – or even cancel the race entirely.
However, Orr notes that many other parts of the race, such as spectator comfort and equipment functioning, may have lower temperatures thresholds that are not accounted for in the protocol, but should also be considered.
Murfree points out that the study’s findings – and the heat protocol itself – are “really focused on adaptation, rather than mitigation”. While this is “to be expected”, she tells Carbon Brief:
“Moving to earlier start times or adjusting the route specifically to avoid these locations that score higher in heat stress doesn’t stop the heat stress. These aren’t climate preventative measures. That, I think, would be a much more difficult conversation to have in the research because of the Tour de France’s intimate relationship with fossil-fuel companies.”
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Dangerous heat for Tour de France riders only a ‘question of time’
Greenhouse Gases
DeBriefed 20 February 2026: EU’s ‘3C’ warning | Endangerment repeal’s impact on US emissions | ‘Tree invasion’ fuelled South America’s fires
Welcome to Carbon Brief’s DeBriefed.
An essential guide to the week’s key developments relating to climate change.
This week
Preparing for 3C
NEW ALERT: The EU’s climate advisory board urged countries to prepare for 3C of global warming, reported the Guardian. The outlet quoted Maarten van Aalst, a member of the advisory board, saying that adapting to this future is a “daunting task, but, at the same time, quite a doable task”. The board recommended the creation of “climate risk assessments and investments in protective measures”.
‘INSUFFICIENT’ ACTION: EFE Verde added that the advisory board said that the EU’s adaptation efforts were so far “insufficient, fragmented and reactive” and “belated”. Climate impacts are expected to weaken the bloc’s productivity, put pressure on public budgets and increase security risks, it added.
UNDERWATER: Meanwhile, France faced “unprecedented” flooding this week, reported Le Monde. The flooding has inundated houses, streets and fields and forced the evacuation of around 2,000 people, according to the outlet. The Guardian quoted Monique Barbut, minister for the ecological transition, saying: “People who follow climate issues have been warning us for a long time that events like this will happen more often…In fact, tomorrow has arrived.”
IEA ‘erases’ climate
MISSING PRIORITY: The US has “succeeded” in removing climate change from the main priorities of the International Energy Agency (IEA) during a “tense ministerial meeting” in Paris, reported Politico. It noted that climate change is not listed among the agency’s priorities in the “chair’s summary” released at the end of the two-day summit.
US INTERVENTION: Bloomberg said the meeting marked the first time in nine years the IEA failed to release a communique setting out a unified position on issues – opting instead for the chair’s summary. This came after US energy secretary Chris Wright gave the organisation a one-year deadline to “scrap its support of goals to reduce energy emissions to net-zero” – or risk losing the US as a member, according to Reuters.
Around the world
- ISLAND OBJECTION: The US is pressuring Vanuatu to withdraw a draft resolution supporting an International Court of Justice ruling on climate change, according to Al Jazeera.
- GREENLAND HEAT: The Associated Press reported that Greenland’s capital Nuuk had its hottest January since records began 109 years ago.
- CHINA PRIORITIES: China’s Energy Administration set out its five energy priorities for 2026-2030, including developing a renewable energy plan, said International Energy Net.
- AMAZON REPRIEVE: Deforestation in the Brazilian Amazon has continued to fall into early 2026, extending a downward trend, according to the latest satellite data covered by Mongabay.
- GEZANI DESTRUCTION: Reuters reported the aftermath of the Gezani cyclone, which ripped through Madagascar last week, leaving 59 dead and more than 16,000 displaced people.
20cm
The average rise in global sea levels since 1901, according to a Carbon Brief guest post on the challenges in projecting future rises.
Latest climate research
- Wildfire smoke poses negative impacts on organisms and ecosystems, such as health impacts on air-breathing animals, changes in forests’ carbon storage and coral mortality | Global Ecology and Conservation
- As climate change warms Antarctica throughout the century, the Weddell Sea could see the growth of species such as krill and fish and remain habitable for Emperor penguins | Nature Climate Change
- About 97% of South American lakes have recorded “significant warming” over the past four decades and are expected to experience rising temperatures and more frequent heatwaves | Climatic Change
(For more, see Carbon Brief’s in-depth daily summaries of the top climate news stories on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday.)
Captured

Repealing the US’s landmark “endangerment finding”, along with actions that rely on that finding, will slow the pace of US emissions cuts, according to Rhodium Group visualised by Carbon Brief. US president Donald Trump last week formally repealed the scientific finding that underpins federal regulations on greenhouse gas emissions, although the move is likely to face legal challenges. Data from the Rhodium Group, an independent research firm, shows that US emissions will drop more slowly without climate regulations. However, even with climate regulations, emissions are expected to drop much slower under Trump than under the previous Joe Biden administration, according to the analysis.
Spotlight
How a ‘tree invasion’ helped to fuel South America’s fires
This week, Carbon Brief explores how the “invasion” of non-native tree species helped to fan the flames of forest fires in Argentina and Chile earlier this year.
Since early January, Chile and Argentina have faced large-scale and deadly wildfires, including in Patagonia, which spans both countries.
These fires have been described as “some of the most significant and damaging in the region”, according to a World Weather Attribution (WWA) analysis covered by Carbon Brief.
In both countries, the fires destroyed vast areas of native forests and grasslands, displacing thousands of people. In Chile, the fires resulted in 23 deaths.

Multiple drivers contributed to the spread of the fires, including extended periods of high temperatures, low rainfall and abundant dry vegetation.
The WWA analysis concluded that human-caused climate change made these weather conditions at least three times more likely.
According to the researchers, another contributing factor was the invasion of non-native trees in the regions where the fires occurred.
The risk of non-native forests
In Argentina, the wildfires began on 6 January and persisted until the first week of February. They hit the city of Puerto Patriada and the Los Alerces and Lago Puelo national parks, in the Chubut province, as well as nearby regions.
In these areas, more than 45,000 hectares of native forests – such as Patagonian alerce tree, myrtle, coigüe and ñire – along with scrubland and grasslands, were consumed by the flames, according to the WWA study.
In Chile, forest fires occurred from 17 to 19 January in the Biobío, Ñuble and Araucanía regions.
The fires destroyed more than 40,000 hectares of forest and more than 20,000 hectares of non-native forest plantations, including eucalyptus and Monterey pine.
Dr Javier Grosfeld, a researcher at Argentina’s National Scientific and Technical Research Council (CONICET) in northern Patagonia, told Carbon Brief that these species, introduced to Patagonia for production purposes in the late 20th century, grow quickly and are highly flammable.
Because of this, their presence played a role in helping the fires to spread more quickly and grow larger.
However, that is no reason to “demonise” them, he stressed.
Forest management
For Grosfeld, the problem in northern Patagonia, Argentina, is a significant deficit in the management of forests and forest plantations.
This management should include pruning branches from their base and controlling the spread of non-native species, he added.
A similar situation is happening in Chile, where management of pine and eucalyptus plantations is not regulated. This means there are no “firebreaks” – gaps in vegetation – in place to prevent fire spread, Dr Gabriela Azócar, a researcher at the University of Chile’s Centre for Climate and Resilience Research (CR2), told Carbon Brief.
She noted that, although Mapuche Indigenous communities in central-south Chile are knowledgeable about native species and manage their forests, their insight and participation are not recognised in the country’s fire management and prevention policies.
Grosfeld stated:
“We are seeing the transformation of the Patagonian landscape from forest to scrubland in recent years. There is a lack of preventive forestry measures, as well as prevention and evacuation plans.”
Watch, read, listen
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